Gobierno y Podemos sellan un pacto de legislatura sin garantía económica detrás

Incluye subir pensiones y salario mínimo y eliminar copagos y confirma las alzas fiscales

Los puntos clave del pacto presupuestario Subir el salario mínimo a 900 euros y los impuestos a las rentas más altas, permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, un plan estatal de vivienda y mejoras para las ayudas en dependencia

Madrid / La Voz

«Presupuestos para un Estado social». Así han bautizado el Gobierno y Unidos Podemos el acuerdo alcanzado para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio, que, de prosperar, serán las primeras de Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, presentó a trazo grueso los ejes principales del acuerdo, que se detallarán en el plan presupuestario que el Gobierno enviará el lunes a Bruselas -después de aprobarlo en un Consejo de Ministros extraordinario- y que ya contendrá las cifras desglosadas, sobre las que ayer la ministra se negó a hablar.

Pese a la insistencia de los periodistas por saber cómo financiarán el incremento de gasto por la subida de las pensiones y de las ayudas a la dependencia o por la supresión del copago farmacéutico, entre otras medidas anunciadas, Montero se limitó a asegurar que los ingresos por nuevas figuras fiscales ascenderán a 5.678 millones. Los gastos -dijo- serán de 2.082 millones. «Eso permite apreciar que el compromiso con la consolidación fiscal es inequívoco», sostuvo. Eso sí, en esa cuantía no está incluida la Seguridad Social, es decir, excluye el roto de las pensiones y de su subida. ¿Cómo cuadrarán las cifras? Habrá que esperar al lunes. Las principales medidas que incluye el acuerdo, a continuación.

ESTADO DEL BIENESTAR

El ciudadano en el centro. «Los Presupuestos salen desde la fábrica cumpliendo con los compromisos con los ciudadanos y con los compromisos de consolidación fiscal. Ese era el gran reto y lo hemos cumplido», resumió Montero, que calificó de «valientes y sostenibles» unas cuentas que «pretenden llevar la recuperación económica a toda la sociedad».

PENSIONES

Subirán con el IPC. La medida de mayor impacto será la vuelta al IPC para revalorizar las pensiones. Montero explicó que en el primer trimestre del 2019 los pensionistas recibirán una paga única que ajustará la desviación de la subida de este año (del 1,6 %) a la inflación final del ejercicio (se espera el 1,9 %). Revalorizar las prestaciones conforme al IPC real tendrá un impacto de 704 millones en las cuentas del 2019, según informó Hacienda, y se incorporará en la normativa de la Seguridad Social. Igualmente, las pensiones mínimas y no contributivas se elevarán un 3 %. El ministerio explicó que para garantizar la sostenibilidad del sistema «se articulan más ingresos para la Seguridad Social a través de nuevas figuras, como el impuesto a las transacciones financieras», que gravará con un 0,2 % la compraventa de acciones de empresas cotizadas con más de 1.000 millones de capitalización bursátil. Los expertos sostienen que no será suficiente, igual que tampoco el gravamen a las plataformas de economía digital (un 3 %), lo que aboca a financiarlo con más deuda pública.

COPAGO FARMACÉUTICO

Eliminación progresiva. Los primeros en liberarse de él serán los pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales). Esta medida beneficiará el próximo año a cinco millones de pensionistas, además de a 1,8 millones de familias con hijos a cargo con menos de 9.000 euros de renta.

EMPLEO

Mejoras salariales y revisión de la reforma laboral. Además de la mayor subida de la historia del salario mínimo interprofesional, el acuerdo en materia de empleo digno incluye elevar la protección a los sectores más castigados en la crisis: se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y se aprobará un plan de choque de empleo joven y otro para desempleados de larga duración, además de derogar «los aspectos más lesivos» de la reforma laboral del 2012.

IRPF Y PATRIMONIO

Solo para el 0,5 % de los contribuyentes. Las grandes rentas asumirán un mayor esfuerzo fiscal, pues el tipo en el IRPF se elevará dos puntos para quienes ingresen más de 130.000 euros al año y cuatro puntos a partir de 300.000. También las rentas del capital superiores a 140.000 euros tributarán cuatro puntos más (al 27 %). Montero insistió en que los cambios no afectan al 99,5 % de los contribuyentes. Igualmente, se elevará un punto el impuesto sobre el patrimonio para fortunas de más de diez millones. 

DIÉSEL

Contra el bolsillo del ciudadano. Aunque insisten en que no tiene carácter recaudatorio, sino medioambiental, los conductores notarán la equiparación del precio del diésel y la gasolina, una subida de la que están excluidos los autónomos. La medida se complementará con un plan de ayudas para comprar eléctricos en el 2020 que contará con «al menos el 30 % de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel».

SOCIEDADES

Más presión a las grandes empresas y a las plataformas digitales. El acuerdo incluye la reducción del tipo del 25 al 23 % para las pymes que facturen menos de un millón de euros, mientras que las grandes corporaciones harán «una mayor contribución», pues se fija un tipo efectivo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades, además de limitar un 5 % las exenciones por beneficios del exterior. También se gravarán determinados servicios digitales.

ELÉCTRICAS

No más beneficio «caído del cielo». Otra medida pactada es la de hacer cambios normativos en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución -los conocidos como «beneficios caídos del cielo»- que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear.

 LAS MEDIDAS EN VIVIENDA

Los ayuntamientos podrán limitar el precio del alquiler

El acuerdo presupuestario incluye también medidas para intentar frenar la burbuja del alquiler. Para ello, Gobierno y Podemos han pactado elevar de tres a cinco años la duración mínima de los contratos de arrendamiento, para dar más estabilidad a los inquilinos (las prórrogas tácitas serán de tres años, no de uno, como ahora). En materia de precios, se cambiará la ley para que los ayuntamientos o comunidades puedan limitar las subidas de los alquileres en municipios donde las rentas se hayan disparado.

Una intervención del mercado a la que se opone frontalmente la patronal gallega de inmobiliarias Fegein, que también rechaza la prohibición de exigir garantías adicionales a la fianza en efectivo, porque «creará inseguridad jurídica al propietario» e impedirá que salgan más viviendas vacías al mercado.

EL IMPACTO EN ASUNTOS SOCIALES

El permiso de paternidad será de ocho semanas en el 2019, y de 16 en el 2021

El objetivo de equiparación del permiso de maternidad y paternidad en términos de igualdad tiene una fecha: el 2021. Mientras tanto, los Presupuestos recogerán el aumento a ocho semanas en el 2019 (lo que supondrá un coste de 300 millones de euros) y a doce semanas en el 2020. En la actualidad, tras la última ampliación, la ley establece 16 semanas para la madre y cinco para el padre. La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) celebra el compromiso del Gobierno y el calendario de equiparación, pero avisa de que «no cualquier ampliación es un avance hacia la igualdad». Reclaman una reforma de los permisos de paternidad y maternidad que fomente su uso igualitario, por lo que pide que no sean simultáneos, para que los progenitores puedan turnarse en el primer año del bebé.

Por otra parte, se destinarán 515 millones de euros más en el 2019 para «mejorar» las cuantías del sistema de dependencia, lo que supone un «incremento del 40 %» respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.800 millones, y 315 millones de euros para «recuperar» las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de los dependientes.

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