El Gobierno abre la puerta a la Abogacía del Estado para que no acuse de rebelión

Carmen Calvo cuestiona el delito al no haberse utilizado la fuerza de las armas


Madrid / Colpisa

El Ejecutivo ha puesto en marcha una estrategia para ablandar a las fuerzas independentistas de cara a la negociación presupuestaria. Consiste en hacer ver que no comparte que haya delito de rebelión en el caso del desafío secesionista. Pedro Sánchez lo dejó caer el miércoles al final del bronco debate parlamentario en el que el líder del PP le acusó de ser partícipe de un golpe de Estado. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, lo volvió a hacer ayer.

El presidente del Gobierno aplaudió al portavoz del PNV, Aitor Esteban, después de que este calificara de «frivolidad» que se califique de rebelión o sedición la acción de, entre otros, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Carmen Calvo apeló ayer a la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que en julio denegó la extradición de Carles Puigdemont por el primero de esos delitos, como prueba de que su comisión requiere el uso de «instrumentos de fuerza que en cualquier legislación, aquí y por ejemplo en la alemana, están conectados con las armas».

Las intervenciones de uno y otra fueron suficientemente claras como para hacerse una idea de lo que dirá el escrito de acusación que presentará la Abogacía del Estado el próximo 2 de noviembre antes del juicio oral. Esquerra lleva semanas advirtiendo que si el Ejecutivo no da orden a la Fiscalía de que retire las acusaciones de rebelión no se sentará siquiera a hablar de las cuentas públicas. Y el Gobierno replica que no está en su mano dar órdenes a un órgano que es autónomo. Pero la Abogacía del Estado es otra cuestión. Calvo se puso la venda antes de eventuales críticas de la oposición en el caso de que los servicios jurídicos del Estado no acusen de rebelión y alegó que en ningún caso se podrá hablar de cambio de criterio, porque hasta ahora la Abogacía no ha acusado de nada (aunque se ha personado por malversación).

Los matices de Calvo

En agosto, no obstante, el órgano de defensa de la Administración sí mostró su conformidad con el auto de conclusión del sumario elaborado por el juez Pablo Llarena «e interesó apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de rebelión de los artículos 472 y concordantes del Código Penal, delitos de desobediencia del artículo 410 y delitos de malversación de caudales públicos», según consta en el auto hecho público ayer por el Tribunal Supremo.

La número dos del Ejecutivo negó en Onda Cero cualquier intento de interferir en la labor de la Justicia. «Nos mantenemos al margen del trabajo técnico que ha de hacer el poder judicial, faltaría más», dijo. Sin embargo, insistió en que para hablar del «delito máximo» relacionado con un golpe de Estado, es decir, para hablar de rebelión como hizo el juez instructor, «tenemos que hablar de unos instrumentos de fuerza». No es la primera vez que el Gobierno se adentra en terrenos pantanosos en su intento de suavizar las cosas para favorecer las relaciones con el independentismo. Calvo, al igual que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya se mostró favorable a que Junqueras y el resto de los acusados en prisión preventiva puedan estar en libertad hasta que se celebre el juicio y haya sentencia firme, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, dijo que sería partidaria de que, eventualmente, en el caso de que sean condenados, puedan concedérseles indultos. Un deseo que el presidente del Gobierno evitó censurar.

Además, hace tiempo que Sánchez metió en un cajón la propuesta que hizo en mayo, cuando todavía se encontraba en la oposición, para acometer una reforma del Código Penal que zanje cualquier duda jurídica y permita condenar por rebelión a quienes promuevan actos como los cometidos por los dirigentes del proceso rupturista. En sus palabras: «Adecuar el delito de rebelión al siglo XXI». Sin embargo, pese a las insinuaciones desde el Ejecutivo, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, evitó comprometerse con la reforma y dijo que no está claro que se vaya a plantear en esta legislatura.

Críticas del PP

La respuesta del PP fue contundente. «Sánchez sugiere que el 1-O escapa del delito de rebelión. ¿Es el precio para seguir en la Moncloa? ¿Es un pago más al independentismo y evidencia de la negociación de su testaferro Pablo Iglesias en Lledoners?», se preguntó en Twitter el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, uno de los arietes del PP contra el Gobierno.

La causa por rebelión llega ya a juicio

mateo balín

El Supremo lleva al banquillo a Junqueras y otros 17 acusados, entre los que no están Puigdemont ni los otros siete fugados, en una vista oral que comenzará previsiblemente a principios del 2019

Cuenta atrás para la celebración del juicio, previsiblemente a principios del 2019, contra los protagonistas del desafío independentista de Cataluña. El Tribunal Supremo dio ayer el primer paso tras dictar dos resoluciones en las que confirmó el cierre de la instrucción dirigida por el juez Pablo Llarena, dando por bueno su escrito de conclusiones y de procesamiento, y la apertura de juicio oral contra 18 acusados. Se quedan fuera los siete fugados al extranjero, entre ellos Carles Puigdemont, porque no pueden ser juzgados en rebeldía.

El tribunal de la Sala Segunda (de lo Penal) que sentenciará el desafío independentista ratificó el enjuiciamiento por un delito de rebelión (a quien se alce violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, entre otros motivos) del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes de las organizaciones civiles independentistas Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catana (ANC), Jordi Sànchez.

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