Los matices de Calvo
En agosto, no obstante, el órgano de defensa de la Administración sí mostró su conformidad con el auto de conclusión del sumario elaborado por el juez Pablo Llarena «e interesó apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de rebelión de los artículos 472 y concordantes del Código Penal, delitos de desobediencia del artículo 410 y delitos de malversación de caudales públicos», según consta en el auto hecho público ayer por el Tribunal Supremo.
La número dos del Ejecutivo negó en Onda Cero cualquier intento de interferir en la labor de la Justicia. «Nos mantenemos al margen del trabajo técnico que ha de hacer el poder judicial, faltaría más», dijo. Sin embargo, insistió en que para hablar del «delito máximo» relacionado con un golpe de Estado, es decir, para hablar de rebelión como hizo el juez instructor, «tenemos que hablar de unos instrumentos de fuerza». No es la primera vez que el Gobierno se adentra en terrenos pantanosos en su intento de suavizar las cosas para favorecer las relaciones con el independentismo. Calvo, al igual que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya se mostró favorable a que Junqueras y el resto de los acusados en prisión preventiva puedan estar en libertad hasta que se celebre el juicio y haya sentencia firme, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, dijo que sería partidaria de que, eventualmente, en el caso de que sean condenados, puedan concedérseles indultos. Un deseo que el presidente del Gobierno evitó censurar.
