El colapso soberanista lapida la legislatura

A la mal disimulada fractura del Gobierno catalán, que la CUP ve «herido de muerte», se suma un ultimátum de ANC a Torra para avance hacia república antes del 21D

Los cerca de 5.000 «mossos» que se manifestaron por el centro de Barcelona se cruzaron aplausos con sus compañeros de la jefatura de la Policía Nacional
Los cerca de 5.000 «mossos» que se manifestaron por el centro de Barcelona se cruzaron aplausos con sus compañeros de la jefatura de la Policía Nacional

Barcelona / Colpisa

Con una reunión de urgencia, Quim Torra y Pere Aragonès firmaron el viernes el armisticio entre Junts per Catalunya y Esquerra. Pero la guerra en el independentismo está para quedarse.

Exconvergentes y republicanos se embarcaron hace seis años en un proceso político para tratar de convertir a Cataluña en un Estado independiente, o al menos para forzar al Gobierno central a negociar un referendo de autodeterminación. Con el colapso de su proyecto, la separación es irreversible. Torra y Aragonès han pactado que el divorcio no se consumará, al menos, hasta que se conozca la sentencia del juicio del 1-O. Se dan unos meses de tregua. Los presos, los huidos y el victimismo contra el Estado ejercerán de nexo cohesionador, pero son conscientes de que ya no les une más que eso. Mientras el proceso secesionista seguía su curso, había un bien superior que mantenía la unidad. Se cerraba filas porque nadie quería aparecer como un traidor. El fracaso de la vía unilateral ha llevado a un callejón sin salida al independentismo, que ha vivido su particular semana horribilis, la prueba del nueve que la situación es de colapso general. Empezó con la imagen de una turba de manifestantes intentando entrar a las bravas al Parlamento de Cataluña horas después de que el presidente de la Generalitat alentara a los radicales a seguir «apretando» en la calle. Acabó con el Parlamento de nuevo bloqueado y sin poder celebrar votaciones.

Carles Puigdemont, que se niega a aceptar el fracaso y trata de dinamitar cualquier intento de regreso a una cierta normalidad institucional, tiene buena parte de la responsabilidad. «A JxCat no le interesa ni la república ni la independencia. Su único objetivo es ir a por Roger Torrent y defender a Carles Puigdemont», afirma un diputado de Esquerra.

Lo que se llegaron a decir unos sobre los otros el miércoles pasado en los pasillos del Parlamento catalán, mientras negociaban cómo aplicar el auto de Llarena sobre la suspensión de los diputados procesados, es irreproducible e invita a pensar que la reconciliación es imposible, a pesar de los paños calientes posteriores. «Habrá nuevos episodios», señalan en el entorno del presidente de la Generalitat. Consideran que la legislatura está muy tocada, pero también señalan que en los últimos años las han visto de todos los colores y han conseguido seguir adelante. Aguantar y ganar tiempo, esa es la clave. «De pelea en pelea, hasta la derrota final», ironiza una diputada republicana.

Torra tendrá la capacidad de convocar elecciones a partir del próximo día 27 y si no lo hace es porque JxCat, que ni siquiera es un partido a la espera de que cristalice la Crida, no tiene ni candidato ni proyecto que ofrecer a su electorado, que le votó con el único punto en el programa de restituir al expresidente Puigdemont. Esquerra, en cambio, lleva meses tratando de resituarse. Además de un cambio en los líderes (Aragonès, Torrent y Sabrià han tomado las riendas, mientras Junqueras sigue en prisión) está pilotando un giro estratégico. Habla de ampliar la base soberanista, de buscar alianzas más allá del independentismo (la apuesta de Ernest Maragall en Barcelona va en esa línea) y de situar el referendo en el centro del debate. Se atreve a decirle a Torra que no hay que vender humo, que hay que decir la verdad a la gente y que hay que pinchar la burbuja del procés. Puigdemont y el presidente vicario en cambio se niegan. Insisten en que hay que hacer efectiva la república y en que hay que volver a investir al expresidente.

Fuego amigo

Lo que se ha vivido esta semana en la Cámara tendrá segundas, terceras y enésimas partes. La siguiente será el martes con la reanudación del pleno aplazado el jueves. Está por ver si Torrent acepta el riesgo de ser arrastrado a una querella. JxCat insiste en no acatar la suspensión de Llarena y Esquerra la acepta. Ambas formaciones llegaron a un pacto de mínimos que trata de preservar la estabilidad del Gobierno catalán, pero bloquea la Cámara autonómica.

Entre tanto fuego amigo, y como aviso para navegantes, Torra advirtió por primera vez que cuando vea que no es posible alcanzar la independencia, dimitirá. Un compromiso que no esconde que el presidente catalán está cada vez más solo. El martes lanzó un ultimátum a Pedro Sánchez y ni ERC ni una parte del PDECat lo secundaron. Por primera vez, tuvo que escuchar gritos de dimisión en una manifestación secesionista convocada por los CDR, a los que se dirige como sus «amigos». La CUP, que ve la legislatura «tocada de muerte», habla de cambio de rasante y que a partir de ahora las protestas contra el Gobierno catalán irán a más si la gente ve que no da pasos hacia la república.

Y hasta la Asamblea Nacional Catalana lanzó ayer un ultimátum a Torra. Si antes del 21 de diciembre no ha fijado una estrategia para implementar la república de forma unilateral, pedirá su dimisión y la de su Gobierno.

Miles de «mossos» se manifiestan para exigir a Torra que condene la violencia del 1-O

Al presidente de la Generalitat se le acumulan las desafecciones. No es solo la consumación práctica de la fractura interna de su Gobierno y las críticas cada vez más acerbas desde el resto de los sectores independentistas. También los Mossos se han vuelto contra la cúpula política de la policía y de la Consejería de Interior, y por extensión contra el propio Quim Torra. Ayer, unos 5.000 agentes se manifestaron por el centro de Barcelona para denunciar las deficiencias del dispositivo policial del pasado 1 de octubre, que concluyó con el asalto de los radicales al Parlamento catalán, y exigir al Gobierno catalán que condene las conductas violentas de los radicales.

Después de los incidentes de la noche del pasado lunes, la práctica totalidad de los sindicatos del cuerpo de policía autonómica denunciaron la irresponsabilidad en el dispositivo de control de la manifestación, que puso en riesgo a los mossos que se quedaron controlando el Parlamento catalán. Culparon de ello al consejero de Interior, Miquel Buch, y exigieron su dimisión, así como la del propio Torra si no condenaba los incidentes.

Los asistentes a la manifestación de ayer, convocada por el sindicato de funcionarios CSIF y el colectivo MosSOS, lucían camisetas negras y algunos de ellos portaban un ataúd con reivindicaciones laborales escritas sobre él. La marcha iba encabezada por una pancarta con el lema «Por la dignidad y la seguridad de todos». En nombre de la plataforma convocante, David Miquel aseguró en declaraciones a los periodistas, según informa Efe, que aún están esperando «una condena por parte del departamento de Interior a la violencia» del pasado lunes.

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