Deberán comparecer el próximo mes de diciembre como investigados por un presunto delito de desobediencia
11 oct 2018 . Actualizado a las 20:46 h.Un juez de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar como investigados siete miembros de la cúpula de los Mossos d'Esquadra por un delito de desobediencia, por su supuesta pasividad al impedir el referéndum del 1-O. Los citados deberán comparecer el próximo mes de diciembre.
Los investigados son los comisarios de los Mossos d'Esquadra Ferran López, Joan Carles Molinero y Emili Quevedo (deberán comparecer el día 13), la jefa de asesoramiento jurídico de la dirección general de los Mossos, María Paz Martí, el comisario Francisco Javier Gámez y los intendentes Antoni Verger y Amadeu Domingo, estos últimos citados para el día 12, según detalla Europa Press.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellà acuerda esas imputaciones, después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió, para que la uniera a la investigación sobre el major Josep Lluís Trapero.
El juez abrió estas diligencias el 4 de octubre de 2017 «ante la posible comisión de delitos de desobediencia y otros» por la actuación de los Mossos durante la jornada de votación.
Hizo requerimientos de información al cuerpo y en las primeras diligencias encontró «indicios fundados de criminalidad por cuanto el dispositivo policial pareciera haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas» contra el referéndum.
En el auto, indica que los responsables de las pautas de actuación el 1-O fueron los siete investigados, además del mayor Josep Lluís Trapero, -según manifestó López en respuesta a un requerimiento del juez- y que la actuación de la jefatura de los Mossos fue «de naturaleza conjunta y colegiada, y no meramente jerárquica con un único decisor en la figura del major que ejerciera su poder unilateral» .
El juez también recuerda que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo confirmaron su competencia para investigar el caso, y que aceptó a Vox como acusación popular al admitir a trámite en junio una querella que el partido presentó por presuntos delitos de sedición, rebelión, desobediencia y denegación de auxilio.
