Los Gobiernos catalanes, reyes de los recortes

En paralelo al desafío secesionista, los Presupuestos de la Generalitat han ido disminuyendo el peso de la educación, la sanidad y los servicios sociales, mientras se disparaba la deuda


Barcelona / enviada especial

La Administración catalana no ha levantado cabeza desde los recortes aplicados por Artur Mas, y que ERC apoyó en prácticamente todos los departamentos. Sus sucesores, Carlos Puigdemont y Quim Torra, han centrado sus mandatos en el desafío independentista y han abandonado la gestión pública, que desde el 2010 está prácticamente paralizada. Las políticas de Jordi Pujol de privatizar prestaciones y adelgazar la Administración fueron todo un preludio. La congelación del gasto, y en algunos casos la disminución, en el esqueleto del Estado del bienestar -la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda y la seguridad-, ha hecho retroceder a la comunidad. Las demás autonomías también han tenido que apretarse el cinturón, pero cada una fue libre de escoger dónde introducir el bisturí. La única acción conocida de Quim Torra es la movilización de independentistas.

Sanidad

Listas de espera que no paran de crecer y un 27,5 % de inversión menos que antes de la crisis. Las enormes listas de espera que arrastra el sistema de salud catalán van acompañadas de una inversión del 27,5 % inferior a la que había antes de la crisis. Las listas afectan tanto a las intervenciones como a la realización de pruebas diagnósticas y a las consultas. Por citar algún ejemplo ilustrativo, para una ecografía ginecológica hay que esperar 76 días, y para un electrocardiograma en el hospital Sant Pau de Tarragona, 107. En diciembre del 2017, más de 170.000 personas aguardaban para acceder a una intervención quirúrgica, un 3,4 % más que el año anterior, según la web CatSalut. El récord lo marcaron los 177.000 pacientes en espera durante el Gobierno de Artur Mas (2010-2016). De quienes están en situación de espera, 6.700 aguardan desde hace más de un año, y medio millar están en lista desde hace dos años. Algunos centros de asistencia primaria de Barcelona tardan más de tres semanas en dar cita con el médico de familia. Y es que la red asistencial perdió de golpe 1.500 millones de euros de presupuesto en el 2010, y, aunque fueron parcheados en el 2017 con 70 millones, no se recuperó. Cataluña lidera el ránking de comunidades que más han recortado en sanidad. De los 10.000 millones que se redujo la inversión en la sanidad pública en toda España entre el 2009 y el 2015, la mitad se perdieron en Cataluña. El consejero de Salud Toni Comín (2016-2017), ahora huido a Bélgica, no fue capaz de mejorar la situación.

Educación

Enseñanza obligatoria: más barracones y condenas a pagar comedores. Los recortes situaron a Cataluña a la cola de la UE en inversión educativa. El anuario de la fundación Jaume Bofill del 2015 cifra la inversión catalana en un 2,8 % frente al 5,2 % de promedio de la UE. El informe equipara a la comunidad con países como Perú, Laos y Liberia. En la enseñanza obligatoria, hay más escolares en barracones que en el 2010 y las ayudas a los comedores, que ante la dejadez de la Administración autonómica han liderado los ayuntamientos, han acabado en sentencias obligando a la Generalitat a abonar esos gastos. Los presupuestos para investigación educativa y formación de profesores se han reducido prácticamente a cero.

Universidades, el mismo presupuesto que en el 2010. El recorte en los impuestos de sucesión aplicado por el entonces consejero de Economía de Artur Mas, Mas-Colell, que representó una pérdida de ingresos de mil millones al año, para beneficiar a unos pocos, contrasta con el presupuesto de 700 millones con los que se financian las universidades públicas catalanas y cuyo importe no ha aumentado desde el 2010. La autonomía universitaria también es puesta en entredicho. Para reponer profesorado se nombra una comisión de cinco miembros: dos de la universidad, dos de la Generalitat y un quinto acordado por ambos. Los rectores de las dos universidades más importantes tradicionalmente, la de Barcelona y la Autónoma, ya han empezado a hacer presión en público para revertir el intervencionismo de la Generalitat. La financiación deficiente es una de las causas de que las matrículas cuesten el triple que en Galicia.

Servicios sociales

Cero euros a guarderías. Cataluña ha sido la comunidad en la que más ha disminuido el gasto social, un 26 % entre el 2009 y el 2015. Nunca fue el fuerte de los Gobiernos de la Generalitat la atención a los más pequeños. Pese a que en la comunidad uno de cada tres niños van a la guardería, no hay un sistema público de centros para ellos, y eso que la Generalitat tiene la competencia exclusiva de la educación infantil. Las ayudas a las guarderías fueron de mal en peor hasta desaparecer. En el 2010 destinó 120 millones a guarderías, la mitad en el 2014 y desde el 2015 ni un solo euro. También eliminó las ayudas para la escolarización de niños en situaciones desfavorecidas. Los ayuntamientos han tomado las riendas de la situación, cada uno a su manera.

Residencias y ayuda a la dependencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda cinco plazas por cada cien mayores de 65 años. En Cataluña hay 2,5. Y mientras en Galicia, con una población mucho más envejecida, son 1.500 las personas en lista de espera, solo en Barcelona llegan a 4.000. En la programación 2008-2012 se anunció la construcción de diez residencias y se levantaron 4. Las residencias de mayores están mayoritariamente en manos del sector privado y solo algunas plazas tienen subvenciones de la Generalitat. También en este asunto los ayuntamientos han entrado a sustituir la paralización de la Administración autonómica, con el gasto que eso les supone. La congelación del presupuesto es el otro problema. Un informe de la patronal ACRA de residencias de ancianos, la más grande de Cataluña, detalla que mientras las tarifas públicas permanecen estancadas desde hace siete años, los gastos han aumentado, como mínimo, un 11 %. En centros de día, señala el informe, ocurre más de lo mismo.

Finanzas

Tardanza en pagar a proveedores. El período medio de pago de la Generalitat a los proveedores fue el pasado julio de 44,19 días frente al 12,75 de Galicia. Esa tardanza viene creciendo desde hace años. Bajo el mandato de Oriol Junqueras como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, en el 2016 y el 2017, era de 21,22 y 24,09 días, respectivamente también en julio. En las mismas fechas, los farmacéuticos estaban cobrando a 81,9 días respecto a la fecha de facturación. Actualmente, hay entidades de la Generalitat que tardan más de cien días (Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, 111,10; Consorcio Sanitario de Tarrasa, 160,63), según la web de la Generalitat.

Función pública

Reducción de personal. La política de los Gobiernos nacionalistas catalanes también ha pasado por la reducción del personal (6.832 personas menos desde el 2010 al 2015). Este adelgazamiento del número de empleados públicos tuvo una mayor repercusión en las instituciones sanitarias y docentes (55 %). Solo los cuerpos de seguridad, compuestos por los Mossos y los bomberos, han visto incrementar sus plantillas (1.044 personas). Recientemente, el Gobierno de Quim Torra ha anunciado la convocatoria de 30.000 plazas de funcionario.

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Cristian Reino
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Con una reunión de urgencia, Quim Torra y Pere Aragonès firmaron el viernes el armisticio entre Junts per Catalunya y Esquerra. Pero la guerra en el independentismo está para quedarse.

Exconvergentes y republicanos se embarcaron hace seis años en un proceso político para tratar de convertir a Cataluña en un Estado independiente, o al menos para forzar al Gobierno central a negociar un referendo de autodeterminación. Con el colapso de su proyecto, la separación es irreversible. Torra y Aragonès han pactado que el divorcio no se consumará, al menos, hasta que se conozca la sentencia del juicio del 1-O. Se dan unos meses de tregua. Los presos, los huidos y el victimismo contra el Estado ejercerán de nexo cohesionador, pero son conscientes de que ya no les une más que eso. Mientras el proceso secesionista seguía su curso, había un bien superior que mantenía la unidad. Se cerraba filas porque nadie quería aparecer como un traidor. El fracaso de la vía unilateral ha llevado a un callejón sin salida al independentismo, que ha vivido su particular semana horribilis, la prueba del nueve que la situación es de colapso general. Empezó con la imagen de una turba de manifestantes intentando entrar a las bravas al Parlamento de Cataluña horas después de que el presidente de la Generalitat alentara a los radicales a seguir «apretando» en la calle. Acabó con el Parlamento de nuevo bloqueado y sin poder celebrar votaciones.

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