Puigdemont admite que la Unión Europea da la espalda al desafío independentista
ESPAÑA
El Gobierno de Sánchez insta a los secesionistas a ser inteligentes y a dialogar
29 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lleva casi un año en Bruselas, donde huyó tras la declaración unilateral de independencia, y empieza a asumir algo que no hacía cuando llevaba las riendas del Gobierno catalán: que las instituciones europeas no quieren saber nada del desafío independentista. «Es evidente que la Unión Europea, las instituciones europeas, no han apoyado la causa catalana. Lo que critico, mi decepción no es en relación a la independencia, sino que callen en relación a los derechos fundamentales», afirmó ayer en la televisión pública belga RTBF. Aun así, Puigdemont insiste en llamar a la puerta de los organismos comunitarios. El exmandatario catalán interpeló ayer directamente al presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk, quien asumió un papel protagonista al tomar las riendas el 10 de octubre y forzar a Puigdemont a desistir con la declaración de independencia, que se trasladó para el día 27. El día 10, Puigdemont reclamó una mediación a Tusk y ayer insistió en llamar a la puerta del presidente del Consejo. Solo a él y no al presidente de la Comisión, quien siempre se negó a recibirle cuando viajaba a Bruselas siendo presidente. «Ha sido el único que al expresarse sobre la crisis catalana lo ha hecho de una forma respetuosa», dijo. Tanto Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, como Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo siempre se han mostrado muy críticos con el independentismo catalán.
En lo personal, Puigdemont reiteró su deseo de regresar a Cataluña. «Cada día me digo que es mi último día en Bélgica», expresó.
«¿De qué conflicto habla?»
De responder a la advertencia que lanzó el jueves desde Nueva York el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien amenazó con elecciones si el independentismo prioriza el conflicto, se encargó de responder el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y lo hizo con contundencia: «¿De qué conflicto está hablando, con presos políticos, con exiliados, con casi 2.000 catalanes que están siendo investigados, con nuestro derecho a la autodeterminación negado una y otra vez?». Fue su réplica desde Lérida, en cuya Escuela Oficial de Idiomas inauguró una placa conmemorativa del 1 de octubre.
En vísperas del primer aniversario del referendo ilegal, Torra reivindicó «el espíritu del primero de octubre, con toda la determinación, toda la fuerza, todo el coraje y toda la no violencia».
Oportunidad
El Gobierno central, que necesita el apoyo de los 17 diputados de ERC y el PDECat, insistió ayer en pedir calma al Ejecutivo catalán para que no abandone la mesa de diálogo y pueda abrirse una negociación para resolver la cuestión catalana. Si son «inteligentes», aprovecharán esta «oportunidad» para seguir «un camino político» en la vía de buscar una resolución del conflicto, expresó la ministra portavoz, Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Torra, en cambio, reiteró que el secesionismo «no renunciará al derecho de autodeterminación» ni a hacer efectiva la república y rehuyó toda responsabilidad si al final hay adelanto electoral. El presidente de la Generalitat, el pasado martes en la presentación de su primer plan de gobierno, no descartó la vía unilateral, a pesar de que el 53 % de los catalanes son contrarios a la independencia, y avisó al Gobierno central con tumbar los Presupuestos y retirarle su apoyo si no hace movimientos en materia de presos y en lo que afecta a la soberanía de Cataluña. Sánchez, en cualquier caso, ya ha tenido gestos con el independentismo desde que llegó a la Moncloa, en parte gracias a que ERC y el PDECat apoyaron la moción contra Rajoy.
El Tribunal Superior de Cataluña reconoce que el 1-O quebró la confianza entre jueces y Mossos
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, admitió ayer que hubo una «quiebra de confianza» entre los jueces, sobre todo los de instrucción, y los Mossos d’Esquadra después del referendo del 1 de octubre. El magistrado ha reconocido la existencia de este período de «desafección» durante una conversación con periodistas en el marco del acto de apertura del curso académico de la Escuela Judicial de Barcelona. Sin embargo, ha precisado que se ha hecho un esfuerzo «potente y efectivo» con la cúpula de la policía catalana para recuperar la confianza. «Es necesario que reciban el mensaje de que apreciamos el esfuerzo para recuperar y mantener la confianza», ha subrayado Barrientos.
El PP propone castigar con prisión la convocatoria de referendos ilegales
El Grupo Popular en el Congreso ha registrado una proposición de ley de reforma del Código Penal para volver a castigar con penas de hasta cinco años de cárcel a los que convoquen, promuevan o participen en referendos ilegales. Los populares promueven esta modificación legislativa bajo el título de medidas para «reforzar el Estado de derecho y las instituciones del Estado».
El texto del PP, en esencia, pretende rescatar la penalización de estas consultas que ya introdujo en el Código Penal en el 2003 el Gobierno de José María Aznar en plena ofensiva del denominado Plan Ibarretxe. Entonces se reformaron tres artículos, que nunca llegaron a utilizarse, porque el Gobierno vasco nunca llegó a convocar una consulta. Con la llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero, las consultas ilegales se despenalizaron. Los populares piden reintroducir en el Código Penal el artículo 506 bis para penar con entre tres y cinco años de cárcel a la autoridad o funcionario público que, «careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referendo en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución». Los populares son conscientes de que con la actual composición parlamentaria será difícil sacar adelante esta reforma.
La votación sobre la suspensión de los diputados procesados, en el aire tras los avisos de los letrados de la Cámara
La suspensión de los diputados procesados por el juez Pablo Llarena sigue dando vueltas en el Parlamento catalán, que no convoca plenos desde julio para evitar cumplir esa resolución. El próximo martes prevé celebrar el de debate de política general, pero su realización pende una vez más de cómo acatar el auto de Llarena.
Los grupos parlamentarios tienen dudas de si la sustitución de esos diputados debe hacerse por mayoría absoluta o simple, caso este último por el que se inclinan Junts y ERC, e incluso los comunes, -la CUP se quedaría, en principio, al margen-. Pero no cuentan con los apoyos suficientes para aprobar ese punto del dictamen que se votará en el pleno antes de que comience el debate de política general. Ciudadanos se ausentó ayer de la Comisión del Estatuto del Diputado tras perder una votación para que se retirase el dictamen, lo que solo apoyó PSC y PP.
El dictamen propone por una parte votar la suspensión de los diputados procesados por rebelión y, por otra, que cedan «sus derechos parlamentarios» a otros, una fórmula que en principio se adaptaría a la propuesta que Llarena hizo para no alterar la composición de la Cámara.
Ahora bien, en la Comisión del Estatuto del Diputado, el letrado mayor, Joan Ridao, se inclinó por la mayoría absoluta. Además, en la reunión de la Junta de Portavoces posterior, el secretario general del Parlamento, Xavier Muro, aclaró que esos seis diputados (Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva) no podrán votar el martes en el debate del dictamen, lo que provocó una queja de la CUP, pues a su juicio eso presupone suspender a esos diputados antes de que la Cámara se pronuncie.
La Mesa decidirá pues el mismo martes cómo votar y aprobar la sustitución de Puigdemont y los presos, si por mayoría absoluta (68 votos) o simple (más votos a favor que en contra). Si no votaran los seis diputados suspendidos, además de Toni Comín -huido en Bélgica-, JxCat y ERC no sumarían la mayoría absoluta de 68 diputados si la CUP no les apoya, pues con los comunes se quedarían en 67 votos.
Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, anunció que su grupo prepara una querella contra los miembros soberanistas de la Mesa por «desobedecer» al Tribunal Supremo, contra el letrado mayor por su «colaboración» al no haber puesto ninguna objeción a una votación «ilegal», y contra los miembros de JxCat y ERC en la Comisión del Estatuto de los Diputados.