Torra advierte a Sánchez que le retiran su apoyo y que no votarán los Presupuestos

La amenaza de los independentistas pone en cuestión la continuidad de la legislatura


Barcelona / colpisa

Aunque ya se lo esperaban, los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado cayeron como una bomba entre los secesionistas, que insistieron en su retórica habitual contra el sistema democrático español, el régimen del 78 y la causa general contra el independentismo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reaccionó con la máxima contundencia y cargó con especial virulencia contra el presidente del Gobierno. Por la mañana, en una declaración institucional junto al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y por la noche, en una concentración ante la cárcel de Lledoners, Torra anunció la ruptura de relaciones con el Gobierno. «Hace un mes pedí al presidente Sánchez que en el plazo de 30 días planteara una oferta al pueblo catalán, un referéndum acordado y vinculante», recordó antes de concluir: «Hoy tenemos la respuesta del Estado: más de 200 años de cárcel; pues, presidente Sánchez, nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y no votaremos los Presupuestos».

En política casi nada es definitivo y lo que hoy es blanco mañana o pasado puede dejar de serlo. Cosas más raras se han visto, pero a día de hoy la legislatura parece tener los días contados porque el Gobierno se va a quedar en minoría en el Congreso y sin posibilidades de sacar adelante las cuentas del próximo año. Ambas circunstancias eran las líneas rojas fijadas por Pedro Sánchez para no convocar elecciones generales anticipadas.

El soberanismo trató de lanzar un mensaje de unidad ante lo que interpretaron como un nuevo ataque del Estado contra Cataluña, como un intento de reprimir la independencia. «Desde el rey hasta la Fiscalía, el Estado ejerce la venganza», dijo el presidente catalán en la declaración institucional de la mañana.

«El presidente Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión», afirmó Torra. «Que la Abogacía del Estado acuse de sedición en vez de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto a los demócratas encarcelados», aseguró. No solo fue Torra. Junts per Catalunya y ERC dejaron bien claro que en absoluto se dan las condiciones para que puedan apoyar los Presupuestos.

Torra apeló al «espíritu del 3-O», el día de la huelga general de hace un año, y reiteró que el secesionismo no se detendrá hasta que los presos estén libres. «Nos necesitamos todos», afirmó llamando a la unidad. La referencia al 3-O puede entenderse como una llamada a la huelga, como la de hace un año, que tuvo lugar el mismo día del discurso del rey. Quien así lo interpretó fue Endavant, una corriente de la CUP que pidió que se responda al juicio con «la convocatoria de una huelga general y una jornada de lucha».

Cuatro concentraciones

Por la noche, el independentismo salió a la calle. La protesta tuvo lugar en cuatro emplazamientos casi de forma simultánea: frente a la prisión de Lledoners, como el jueves, donde se celebró el acto central; en Sant Vicenç del Horts, con una marcha de antorchas con la que Esquerra tributó un homenaje a Oriol Junqueras; frente a la prisión de Mas d’Enric, donde está encarcelada Carme Forcadell; y ante la de Puig de les Basses, donde está Dolors Bassa.

La más multitudinaria fue la del penal de Lledoners, donde están Junqueras, Forn, Romeva, Cuixart, Sànchez, Rull y Turull. Organizada por las entidades de la sociedad civil y las formaciones secesionistas, reunió a miles de personas que clamaron por la unidad en el independentismo y por la celebración de una huelga general que paralice la economía catalana y la AP-7, en conexión con Francia. «Ante la emergencia nacional, os exigimos unidad», exclamó el exdiputado de Junts pel Sí Lluís Llach.

El Gobierno niega que haga guiños al independentismo

Para rechazar que haya cambiado de opinión, dice que cuando Sánchez sí veía rebelión aún no era presidente

P. H.

El Gobierno se afanó en negar que la decisión de la Abogacía del Estado de acusar únicamente de sedición y malversación a los encausados sea un gesto hacia el independentismo de cara a la negociación de los Presupuestos. En una rueda de prensa conjunta tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta, Carmen Calvo, como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, alegaron que el escrito presentado por los servicios jurídicos del Estado ante el Tribunal Supremo está sustentado en criterios «técnicos» y que no implican rectificación o suavización alguna.

Calvo argumentó que en ningún caso se podría hablar de cambio de criterio, porque la Abogacía nunca había acusado de nada. En agosto, no obstante, sí mostró su conformidad con el auto de conclusión del sumario del juez instructor «e interesó apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de rebelión de los artículos 472 y concordantes del Código Penal, delitos de desobediencia del artículo 410 y delitos de malversación de caudales públicos». Aquel escrito estaba firmado por la abogada del Estado Lucía Pedreño. El actual lleva la firma de la directora del departamento, Consuelo Castro, y no del responsable penal, que es el representante en la causa. La ministra de Justicia negó que ese hecho se deba a discrepancias o imposiciones y aseguró que está relacionado con lo «extremadamente relevante» de la causa.

Calvo llegó a sostener que tampoco ha habido un cambio de posición del propio jefe del Ejecutivo, porque este nunca dijo que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los consejeros imputados hubieran incurrido en un delito de rebelión, pese a que en una entrevista en Antena 3, el pasado mayo, Sánchez aseguraba que «clarísimamente» sí había habido rebelión. La vicepresidenta reescribió todo lo anterior. «El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña porque no compete al Gobierno pronunciarse sobre, nada más y nada menos, que la calificación de delitos en un proceso que ya está en marcha», dijo primero. Después, cuando se le recordaron las palabras de Sánchez, adujo que en mayo el líder socialista no era aún presidente.

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