Los independentistas abren una web para registrar a las empresas afines

La ANC culmina su campaña de boicot a las sociedades de «la oligarquía española»


Barcelona / ColpisaRedacción / La Voz

Transcurrido ya más de un año del momento álgido del desafío secesionista, la situación social, política y económica en Cataluña no ha mejorado. La fractura ciudadana es incuestionable, el Gobierno catalán se encuentra paralizado y en minoría parlamentaria, y prácticamente todos los indicadores económicos son negativos. Pese a ello, la organización que impulsa el proceso independentista, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), insiste en el desafío. Ayer mismo puso en marcha una web con la que pretende crear un directorio de empresas afines al proceso independentista e, indirectamente, una lista negra de las sociedades que, en su terminología, «han participado en la campaña del miedo». Esto es, las más de 5.300 empresas que en el último año han trasladado su domicilio social fuera de la comunidad a la búsqueda de una seguridad jurídica que la Generalitat es incapaz de proporcionar.

En pleno fragor del desafío secesionista, hace un año, la ANC promovió una campaña de boicot al consumo de productos y servicios de las empresas que buscaban seguridad fuera de Cataluña, empezando por las entidades financieras tras la marcha de La Caixa y del Banco Sabadell. El llamamiento fue un fracaso, pero no por eso la asociación que entonces presidía el hoy preso Jordi Sànchez cejó en su empeño. Lo convirtió en un proyecto que, bajo la denominación Fem República, ha ido convocando en los últimos meses asambleas y reuniones para promover, planificar y organizar lo que ayer empezó a andar ya de forma pública. Se trata de una web en la que, según sus promotores, las empresas que lo deseen podrán inscribirse rellenando un formulario. En principio, el objetivo es elaborar un directorio de empresas «con conciencia social y nacional» que formen parte de sectores estratégicos como los energéticos (electricidad y gas), de telefonía y telecomunicaciones, bancario, de seguros y grandes superficies comerciales.

Abierta a empresas «españolas»

La iniciativa fue presentada ayer en Barcelona por la actual presidenta de ANC, Elisenda Paluzie. Aunque dijo que no harán una «lista de buenos y malos» y que «no se trata de hacer nacionalismo económico, porque si hay alguna empresa española que quiera que se dé información será bienvenida», sus palabras contrastan con el texto que se puede leer en la web para justificar su puesta en marcha. La razón es que «la oligarquía española, representada por algunas empresas del Ibex-35, las del BOE y las del palco del Bernabéu, entre otras, han apoyado la estrategia represiva del Estado español contra el pueblo catalán y sus anhelos de libertad».

Además de la puesta en marcha de esta campaña de segregación de empresas entre afines y no afines al proceso secesionista, ANC reivindicó su liderazgo en este ámbito presionando al presidente catalán, Quim Torra, para que apueste decididamente por la unilateralidad, porque considera inviable la posibilidad de que haya un acuerdo con el Gobierno para celebrar un referendo pactado. En opinión de Paluzie, solo hay tres escenarios posibles: un referendo pactado, una opción que calificó de ingenua, o un referendo forzado por la comunidad internacional, que a la vista de lo sucedido hace un año no ve factible salvo que se apueste por la vía unilateral. En este contexto, afirmó que con la campaña iniciada ayer no solo se preparan para la independencia, sino que además ayudan a la economía catalana.

La reacción más contundente contra esta iniciativa provino del PP, cuya vicesecretaria de estudios y parlamentaria catalana, Andrea Levy, calificó de «apartheid comercial». En un comunicado, Levy señaló que la campaña de ANC «tiene una voluntad clara de señalar y hostigar a los contrarios a la independencia, lo cual es un claro tic totalitario del nacionalismo en Cataluña». Y añadió que «hacer listas de buenos y malos catalanes recuerda a movimientos muy tristes y muy peligrosos de nuestra historia».

Un juzgado ve excesivas las cargas policiales del 1-O y dice que deberían haber dejado votar

La sección quinta de la Audiencia de Barcelona emitió ayer un auto en el que critica la actuación policial el 1-O. Es la primera decisión judicial que pone en cuestión de forma tan explícita a la policía y la Guardia Civil por las cargas contra los votantes que custodiaban las urnas y protegían los colegios electorales.

El tribunal habla de actuación excesiva y no proporcionada. «Consideramos que hubo excesos policiales en algunos casos concretos, [...] como el uso de porras o defensas golpeando a ciudadanos también sin mediar agresión física previa y sin finalidad aparente», dice el auto. El pronunciamiento del tribunal, que es provisional y contó con un voto particular en contra, es consecuencia del recurso presentado por un grupo de víctimas de las cargas contra el archivo de la causa por parte de un juzgado de Manresa. La Audiencia, por tanto, ha decidido reabrir el procedimiento por la actuación de la Guardia Civil frente a un colegio de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Debían haber permitido votar

El ponente del auto ha sido el juez José María Assalit Vives, uno de los que firmaron en el 2013 un manifiesto a favor de una consulta legal de independencia. Los dos jueces que respaldan el auto insinúan que los agentes debían haber permitido a los ciudadanos seguir con la votación, ya que hacerlo no tenía las «consecuencias jurídicas» de un referendo al uso. De haber permitido la votación, añade, «el resultado no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores, por ser antijurídica de acuerdo con el ordenamiento constitucional español».

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