Torra pone al Gobierno contra las cuerdas

Lanza un ultimátum a Sánchez y le dice que los independentistas le retirarán su apoyo en el Congreso si antes de un mes no presenta una propuesta para un referendo de autodeterminación

Quim Torra: «O se pacta una propuesta de autodeterminación o no podemos garantizar la estabilidad de Sánchez en el Congreso» El presidente de la Generalitat lanza un ultimátum al presidente Sánchez con fecha de caducidad: Le da menos de un mes para pactar un procedimiento de autodeterminación.

La Voz en BARCELONA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aprovechó este martes el pleno de debate de política general en la Cámara catalana para lanzar un ultimátum a Pedro Sánchez: le retirará su apoyo en el Congreso si antes de noviembre no hay una propuesta del Gobierno sobre cómo hacer un referendo de autodeterminación en Cataluña. El órdago lo arrojó Torra en su momento de mayor debilidad, con el independentismo resquebrajado y con la CUP y «la calle» en contra, pidiendo su dimisión, como sucedió el lunes en el intento de asalto al Parlamento catalán y durante la manifestación previa en conmemoración del 1-O.

El presidente catalán también tiene en cuenta los tiempos políticos que le marcan que a partir del próximo día 28 puede disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones, al cumplirse un año de la anterior llamada a las urnas. Por eso su retórica amenazante de «antes de tener un Estado de bienestar tenemos que tener un Estado», que había dicho Mirel Casals, la dirigente de la ANC muerta en un accidente de tráfico en Barcelona, la continuó con otra falacia: «Si el Estado español condena a los presos políticos, estarán condenando a la mayoría del pueblo de Cataluña. ¿Qué creen, que no reaccionaremos?». Un capítulo más del relato independentista de atribuir al Estado lo que es una cuestión estrictamente del ámbito judicial y de hablar de «presos políticos» cuando son políticos presos.

Burlas al 155

Encaja en los tiempos esta advertencia con la estrategia de recuperar la tensión para sacar provecho electoral si el juicio a los políticos procesados comienza el próximo enero. Pero Torra no solo lanzó el ultimátum a un Sánchez necesitado del apoyo de los independentistas en el Congreso para sobrevivir en la Moncloa, sino que también se jactó de haber reabierto las delegaciones en el extranjero cerradas con el 155 y cuyas bajadas de persiana cifró en 1,75 millones de euros. Fue más allá y aseguró que la Generalitat seguirá teniendo representación exterior porque quieren seguir incentivando «una Cataluña abierta al mundo».

En su avance del impacto de la aplicación del artículo 155 y de la intervención de la Administración catalana atribuyó a esa medida la suspensión de numerosos proyectos y acciones que perjudicaron de manera especial a sectores vulnerables. Atribuyó al 155 el que centros para gente mayor «se quedasen sin liquidez».

Sorprendió asegurando que «Cataluña va bien, la economía de Cataluña va bien», cuando por culpa de todo el proceso de intento de ruptura del Estado se han ido de la comunidad más de 5.000 empresas en un año. Pero él insistió: «Queremos conseguir la soberanía económica».

El ultimátum de Torra a Sánchez fue criticado por todos los partidos de la oposición, desde el PP a los comunes, a excepción de la CUP, que centró sus reproches en la actuación de los Mossos y las órdenes del Gobierno catalán frente a las manifestaciones por el 1-O. «Es el último plazo de su hipoteca para llegar a la Moncloa», reaccionó Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y volvió a ofrecer el apoyo de su partido para una nueva intervención de la autonomía. «Él ya sabe que no habrá negociación sobre la autodeterminación», valoró Iceta (PSC) antes de preguntarse con ironía por qué «le hace falta esperar a noviembre». El diputado de Catalunya en Comú-Podem Joan Josep Nuet lamentó el discurso de Torra, porque «ponerse otro plazo es un profundo error». Y la diputada popular Andrea Levy aseguró que «el señor Torra ya no es solo un agitador alentando la violencia, ahora también es un chantajista y el Gobierno de España no puede tolerar esta humillación», por lo que ofreció su apoyo a Sánchez para aplicar otra vez el 155.

JxCat y ERC, más los comunes, convierten la suspensión de los diputados en sustitución

C's y PP abandonaron el Parlamento y el PSC tampoco votó una resolución que entienden fraudulenta

M. L.

A base de malabarismos jurídicos y políticos, el Parlamento catalán aprobó ayer sustituir, que no suspender, a los seis diputados procesados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y que desde julio no cobran de la Cámara autonómica. PP y C's abandonaron el hemiciclo antes de la votación. El PSC se quedó, pero no votó. La votación del dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado se hizo en dos partes, pese a las advertencias de los letrados. De haberla hecho de modo conjunto no hubiese superado el trámite. Primero se posicionaron sobre si se considera suspendidos a los diputados, lo que fue rechazado por Junts, ERC, comunes y CUP. Y, después, la sustitución, que fue aprobada por mayoría simple -y no absoluta como mantenían los letrados hasta el lunes-, con los votos de Junts, ERC y los comunes. La CUP justificó su voto en contra en que «no garantiza la soberanía del Parlamento».

El pleno, el primero que se celebra desde julio, fue bronco y con interrupciones. En su turno, Inés Arrimadas describió «un doble ataque a la democracia»: desde fuera, dijo, el asalto al Parlamento del día anterior, y desde dentro, la «barbaridad que es votar si les gusta o no una resolución judicial». «¿Se imaginan que el PP en el Congreso quisiera votar si acatan o no la sentencia de la Gürtel?», les lanzó. Aunque también aprovechó para hurgar en el PSOE: «¿O Susana Díaz con la sentencia de los ERE?».

«Cabecilla de comando violento»

La líder de la oposición acusó a Torra de ser «cabecilla de un comando violento» y le advirtió de que sus palabras jaleando a los CDR «le perseguirán toda la vida». Responsabilizó a los independentistas de saltarse el reglamento del Parlamento. «No existe la figura de sustituto de diputado en ninguna ley», señaló, y anunció que presentarán una querella contra los miembros de la Mesa para que respondan ante los tribunales.

Junts per Catalunya y ERC aludieron a la defensa de los derechos de los diputados procesados y a evitar «injerencias» de los tribunales en la Cámara autonómica. La diputada del PSC Alicia Romero acusó, por su parte, a los independentistas de estar «engañando a la gente», porque los diputados «ya están automáticamente suspendidos. Ni cobran ni votan desde el 13 de julio. Están cumpliendo de facto la resolución. Aquí vienen a escenificar. Es intolerable», dijo a los independentistas.

Ciudadanos se querellará contra la Mesa de la Cámara catalana por permitir la votación En Comú Podem, que recibió las críticas de Ciudadanos y PSC por permitir la votación, se escudó en la necesidad de pragmatismo: «Se trata de una solución que desbloquee la situación», soltó Marta Ribas. Vidal Aragonés (CUP) repartió hacia todos los lados. Que si Llarena «actúa como legislador». Que si el Gobierno catalán primero pide movilizaciones y después las reprime. Y defendió su voto como el «único que mantiene los derechos intactos» de los diputados procesados por rebelión. Por su parte, los populares exigieron la dimisión de Quim Torra, «por la dignidad del cargo institucional que él representa», debido a los disturbios del lunes y su llamamiento a la movilización. Calificaron el debate de ayer de «innecesario» porque la suspensión de los diputados procesados dictada por Llarena es «automática».

Una de las interrupciones del crispado debate la protagonizó el presidente de la Cámara, Roger Torrent, al escudarse en que el sistema de votación se había acordado en la reunión de la Mesa. José María Espejo-Saavedra, miembro de esta, estaba al quite. Se fue al escaño, pidió la palabra y le espetó: «No es cierto, es falso, no se ha acordado en la Mesa».

Los sindicatos de los Mossos se rebelan contra la cúpula política

mercedes lodeiro

La acusan de dejarlos desprotegidos, piden el cese del consejero de Interior y que no se los instrumentalice

Prácticamente todos los sindicatos policiales de los Mossos d'Esquadra coincidieron este martes en criticar a la dirección política del cuerpo y acusarla de «irresponsabilidad» por la falta de previsión en el dispositivo diseñado para la manifestación celebrada con motivo del aniversario del referendo ilegal del 1-O, que concluyó con disturbios ante el Parlamento catalán y la Jefatura de la Policía Nacional. La acusan de fallo en la prevención, de que los efectivos eran escasos y de poner en juego la vida de los agentes (32 resultaron heridos) y de los manifestantes, y más «teniendo en cuenta el nivel de alerta extremo».

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