La Guardia Civil en Cataluña se siente «en el punto de mira de actitudes bellacas»

El general responsable de la zona denuncia comportamientos propios de dictaduras

Los Mossos ante el Parlamento Catalán durante la jornada del referendo ilegal del 1-O
Los Mossos ante el Parlamento Catalán durante la jornada del referendo ilegal del 1-O

redacción / la voz

El general de División de la Zona de Cataluña de la Guardia Civil, Pedro Garrido, no obvió los calificativos para describir la situación que están viviendo los agentes que dirige, propiciada por «colectivos minoritarios» pero muy activos. Habla, sin citarlos, de los grupos más radicales del secesionismo, a los que acusa de «tener actitudes bellacas» y «propias de los más rancios regímenes totalitarios».

«Nos han difamado llamándonos torturadores, asesinos y violadores, hemos sido objeto de persecución y fustigación, han dicho a nuestros hijos que sus padres son unos indeseables, nos han calificado de fascistas. Ellos, que solo admiten una forma de sentirse y expresarse como catalán», dijo el general en su discurso en los actos de celebración de la patrona del cuerpo en Cataluña en la Comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Allí estaban el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el general de División Jefe de Gabinete, Antonio Tocón, además de otras autoridades civiles.

Garrido sacó pecho de la actuación de la Guardia Civil durante el 1-0 y en los días posteriores al referendo ilegal, pues gracias a ella «la ley continuó imperando en Cataluña». Alternando el catalán y el castellano, el general condenó la actuación de estos grupos radicales, que «para defender sus ideas, tan solo saben estar fuera de la ley y ampararse en el desorden público».

«Momentos difíciles»

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón fue también muy crítico, pero con expresiones más moderadas. «Se vivieron momentos difíciles» pero afirmó que el cuerpo está «plenamente decidido a superar esos malos momentos». Señaló que la Guardia Civil debe hacer respetar la ley «con independencia absoluta de cualquier ideología política que se encuentre en el Gobierno» y con un «compromiso y lealtad absoluta» a España. «Somos un cuerpo que nos consideramos y nos esforzamos por ser modernos, eficientes y cercanos a la ciudadanía», aseguró. Pero tampoco se quiso olvidar de las «actitudes bellacas» denunciadas por Garrido ni de los grupos que las practican. «Sus sonrisas traidoras nos estimulan, su difamación nos anima y su fustigación nos reafirma y refuerza en la voluntad de hacer más segura la vida de los ciudadanos», dijo, reafirmando las palabras del General de la Zona de Cataluña. En su intervención, Garrido también agradeció el «esfuerzo» de los Mossos d’Esquadra.

Colau reclama a JxC y ERC que renuncien explícitamente a la vía unilateral

La alcaldesa de Barcelona y coordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau reclamó ayer a los partidos de gobierno en Cataluña JxC y ERC que renuncien «de forma explicita» a la vía unilateral y trabajen «por consensos amplios, no solo con el Estado sino internamente en Cataluña». «Quien tiene responsabilidades de gobierno ha de trabajar por consensos amplios y esto no ha pasado en el último año y ha sido un error y creo que nos ha traído muchas cosas malas. Por lo tanto, es hora de rectificar y volver a consensos amplios», advirtió Colau.

En este sentido, la alcaldesa de Barcelona consideró «una irresponsabilidad» que, «desde el ámbito institucional, se siga insistiendo en la DUI en vez de descartarla de una vez por todas».

El Gobierno anuncia medidas por la resolución del Parlamento catalán contra el rey

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, calificó ayer como «inadmisible» la resolución votada en el Parlamento que aboga por la abolición de la monarquía y advirtió de que el Gobierno adoptará medidas para la defensa de la legalidad. En su cuenta de Twitter, se ha referido a la resolución de los Comunes aprobada por la Cámara catalana con la que se rechaza y condena el posicionamiento del rey en el «conflicto catalán», así como su «justificación de la violencia» policial el 1-O, y aboga por la abolición de la institución monárquica, que califica de «caduca y antidemocrática.

«Es inadmisible la resolución votada en el Parlamento de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado. Este Gobierno adoptará las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado», advirtió Sánchez. Asimismo, el Ejecutivo detalló en un comunicado que «para el Gobierno de España la posición constitucional del jefe del Estado debería quedar siempre al margen de su utilización en el debate partidista» y recalcó que considera «inadmisible este tipo de iniciativas parlamentarias».

La resolución votada fue una de las propuestas en «defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales» presentada por Catalunya en Comú Podem en el marco del pleno monográfico sobre la convivencia. Fue aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, mientras que la CUP se abstuvieron y Ciudadanos, PSC y el PPC votaron en contra.

Sedes de empresas

En la mañana de ayer, la vicepresidenta Carmen Calvo, en una entrevista radiofónica, anunció la intención del Gobierno del PSOE de revertir el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que facilitó que las empresas pudieran cambiar su sede social de manera inmediata. A pesar de que la norma fue diseñada por petición de uno de los dos grandes bancos catalanes que trasladaron su sede, desde el independentismo se acusa al anterior Ejecutivo de fomentar la huida de empresas para provocar pánico y combatir el proceso. Torra incluso llego a hablar de que las instituciones fueron las que fomentaron esta situación. En torno a 4.300 compañías catalanas han hecho las maletas en el último año (la Generalitat minimiza la cifra y la rebaja a 2.500) y solo una (Agbar) ha anunciado su regreso.

Un juez imputa a la cúpula de los Mossos por pasividad durante el referendo ilegal del 1-0

Un juez de Cornellá (Barcelona) citó a declarar como investigados para el próximo mes de diciembre a siete miembros de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, entre ellos el exjefe del cuerpo Ferran López, por un delito de desobediencia, por su supuesta pasividad al impedir el referendo ilegal del 1-O. En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellá acuerda esas imputaciones, después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió, para que la uniera a la investigación sobre el mayor Josep Lluís Trapero.

Entre los investigados figura el adjunto de la prefectura de Mossos d’Esquadra Ferran López, que sustituyó a Trapero como jefe de la policía catalana cuando este fue destituido por la activación del artículo 155 de la Constitución, así como el jefe de la Comisaría de Superior de Coordinación Central, Joan Carles Molinero. El juez encargó además a la Guardia Civil que analice la documentación de la prefectura de Mossos relacionada con su actuación ante el referendo del 1-O, para que determine su «forma de actuación y decisión» con el fin de averiguar si las decisiones se toman de forma jerárquica o colegiada.

La investigación del juez se centra en la «elaboración, aprobación y cumplimiento de las pautas de actuación» de los Mossos d’Esquadra ante el 1-O, así como «los efectos de dicho despliegue policial a la hora de dar debido cumplimiento» a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referendo.

En base a las actas de las reuniones de la cúpula de la policía catalana sobre el 1-O, que le fue remitida por la Audiencia Nacional, el juez aprecia indicios de que la actuación de la prefectura de Mossos «es de naturaleza conjunta y colegiada, y no meramente jerárquica.».

Investigación paralela

«Parece que en sus reuniones tienen voz y facultad decisoria sus miembros, explicando cómo cada uno decide, gestiona y ejecuta su ámbito», añade en su auto el juez, que por ese motivo decidió que la cúpula de Mossos debe ser investigada al margen de la causa que la Audiencia Nacional instruye sobre Trapero.

Entre los documentos que han levantado las sospechas del juez figura el acta de una reunión celebrada el 13 de octubre del año pasado, en que Molinero explica que está realizando un esfuerzo «ingente para revisar las más de 11.000 actas confeccionadas» sobre el 1-O, que recogen actitudes poco profesionales entre los Mossos.

Visto para sentencia el juicio por la consulta soberanista del 9-N

El juicio en el Tribunal de Cuentas por la consulta soberanista del 9 de noviembre quedó ayer visto para sentencia tras las acusaciones de «referendo encubierto» de Sociedad Civil y la defensa del ex presidente de la Generalitat Artur Mas, que piensa que a esta entidad «le sabe a poco» la condena penal y busca más embargos.

Su abogado y el de la ex consejera Joana Ortega, afirmó que «todo el gasto se desarrolló antes de la suspensión del Tribunal Constitucional», que fue el 4 de noviembre y todas las partidas fueron «informadas favorablemente». Para el abogado de Sociedad Civil Catalana, el 9-N no fue un hecho aislado, «sino un plan de ruptura constitucional, en el que nada se improvisó». El Tribunal de Cuentas impuso a Mas una fianza de 5,2 millones de euros.

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