Ministros y altos cargos toleraron los tejemanejes del excomisario desde 1993
02 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.¿Cómo un personaje tan turbio como José Manuel Villarejo podía codearse hasta hace tres años con las más altas instancias políticas y judiciales del país? La respuesta es que «la imagen de aquel Villarejo no era ni mucho menos la del Villarejo que se conoce hoy». El Villarejo presunto delincuente de hoy, especialista en grabar a todos sus interlocutores por si, llegado el momento, podía sacar algún partido de esos audios, comenzó a salir a la luz al mismo tiempo que el gran público comenzó a saber de su existencia entre el 2014 y el 2015 a raíz de una triple coincidencia: su implicación en los casos Gao Ping, Pequeño Nicolás y ático de González. Hasta entonces, Pepe Villarejo era, probablemente, el mando policial más valorado por sus superiores uniformados y políticos, que le compraban sin filtros sus historias dignas de agente 007 y miraban hacia otro lado cuando llegaban los rumores de que andaba por el filo de la legalidad.
Sus jefes le toleraban todos su deslices porque lo consideraban una pieza clave en la seguridad del Estado desde que en 1993, entonces como inspector jefe, se reintegrara en la policía, cuerpo que había abandonado diez años antes tras enfrentarse, entonces como líder sindical, con el mismísimo Felipe González. Volvió, según decía él mismo, a petición del socialista José Luis Corcuera, convertido ya en un empresario y en espía. Villarejo se vanagloriaba de que sus contactos eran demasiado preciados para dejarlos sin aprovechar. Consiguió cobrar de la policía sin tener nunca un puesto de trabajo asignado en ninguna dependencia policial. Llegó a ser comisario de «servicios especiales» cuando esa unidad no existía y logró la protección directa de Interior sin interrupción, desde 1993 hasta el 2014. Los ministerios que dirigieron José Luis Corcuera, Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho le facilitaron fondos reservados e identidades falsas.
«Todos los secretarios de Estado, todos los directores de la policía, todos los subdirectores del cuerpo y buena parte de los ministros conocían de la existencia de Villarejo y sabían que compaginaba sus negocios (desde clínicas contra la impotencia masculina a empresas para la contratación de artistas) con sus actividades policiales. Sabían a lo que se dedicaba y se lo toleraban», afirma uno de los comisarios que compartió aquellos años. «Villarejo se había convertido en Dios y tenía acceso a todos. Todos le cortejaban», resume el mismo comisario.
Villarejo se jactaba de haber puesto su trama empresarial (de la que entonces no se conocía que había sido construida de forma turbia a través del blanqueo) al servicio de las operaciones más delicadas de la policía. Su supuesta ayuda a la lucha antiterrorista le abrió las puertas de la Audiencia Nacional, hasta llegar al mismísimo juez Baltasar Garzón, a quien había intentado desacreditar en 1994 a cuenta de los GAL y que luego se convirtió en íntimo amigo.
Para entonces, el excomisario y sus 46 empresas servían para todo. O eso afirmaba él. Para captar al traficante de armas Monzer Al Kassar o para infiltrarse en redes yihadistas. Solo algunos de los excompañeros del excomisario, preso desde hace un año, aseguran que nunca supieron que grababa todas sus reuniones. La mayoría admiten que lo sospechaban o, directamente, lo sabían. Sobre todo, en los últimos tiempos.
