El secesionismo pacta una tregua para ocultar su cisma y llegar al juicio del 1-O
ESPAÑA
Junts y ERC llegan a un frágil acuerdo para mantener el Gobierno hasta la sentencia
06 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Después de la tempestad del jueves, la calma llegó este viernes al independentismo. De momento. Hasta que otra tormenta vuelva a enfrentar a las dos almas del secesionismo, que este viernes consiguieron firmar un pacto de no agresión, que asegura, o al menos esa es su intención, la unidad en el Gobierno catalán «como mínimo» hasta la sentencia del juicio del 1-O, prevista, como pronto, para después de las elecciones municipales de mayo.
Ese será el punto de inflexión de la legislatura. Así lo acordaron Quim Torra y Pere Aragonès, presidente y vicepresidente de la Generalitat y los dos hombres fuertes del independentismo, uno de JxCat y el otro de Esquerra. Lo que pueda ocurrir tras las sentencias ya es toda una incógnita. Torra lleva semanas con el aviso de que unos fallos que impliquen penas de prisión no serán aceptados por el independentismo, que impulsará una respuesta en la Cámara catalana equiparable al 1-O, con otra declaración de independencia, junto con movilizaciones o elecciones. Este es el horizonte que otea el secesionismo a medio plazo.
Torra y Aragonès se reunieron por espacio de tres horas en el Palau de la Generalitat y salieron con un acuerdo de mínimos, que aleja de entrada el fantasma del adelanto electoral inmediato, pero cierra en falso la crisis. Y es que el motivo por el que chocaron JxCat y ERC el jueves en el Parlamento catalán -la negativa de JxCat a acatar la suspensión de los diputados procesados decretada por Llarena- se mantiene sin que las dos partes sean capaces de acercar posiciones. La Cámara catalana retomará el martes la sesión del debate de política general para votar las propuestas de resolución que quedaron pendientes después de las desavenencias entre JxCat y ERC, y se verá si ha habido acuerdo.
Torra y Aragonès aseguraron que el acuerdo al que llegaron el jueves, y que en esencia implica que los diputados de JxCat suspendidos (entre ellos Puigdemont) no acatan el auto de Llarena, pues delegan su voto, a diferencia de los de Esquerra, que lo designan, sigue vigente. Está por ver si el presidente del Parlamento, Roger Torrent, aguanta la presión o ignora las advertencias que le han lanzado el Gobierno central y los letrados de la Cámara catalana y permite la delegación de voto a los neoconvergentes suspendidos. Hasta el martes aún puede pasar de todo. Pero desde enero, cuando impidió la celebración del pleno de investidura de Carles Puigdemont, JxCat se la tiene jurada a Torrent. Y le busca en cada votación de la Cámara.
El presidente y el número dos del Ejecutivo catalán, en cualquier caso, trataron ayer de trasladar una imagen de unidad e incluso negaron la crisis, aunque el enfrentamiento ha sido a cara de perro y en público. Es además el enésimo de la legislatura. Los dos líderes del independentismo se conjuraron para «reforzar» el acuerdo de legislatura y concretar «la estrategia» para llegar a la independencia. «Este Govern gobierna desde el primer día, es fuerte, está unido y hoy reafirmamos el compromiso de unidad», dijo Torra. «La estabilidad no está en cuestión», complementó Aragonès.
Profundas diferencias
Los dos primeros espadas del secesionismo, sin contar a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, uno huido en Bruselas y el otro en prisión, solo reconocieron que entre los dos socios secesionistas se ha producido cierta «descoordinación», subsanable si se «mejoran sus mecanismos». Eso sí, culparon de estos desajustes a «la presión de Justicia española» y «a la situación de excepcionalidad» como consecuencia de la «represión» del Estado. Su inocultable enfrentamiento no tuvo nada que ver, de acuerdo a su versión.
Torra y Aragonès obviaron las profundas diferencias que separan a los dos principales actores del independentismo. El objetivo de JxCat no es otro que restituir a Puigdemont y arrastrar a Torrent a la desobediencia. Esquerra, en cambio, cree que la independencia tiene que cocinarse a fuego lento, paso a paso y volviendo a la casilla del referendo. Presidente y vicepresidente pactaron un texto de cuatro folios que leyeron en su comparecencia en la Sala Gótica del Palau de la Generalitat, la de las ocasiones solemnes. Casualidad o no, la parte que leyó Torra situaba como objetivo de la legislatura hacer «real la república», mientras que la parte de Aragonès no mencionaba ni la independencia ni la república y fijaba el norte en el derecho a decidir.
El Constitucional estudiará la suspensión en el cargo público de los diputados presos
El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva contra la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, luego confirmada por la Sala de Apelaciones, de suspender a ambos de cargo público tras ser procesados por un delito de rebelión. La corte de garantías afirma que en el escrito de los dos dirigentes de Esquerra «concurre una especial trascendencia constitucional, porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal».
Se da la circunstancia que, precisamente, la suspensión de funciones de Junqueras, Romeva y cuatro diputados electos más, entre ellos Carles Puigdemont, fue el motivo que el jueves bloqueó el debate en el pleno del Parlamento catalán. En su recurso, el exvicepresidente y el exconsejero argumentaron que la suspensión preventiva de su derecho a ejercer como cargos públicos sin que medie sentencia condenatoria es «un atentado a su presunción de inocencia», al margen de la violación de otros derechos fundamentales.
El Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por Puigdemont y los exconsejeros huidos Clara Ponsatí y Lluís Puig contra el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena y contra el auto dictado por la Sala Penal de Apelación del Supremo. No obstante, les advierte de que si quieren recurrir también la suspensión en sus funciones públicas, como Junqueras y Romeva, deberán hacerlo en demandas separadas.
