El Ministerio del Interior última un test específico para valorar el riesgo de asesinato machista

alfonso torices MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Mariscal | Efe

Tratará de determinar si el agresor puede desencadenar un ataque mortal repentino contra su víctima sin pasar por un período de endurecimiento del maltrato

03 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio del Interior ultima el diseño de un test policial específico para valorar el riesgo de que una víctima de violencia machista pueda ser asesinada, lo que permitirá tomar las medidas preventivas necesarias. El test, que según Fernando Grande-Marlaska estará en funcionamiento «próximamente», es un instrumento que trata de complementar el actual protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de las víctimas, que está más centrado en tratar de detectar la posibilidad de que el agresor reitere los ataques.

El nuevo instrumento, que lleva en diseño varios meses, llega tras un septiembre negro, en el que fueron asesinadas siete mujeres por sus parejas o exparejas y dos niñas por un padre que quería vengarse de la mujer que lo dejó. En varios de los asesinatos se detectó que policía y tribunales fallaron al calibrar el riesgo de las denunciantes, a las que no dieron la protección necesaria.

El nuevo test tratará de determinar si el agresor puede desencadenar un ataque mortal repentino contra su víctima, sin pasar por un período de endurecimiento del maltrato, en base a la mayor o menor incidencia de factores clave, como la amenazas directas y explícitas de muerte o la cercanía de una separación o un divorcio, entre otras.

Hijos menores

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska también indicó que los equipos policiales han comenzado a incluir por sistema a los hijos menores de las víctimas en el proceso de valoración de riesgos, cosa que hasta ahora solo se hacía en algunos casos.

Grande-Marlaska explicó en el Senado que su departamento trabaja en una batería de medidas para aumentar la efectividad contra la violencia machista, como el intercambio constante de información con otras Administraciones, con la vista puesta en víctimas que no han denunciado; la implicación de las policías locales en la protección, o el control del cambio de domicilio de los condenados.