La Fiscalía pedirá las penas mínimas para los secesionistas procesados por rebelión

El Código Penal sitúa las condenas por el golpe entre los 15 y los 25 años de cárcel


redacción / la voz

A la espera de que el Tribunal Supremo dicte la apertura del juicio oral contra los líderes del desafío independentista catalán, la Fiscalía ultima su escrito de calificación, en el que, según fuentes jurídicas, mantendrá la acusación de rebelión para todos. Los cuatro fiscales de Sala que dirigirán la acusación -Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado; Fidel Cadena y Jaime Moreno- mantienen un criterio unánime con respecto a ese delito. Ahora bien, no se inclinan por el margen más alto previsto en el Código Penal, que llega hasta los 25 años de cárcel para los cabecillas, sino más bien en el más bajo, que sitúa las penas en un mínimo de 15 años de prisión.

La Fiscalía sigue manteniendo que los líderes políticos y civiles del desafío independentista pudieron incurrir en un delito de rebelión al apreciar que intentaron instrumentalizar los disturbios callejeros del 20 y 21 de septiembre en Cataluña para doblegar al Estado y avanzar hacia la independencia.

El Código Penal castiga a los hayan promovido o sostengan la rebelión y sean sus jefes a penas de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación; a los que ejerzan un mando subalterno, con de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación, y a los meros participantes, con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación para empleo o cargo público.

Los huidos, en otra pieza

La Fiscalía diferenciará entre las distintas responsabilidades en las que pudieron haber incurrido cada uno de los 18 procesados que serán juzgados a partir de enero por el Tribunal Supremo. En ese caso, el expresidente Carles Puigdemont y los demás huidos (la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cinco exconsejeros y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel) se encuentran en una pieza separada, paralizada a la espera de que regresen a España.

Fuentes fiscales atribuyen máxima responsabilidad en el desafío a los nueve procesados que están en prisión, de ahí la medida cautelar que se les impuso hace un año y que afecta al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Fom y a 4 exconsejeros más, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Los tres últimos no fueron procesados por malversación, pues no formaban parte del Gobierno.

Con las arengas de los Jordis empezó todo

m. b. c. r.

Las manifestaciones tumultuarias frente a la consejería de Economía congregaron a entre 40.000 y 60.000 personas

«El Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos. Vivir en democracia en Cataluña está en nuestras manos». «Atención, todos a Rambla Cataluña con Gran Vía. La democracia se defiende en la calle. Recordad, serena y pacíficamente. Coraje». Estos mensajes fueron enviados entre las 8.28 y las 8.59 de la mañana del 20 de septiembre del 2017 en Twitter por Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural, una de las grandes entidades civiles independentistas en Cataluña, nacida en 1961 y con 117.000 socios. Así amanecía aquel último día de verano la cuenta personal del ahora procesado en el Tribunal Supremo por un delito de rebelión, que este martes cumple un año en prisión preventiva en el módulo «de participación y convivencia» de Lledoners, a 70 kilómetros de Barcelona.

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La ANC y Ómnium trasladan a la sociedad civil la fractura del independentismo

Durante años en que cientos de miles de personas llenaban las calles en las manifestaciones independentistas del 11-S, la ANC y Ómnium Cultural actuaban como una única voz. Eran dos grupos de presión secesionistas que empujaban como un único ariete al Gobierno catalán para que se encaminara hacia la desobediencia, primero con la consulta del 9-N, luego con el referendo ilegal del 1-O y al final con la declaración de independencia.

Sin embargo, ya hace tiempo que las dos entidades soberanistas mantienen posiciones discrepantes y hasta en alguna ocasión han dejado de acudir juntas a una protesta. Con el ingreso de sus líderes en prisión y el obligado relevo en las cúpulas, estas diferencias han ido a más, casi en paralelo con la fractura que se ha producido en el independentismo institucional, entre JxCat y Esquerra en la Cámara catalana. En la sociedad civil, como en los partidos, hay dos visiones sobre cómo afrontar la actual etapa y sobre cómo avanzar hacia la independencia.

La ANC ha cogido la bandera de la radicalidad (ante el temor de que los CDR acaben convirtiéndose en los referentes del secesionismo en la calle), insiste en la vía unilateral y tiene mucha prisa. Hace una semana lanzó un ultimátum a Quim Torra: o fija una hoja de ruta clara y meridiana sobre cómo piensa hacer efectiva la república antes del 21 de diciembre o la Asamblea pedirá elecciones.

Desmarque de Ómnium

Casi al instante, Ómnium se desmarcó de la vía rupturista de sus hasta ahora compañeros de pancarta. La entidad cultural asegura que no está para marcar la estrategia de la Generalitat, sino para generar consensos en el soberanismo, según afirmó el vicepresidente Marcel Mauri. Esta plataforma, como Esquerra, defiende que es necesario ampliar la base del secesionismo y aboga por un referendo pactado. Es la vía escocesa que se aparta de la vía unilateral. La que plantean Puigdemont, Torra, la ANC y la CUP y los CDR.

Además, la Asamblea exige al presidente de la Generalitat que revalide la declaración unilateral de independencia, libere a los presos y active un plan para el control del territorio tras la proclamación de la república. Ómnium, en cambio, lleva meses replanteando sus posiciones y queriendo regresar al ámbito del activismo cultural, donde se ha movido desde su nacimiento en los años 60. La ANC, en cambio, nació con y para el proceso soberanista.

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