El PP pide al Supremo que repita el juicio de la Gürtel o cambie el fallo y lo exculpe

Acusa al ponente de haber «coadyuvado» a que el PSOE ganase la moción de censura

Los magistrados José Ricardo de Prada y Angela Murillo

madrid / colpisa

Duro recurso del PP contra la sentencia de la primera etapa del caso Gürtel que le condenó como partícipe lucrativo de los delitos de la trama que lideraba Francisco Correa. El partido conservador, en su escrito al Tribunal Supremo, reclama su absolución o, cuanto menos, que se repita el juicio, esta vez con un tribunal «sin apariencia de parcialidad».

Los dardos de la formación que ahora dirige Pablo Casado van dirigidos sin tapujos, sobre todo, contra el ponente de la sentencia, el progresista José Ricardo de Prada, al que culpan con sus comentarios sobre la existencia de la caja B, que no era motivo del procedimiento, de haber propiciado la moción de censura que en junio llevó al Gobierno a Pedro Sánchez.

La sentencia, dicen, dio por acreditado la existencia de una caja B que aún está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

«Constituye un hecho notorio que las improcedentes afirmaciones de la sentencia que recurrimos sobre la supuesta actuación del Partido Popular han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida a un cambio de Gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español», afirma el recurso, antes de volver a cargar las tintas contra De Prada, de quien recuerda, como «circunstancia sobrevenida», que haya sido elegido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como miembro de la comisión para estudiar el restablecimiento de la Justicia Universal. Todo ello al margen de que «la suficiente parcialidad objetiva» del magistrado José Ricardo de Prada ya fue cuestionada en su momento «por su conocida amistad» con el exjuez Baltasar Garzón, primer instructor de la trama Gürtel.

El PP alega haber sido víctima de «un auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y de toda justificación», sobre todo porque el partido, como tal, no estaba siendo juzgado. Por ello, afirma que la sentencia de la Audiencia Nacional -que no solo dio por probada la existencia de una contabilidad paralela sino que puso en cuestión la veracidad del testimonio de Mariano Rajoy cuando negó esa caja B- «ha lesionado injustificadamente su honor, bien capital para que un partido político pueda perseguir sus legítimos bienes constitucionales».

«Atribución falsa»

Para los populares, la sala que juzgó a los 37 acusados y que condenó, entre otros a Francisco Correa o a Luis Bárcenas, con sus alusiones sobre la contabilidad en negro se metió de lleno en asuntos que estaban «fuera de su conocimiento», haciendo, además, una «atribución falsa de un delito o de su posibilidad». Algo, entiende el partido, que es «especialmente grave» cuando viene de un «tribunal penal».

«Lo acontecido tiene una gravedad excepcional en términos de garantías constitucionales básicas», reitera el PP, que afirma que entró en el juicio con la acusación de ser «un mero y muy parcial partícipe a título lucrativo» de las irregularidades de los encausados y acabó por ser sentenciado a delitos «que no ha cometido, que no se enjuiciaban y de los que no se ha podido defender en absoluto».

Sánchez y Sáenz de Santamaría pactaron a espaldas de Casado el ingreso en el Consejo de Estado

Pedro Sánchez pactó con Pablo Iglesias la cuota de Podemos en el Consejo de Estado. No así con el principal partido de la oposición. El presidente del Gobierno llamó por teléfono a Soraya Sáenz de Santamaría con una oferta para que fuera consejera electiva del principal órgano consultivo del Estado. La exvicepresidenta, señalan fuentes de su entorno, dudó, pero 48 horas después aceptó. Ni ella ni Sánchez comunicaron a Pablo Casado su acuerdo.

Después de haber declinado la oferta de su rival en las primarias para entrar en la dirección del PP y haber anunciado el 10 de septiembre su retirada de la política, Sáenz de Santamaría recibió la llamada de Sánchez. La oferta de ingresar en el Consejo de Estado, donde coincidirá con otra exvicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la institución, no le pilló por sorpresa. Su relación con el equipo de Pedro Sánchez, en especial con Carmen Calvo, hoy su sucesora en la Moncloa, fue muy estrecha durante las negociaciones para la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Tras pensárselo un fin de semana, Sáenz de Santamaría dio el sí al presidente, pero no se lo comunicó a Casado. Tampoco lo hizo Sánchez, que tiene una relación muy frágil con el líder de la oposición.

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