Sánchez ve ahora un nuevo intento de iniciar otro proceso unilateral hacia la independencia

Recurrirá al Constitucional la moción del Parlamento catalán que reprobó el discurso del rey el 3 de octubre del pasado año


Madrid / colpisa Madrid / colpisa

El Gobierno recurrirá al Tribunal ConstitucIonal la moción del Parlamento catalán que reprobó el discurso pronunciado por el rey el 3 de octubre del pasado año, en plena escalada independentista, pese a que el Consejo de Estado avisó el jueves en su informe preceptivo de que no encuentra visos de inconstitucionalidad en la iniciativa, impulsada por En Comú Podem y respaldada por las fuerzas secesionistas catalanas. Un informe que Pedro Sánchez ha decidido ignorar porque, según argumentó la portavoz Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros celebrado excepcionalmente en Sevilla, los dictámenes del órgano asesor no poseen carácter vinculante y, aunque el Gobierno «agradece y respeta» su opinión, no «comparte sus argumentos». Es algo similar a lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado enero cuando impugnó contra el criterio del órgano consultivo la propuesta de investidura de Carles Puigdemont, que aunque había huido a Bélgica y estaba reclamado por la Justicia, no estaba inhabilitado para el ejercicio del cargo público.

El Consejo de Estado subraya en su evaluación algo que ya admitían los propios socialistas antes de anunciar el recurso -criticado por la mayoría de sus aliados en la moción de censura-, que, dado que la moción de la Cámara autonómica tiene una naturaleza «netamente política y no jurídica» y no se integra en el ordenamiento legal, no es «idónea» para reclamar su suspensión. Pese a todo, el Ejecutivo dice ahora no solo que recurrirá porque cree, como anticipó la semana pasada, que el Parlamento catalán se ha «extralimitado» en sus funciones al reprobar al jefe del Estado, que según la Constitución es inviolable, sino que ve en la resolución «un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral que culmine en la proclamación de una república».

La argumentación eleva considerablemente el listón, pero sobre todo contrasta con el discurso que hasta ahora ha mantenido la Moncloa sobre la situación política en Cataluña. El Gobierno lleva semanas insistiendo frente a los reproches del PP y Ciudadanos en que las cosas están «mucho mejor» que hace un año y con ese planteamiento rechazan y tildan de frívolas e irresponsables las continuas llamadas de los dos partidos de la oposición a aplicar sin dilación el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía.

Preocupación en el PSOE

En el PSOE hay cierta preocupación por este movimiento. Veteranos dirigentes creen que Sánchez ha sobreactuado por temor a que se le acusara de no salir en defensa del monarca, porque la resolución del Parlamento catalán se aprobó justo la noche anterior al desfile y la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real y critican que de manera «irresponsable» se ponga en un brete al Tribunal Constitucional. Creen que probablemente ese órgano esté dividido y que muchos de los magistrados compartirán el criterio del Consejo de Estado. «El problema es que su rechazo se entienda como un varapalo no al Gobierno sino a la monarquía», se lamentan. En el Ejecutivo admiten que su motivación a la hora de dar el paso de recurrir ha sido única y exclusivamente política. «Ya sabíamos que el Consejo de Estado iba a ir en esa dirección (la de considerar que no hay sustento para un recurso) porque la cuestión no es jurídica», admiten fuentes cercanas a Sánchez..

En la parte de la argumentación que se refiere estrictamente a la censura a Felipe VI por el discurso que pronunció dos días después del referendo del 1-O, el Gobierno sostiene que no es «admisible» ni el «intento» de abolición de la monarquía ni el «ataque» al rey, porque supone, insistió Celaá, «una extralimitación en las funciones de la cámara, que vulnera el Estatuto y la Constitución». El Consejo de Estado sí admite que el contenido de la resolución parlamentaria es un «grave atentado al principio de lealtad institucional» y «una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios que la Constitución consagra».

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