Las manifestaciones tumultuarias frente a la consejería de Economía congregaron a entre 40.000 y 60.000 personas
14 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«El Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos. Vivir en democracia en Cataluña está en nuestras manos». «Atención, todos a Rambla Cataluña con Gran Vía. La democracia se defiende en la calle. Recordad, serena y pacíficamente. Coraje». Estos mensajes fueron enviados entre las 8.28 y las 8.59 de la mañana del 20 de septiembre del 2017 en Twitter por Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural, una de las grandes entidades civiles independentistas en Cataluña, nacida en 1961 y con 117.000 socios. Así amanecía aquel último día de verano la cuenta personal del ahora procesado en el Tribunal Supremo por un delito de rebelión, que este martes cumple un año en prisión preventiva en el módulo «de participación y convivencia» de Lledoners, a 70 kilómetros de Barcelona.
El llamamiento de Cuixart se producía como respuesta a los registros ordenados poco antes por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en varios edificios y sedes de la Generalitat, dentro de la operación Anubis contra los organizadores del referendo ilegal del 1 de octubre, que se saldó con 14 detenidos.
De forma paralela, la otra gran entidad civil independentista, Asamblea Nacional Catalana (ANC), nacida en el 2012, se sumaba al llamamiento de Ómnium con mensajes desde su cuenta: «Llamamiento a la concentración en la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia de Economía y Hacienda en defensa de nuestras instituciones». Una algarada a la que sumó su voz el otro Jordi, Jordi Sànchez, entonces presidente de ANC y en prisión preventiva desde hace un año junto a su colega Cuixart. «Nosotros queremos votar; ellos han declarado la guerra. Salimos a defender las instituciones pacíficamente. En Sant Jaume no hay convocatoria hecha. No vayáis. Todos a Gran Vía con Rambla Cataluña, delante del departamento de Economía», clamó Sànchez el 20-S.
«Comité estratégico»
La capacidad de los Jordis «de impulsar una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referendo ilegal», según el juez del Supremo Pablo Llarena, instructor del juicio por el desafío independentista, fue más que evidente y quedó recogida en los informes policiales que maduraron horas después la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por estos hechos, calificados como un delito de sedición (a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes). Aunque en el Supremo pasarían a englobarse dentro de la rebelión.
Las manifestaciones «tumultuarias» frente a la consejería dirigida por Oriol Junqueras, donde fue detenido su número dos, Josep María Jové, congregaron «a entre 40.000 y 60.000 personas, que impidieron a la comisión judicial abandonar el edificio una vez finalizado el registro». La secretaria judicial tuvo que hacerlo de madrugada por la azotea- y los daños de los tres vehículos de la Guardia Civil que les trasladaron ascendieron a 135.000 euros. Finalmente, sobre las 24.00 horas del 20 de septiembre, subido en un patrol dela Guardia Civil, Cuixart y Sànchez hicieron un llamamiento para dispersar la concentración, que no tenía autorización, pero clamaron en favor de la movilización permanente en apoyo del referendo ilegal a partir del día siguiente, 21 de septiembre, como de hecho ocurrió.
La preeminencia de ambos quedó además patente en la documentación intervenida en el despacho de Jové, la famosa hoja de ruta para alcanzar la desconexión de Cataluña, que constituye unas de las principales pruebas de cargo de la Fiscalía en el juicio que se celebrará en el Supremo. Este documento señala la formación de un «comité estratégico» para orientar y dirigir la implantación de un plan que implique la movilización de recursos humanos y financieros. A este órgano pertenecían los Jordis, auténtico brazo civil del independentismo.