El Gobierno catalán anuncia una denuncia contra Lesmes para hurgar en la herida


Barcelona / Colpisa

Dos días después de pedir su dimisión, Quim Torra anunció ayer que el martes que viene aprobará presentar una denuncia contra el presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El Gobierno catalán quiere que la Fiscalía investigue si Lesmes, y también el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis Díez-Picazo, cometieron delito en su actuación en el caso del impuesto de las hipotecas. La Generalitat justificó la presentación de la denuncia en el cambio de criterio del Supremo y la «inusual» convocatoria del pleno de la sala del tribunal. La Fiscalía está «obligada a investigar» si ha habido delito en el «cambio de una sentencia firme», afirmó la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi. A su juicio, el Supremo podría haber «violado» las leyes de funcionamiento del propio tribunal y podría haber «vulnerado» los «derechos de toda la ciudadanía», con unos «procedimientos» judiciales que la Generalitat calificó de dudosos e influidos por unos «posibles intereses particulares».

Con este anuncio, Quim Torra trató ayer de recobrar la iniciativa. Presiona al Supremo, que en breve juzgará a los líderes del desafío secesionista, y hace lo propio además con la Fiscalía, a la que obliga a tomar partido en un asunto polémico, pues debe decidir si ve indicios de delito para abrir una investigación. El recurso a la Fiscalía se anunció una semana después del escrito de acusación contra los líderes del desafío secesionista. La querella se enmarca en la estrategia de la Generalitat de intentar desprestigiar los tribunales españoles. «La injusticia española» es una «amenaza» para la democracia y el estado de derecho, apuntó Artadi.

Tranquilidad en Bruselas

Pero las denuncias de los independentistas no calan fuera de las fronteras, como es su intención. Según informa Efe, la Comisión Europea declaró ayer que el sistema judicial español «funciona» y que no existe «preocupación» al respecto para el Ejecutivo comunitario, que tiene «competencias limitadas» en materia de Justicia. «No tenemos ninguna preocupación fundamentada por ninguno de los asuntos mencionados», dijo ayer la portavoz comunitaria Mina Andreeva, a la pregunta de si a Bruselas le inquieta el sistema judicial español, tras las decisión del Supremo sobre las hipotecas y la sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre Otegi.

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