Sánchez lleva al Tribunal Constitucional la reprobación al rey en la Cámara catalana

Defiende que la iniciativa de En Comú-Podem no podía quedar sin respuesta política


madrid / colpisa

El Gobierno dará el viernes el primer paso para impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución con la que el Parlamento de Cataluña reprobó hace apenas una semana al rey y reclamó la abolición de la monarquía. La decisión llegará en pleno tira y afloja para conseguir el apoyo de las fuerzas independentistas a los Presupuestos Generales del Estado. «De manera clara hemos dicho que la base de nuestra actuación será siempre ley y diálogo -alegó la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet-; si hay partidos que insisten en aprobar mociones que escapan del marco normativo, no nos queda más remedio que tomar las medidas legales a nuestro alcance».

No es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez opta por la vía judicial para responder a decisiones tomadas desde Cataluña. En julio, apenas 74 horas antes de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acudiera a la Moncloa a una cita con la que los socialistas aspiraban a «empezar a recuperar la normalidad perdida» anunció y posteriormente presentó un recurso contra una moción de la Cámara autonómica que reafirmaba la declaración de soberanía del 9 de noviembre del 2015, con la que se dio inicio al proceso para «la creación del Estado catalán independiente en forma de república». Aquel recurso no impidió que el encuentro entre Sánchez y Torra saliera incluso mejor de lo que habían previsto los propios asesores del presidente del Gobierno. Lejos de negarse a hablar de nada que no fuera la autodeterminación, como solía ocurrir durante los años del Ejecutivo popular, el presidente catalán se avino a abrir un diálogo sobre asuntos económicos, sobre infraestructuras o sobre cuestiones administrativas y, a partir de ese momento, se reactivaron, tras siete años de parón, las comisiones bilaterales Generalitat-Estado. Ahora, los socialistas creen que sucederá lo mismo. «Esto no cierra la vía al diálogo», defendió Batet.

Nuevas amenazas

La vicepresidenta, Carmen Calvo, también dio por hecho que este asunto no tiene por qué condicionar las relaciones entre ambas Administraciones, a pesar de que el propio presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent, avisó el lunes de que seguirá habiendo resoluciones como la que afecta a Felipe VI, hasta que haya «una solución democrática y política al conflicto político». «Día a día vamos a naturalizar la situación de coordinación con el Gobierno de Cataluña, aunque la situación no es fácil», admitió Calvo.

Respeto a las instituciones

El Ejecutivo ya avisó el jueves pasado de que no se quedaría de brazos cruzados ante la iniciativa contra el monarca, impulsada por la sucursal catalana de su principal socio de Gobierno, En Comú-Podem, y respaldada por ERC y el PDECat. En el Gobierno hay inquietud por el intento de erosionar una figura clave del modelo constitucional español. «Políticamente no fue un acierto votar esa resolución. Es bueno que se respeten las instituciones del Estado, mantener al jefe del Estado de la pugna política», insistió Batet.

Se ha entendido que no era posible mirar para otro lado. «No se puede, en un Parlamento autonómico, trazar la forma de Estado de este país; eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico y ha de tener una respuesta política», adujo Calvo. El viernes, el Consejo de Ministros acordará pedir al Consejo de Estado el informe preceptivo para presentar el recurso y, una vez obtenga respuesta, presumiblemente, dará el paso definitivo. La decisión le valió a Sánchez el reproche de los independentistas. «Debe haber mecanismos donde la sociedad exprese su opinión sobre la Casa Real», argumentó la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi.

Pascual Sala no ve ni rebelión ni sedición en el 1-O

El expresidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional Pascual Sala declaró ayer que «es muy difícil, por no decir imposible, que exista rebelión, y problemático, por no decir que tampoco», que exista sedición por el proceso soberanista.

Sala ha manifestado que «es difícil que pueda admitirse una existencia de un alzamiento público y violento como el que caracteriza a la rebelión según el Código Penal español», aunque puedan haber desórdenes y desobediencia al Tribunal Constitucional.

El Parlamento autonómico acepta en comisiones el voto de los diputados que no admite en pleno

La Mesa del Parlamento catalán aprobó ayer mantener el criterio de que en las comisiones se utilice el voto ponderado en función de los resultados electorales, en caso de empate en las votaciones, por lo que permitirá computar los cuatro diputados de Junts per Catalunya (JxCat) suspendidos y no sustituidos. Este criterio de la Mesa ha sido aprobado con los votos de JxCat y ERC, que disponen de mayoría en ese órgano, y en contra de los grupos de Ciudadanos y el PSC, que defienden que se traduzca en las comisiones la misma situación que hay en el pleno.

JxCat y ERC han perdido la mayoría parlamentaria de la que disponían en los plenos, después de que los cuatro diputados de JxCat suspendidos por el Tribunal Supremo no hayan querido utilizar la fórmula para posibilitar su sustitución temporal. Esto provoca que los grupos que apoyan el Gobierno autonómico puedan perder votaciones en el pleno.

La Mesa ha rechazado la petición del PSC de encargar un nuevo informe jurídico a los letrados de la Cámara para valorar si se puede producir inseguridad jurídica. «Un mismo texto que el Gobierno catalán pierda en el pleno, lo gana si lo presenta en una comisión. Y eso es inadmisible», ha denunciado la portavoz del PSC-Units, Eva Granados. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha avanzado que su partido no computará los cuatro votos de los diputados de JxCat suspendidos en las comisiones que preside su formación, como tampoco los dos de ERC, en «cumplimiento» con la resolución del Tribunal Supremo.

Torra afirma estar dispuesto a celebrar otro 1-O para alcanzar la independencia

cristian reino

Intenta presionar diciendo que luchará «hasta las últimas consecuencias»

El independentismo aprovechó ayer la conmemoración del 78º aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, por el régimen franquista para reivindicar su figura, trazar un paralelismo con el encarcelamiento de los líderes independentistas y para pedir gestos al Gobierno central y a los poderes del Estado. Quim Torra, durante su discurso frente a la tumba de Companys, fusilado en 1940 en Montjuich, en Barcelona, afirmó que no es suficiente con exhumar a Franco de la tumba del Valle de los Caídos e instó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que «elimine todos los reductos franquistas que quedan en el Estado» y que anule los juicios del franquismo, como el de Companys. Además, reclamó al rey y al Gobierno que «condenen» el asesinato del último presidente del Ejecutivo catalán en la II República.

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