Torra afirma estar dispuesto a celebrar otro 1-O para alcanzar la independencia

Intenta presionar diciendo que luchará «hasta las últimas consecuencias»


barcelona / colpisa

El independentismo aprovechó ayer la conmemoración del 78º aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, por el régimen franquista para reivindicar su figura, trazar un paralelismo con el encarcelamiento de los líderes independentistas y para pedir gestos al Gobierno central y a los poderes del Estado. Quim Torra, durante su discurso frente a la tumba de Companys, fusilado en 1940 en Montjuich, en Barcelona, afirmó que no es suficiente con exhumar a Franco de la tumba del Valle de los Caídos e instó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que «elimine todos los reductos franquistas que quedan en el Estado» y que anule los juicios del franquismo, como el de Companys. Además, reclamó al rey y al Gobierno que «condenen» el asesinato del último presidente del Ejecutivo catalán en la II República.

Un día antes de que se cumpla el primer aniversario del ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Torra, que hoy los visitará, elevó el tono épico y se mostró dispuesto a todo con tal de lograr la independencia. «Por Cataluña y por la vida. Estos fueron los ideales de Companys, estos son nuestros ideales. Por estos ideales estamos dispuestos a luchar hasta el final con todas las consecuencias», remató. Horas después, en el municipio leridano de Tarròs, donde nació Companys, mantuvo el verbo desafiante: «En algún momento, los catalanes deberemos decir basta y ese punto esta a punto de llegar».

El presidente de la Generalitat lleva semanas avisando de que las sentencias del juicio por el 1-O serán un antes y un después. Por ello, presiona a la Fiscalía y a los jueces con otro 1-O si las sentencias no son absolutorias. Aunque la consecuencia puede ser un adelanto electoral en Cataluña.

La épica del enfrentamiento y la retórica republicana siguen marcando el discurso del presidente de la Generalitat en un intento de ocultar una realidad, que es muy distinta. Sin ir más lejos, la comisión bilateral de infraestructuras que integran el Gobierno central y la Generalitat se reunió ayer por primera vez en más de once años, un encuentro que evidencia que ambas partes, con discreción, intentan sentar las bases para una normalización en las relaciones.

Arma de doble filo

Torra, en cualquier caso, cree que es el momento de presionar a Sánchez (hace semana y media le lanzó un ultimátum), a pocos días de que la Fiscalía presente el escrito de acusación del juicio del 1-O. En juego está el apoyo de los independentistas a los Presupuestos de Sánchez. Lo que puede acabar siendo un arma de doble filo si el presidente del Gobierno, como ya ha advertido a los secesionistas, adelanta las elecciones generales y el resultado de las urnas abre la puerta a un gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que aplique el 155. El presidente catalán elevó el tono para buscar gestos de Sánchez, pero su insistencia lleva el riesgo de que puede recibir la misma medicina. Lo hizo el líder del PSC, Miquel Iceta, quien afirmó que el que debe hacer gestos es el independentismo porque no ha hecho ni una sola concesión ni ha mostrado la menor intención de distender el ambiente.

El presidente de la Generalitat trata además de avivar la llama independentista. Lanza gasolina al fuego, consciente de que PP y C’s pugnan por aparecer como los más contundentes contra el soberanismo, para intentar así volver a movilizar a la tropa secesionista dado que el anunciado otoño caliente está siendo más bien templado, y la gran marcha por la libertad (movilización permanente hasta los juicios) anunciada por Torra no acaba de carburar.

Castellà: «Si no estuviésemos en la UE, tendrían tentaciones de fusilar a los presos»

El líder de Demòcrates, Antoni Castellà, echó ayer mano de la épica y de la analogía de la España actual con la de Franco al afirmar que si no existiera la Unión Europea el Estado «tendría la tentación de fusilar» a los presos independentistas, como hiciera el franquismo con el expresidente de la Generalitat Lluís Companys. «Probablemente, si no estuviéramos en el marco de la UE, tendrían tentaciones de fusilarlos también, exactamente como pasó con Companys. Como no pueden hacerlo, están en la prisión», aseguró Castellà. Expresiones altisonantes que sirven al independentismo para intentar cerrar filas en un momento en que está más dividido que nunca.

FAES denuncia la «interferencia» judicial de Pedro Sánchez a favor de «los golpistas»

La Fundación FAES que preside José María Aznar ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, a su juicio, continúa una «huida hacia adelante» y no está «en condiciones de representar ni de defender el interés general de España». En especial, censura su actuación en Cataluña tras la «kale borroka» que se ha registrado coincidiendo con el aniversario del 1 de octubre y denuncia la «interferencia» del Gobierno socialista en la independencia judicial «pidiendo la puesta en libertad de los golpistas», según recoge Europa Press.

La fundación afea a Sánchez haber «roto la unidad del constitucionalismo en el marco de la cual fue aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y haya cedido al independentismo golpistas la llave de la legislatura». Según FAES, un año después del «referendo fantasma», «lo relevante ahora y para el futuro es que en Cataluña ha nacido la ‘kale borroka’».

El PP lleva al Senado una moción en defensa del rey ante el desafío secesionista

El PP cree que el Gobierno debería impugnar ante el Tribunal Constitucional la reprobación del rey aprobada en el Parlamento de Cataluña el pasado día 11. Así se pone de manifiesto en la moción que registraron ayer los populares en el Senado. El partido de Pablo Casado pretende que la Cámara Alta, donde cuenta con mayoría absoluta, inste al Ejecutivo a actuar y salga en defensa de la figura de Felipe VI y su papel frente al desafío secesionista. En la Moncloa, sin embargo, no tienen claro que tengan capacidad de obrar al tratarse de una declaración política sin efecto jurídico.

De todos modos, el Gobierno está buscando fórmulas jurídicas para recurrir la resolución aprobada por el Parlamento catalán, a pesar de ser consciente de que es un texto cuyo valor es político y no jurídico, y es probable que la vía sea un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En conversación informal con los periodistas durante la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta, Carmen Calvo, han señalado que se trata de una declaración política.

El consejero de Interior, citado el 6 de noviembre a declarar como imputado por promover el 1-O entre los alcaldes

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar el 6 de noviembre en calidad de investigados por su apoyo al 1-O al consejero de Interior, Miquel Buch, y a la alcaldesa de Villanueva y Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras. La querella, de septiembre del año pasado, fue impulsada por la Fiscalía Superior de Cataluña cuando Buch era presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), y Lloveras, de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

En sus inicios, el TSJC envió la causa al Tribunal Supremo, pero el magistrado Pablo Llarena rechazó su competencia para investigarla y la devolvió al tribunal catalán, que es el que tomará declaración al ahora consejero y a la citada alcaldesa. La querella les atribuía presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por considerar que hicieron «actos inequívocos de promoción y organización del referendo» ilegal. El texto se dio a conocer el mismo día que empezó la campaña del 1-O y desde el acto central que los independentistas celebraron aquella jornada, Lloveras declaró que era un ataque al mundo municipal que demostraba que España es «un Estado en decadencia y sin valores democráticos».

Según la exposición que el magistrado del TSJC Jordi Seguí envió en su día a Llarena, el mismo 6 de septiembre del 2017 después de haberse aprobado la ley del referendo, tumbada por el Constitucional el día 10, Lloveras y Buch enviaron un correo electrónico a los alcaldes de Cataluña para que indicasen la disponibilidad de locales de votación y un modelo de decreto municipal para que mostrasen su apoyo a la consulta.

Mentira sobre la desobediencia

El día 10, habiendo sido ya declarado inconstitucional el referendo, Lloveras envió otro correo a los asociados de AMI con un informe del colectivo Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local para la Independencia, que concluía que el derecho internacional ampararía la actuación de los funcionarios que desobedeciesen al Constitucional y cumpliesen con «la ley catalana». Dos días más tarde, Lloveras y Buch enviaron un tercer correo sobre «Material de campaña por el referendo del 1 de octubre», que contenía el modelo de dos carteles para fomentar la participación y, en el caso de AMI, uno que pedía el voto afirmativo.

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