El presidente de la Cámara flamenca ataca a España y provoca una crisis con Bélgica

España ha dicho basta ante Bélgica a cuenta de la actitud del socio europeo en relación con el conflicto catalán. Tanto que Exteriores ha abierto un conflicto diplomático al convocar al embajador belga en Madrid para expresarle su más enérgica protesta. La gota que ha colmado el vaso no ha sido un decisión judicial, como las que denegaron la entrega de Carles Puigdemont y sus exconsejeros a la Justicia española o la demanda contra el juez Pablo Llarena por su supuesta parcialidad en el proceso contra los líderes secesionistas. El detonante ha sido una carta del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, dirigida a la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado marzo.

Peumans, del partido independentista Nueva Alianza Flamenca (N-VA) -que forma parte de coalición del Ejecutivo central que preside Charles Michel-, empieza por lamentar en la misiva el encarcelamiento de la expresidenta del Parlamento autonómico, a la que conoció en Bruselas. El dirigente flamenco eleva el tono en los siguientes párrafos: «Mantener a políticos arrestados durante meses es un acto aún más insidioso, una prueba de que el Gobierno central en España no cumple con las condiciones para ser parte de un Estado moderno de la Unión Europea». Y, en calidad de representante del Parlamento flamenco -él mismo se autodefine así-, traslada a Forcadell y a los otros presos su deseo de que recuperen la libertad, «porque es absolutamente inaceptable para los políticos ser arrestados por sus opiniones».

Estas afirmaciones causaron un hondo malestar en el departamento que dirige Josep Borrell, especialmente sensible a todo lo que concierne al desafío independentista en el exterior. De hecho, salvaguardar la imagen de España a nivel internacional es una de las máximas prioridades del jefe de la diplomacia.

La respuesta de Asuntos Exteriores fue convocar al embajador belga. Se trata de una medida diplomática que se utiliza para protestar formalmente ante otro país y que España ha usado a menudo con Venezuela o el Reino Unido, en este último caso siempre a cuenta de Gibraltar. La convocatoria, no obstante, es del todo inusual entre países amigos y más aún entre socios de la Unión Europea. El embajador belga, Marc Calcoen, fue citado el pasado 20 de septiembre por la directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa, Aurora Mejía. En paralelo, tuvo lugar en Bruselas otra reunión entre el encargado de Negocios de España, Jorge Novitoli Marín, y la Dirección General de Europa del ministerio belga. En ambos encuentros diplomáticos se entregó una copia de la carta que, a modo de respuesta, el encargado de Negocios ha hecho llegar al presidente del Parlamento flamenco.

«Francamente hostil»

En esta segunda misiva, Exteriores califica de gesto «francamente hostil» que desde un puesto institucional se afirme que España no cumple con los requisitos para formar parte de la UE. «Y, sobre todo, faltando a la verdad, es no ya un gesto inamistoso, sino francamente hostil», afirma.

«Es obvio -continúa la réplica a Peumans- que se arroga usted la facultad de expedir credenciales, empleando parámetros a su medida, muy dispares de los que aplica, sin ir más lejos, el Consejo de Europa». Así, señala que, en contra de lo que critica Peumans en su carta, «ninguna autoridad judicial española ha ordenado la detención de nadie por sus opiniones, sino por la presunta comisión de delitos muy graves tipificados en el Código Penal, tales como la rebelión o la sedición».

Recurren la reapertura de «embajadas»

El Gobierno ha recurrido la decisión de la Generalitat de abrir delegaciones en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, EE. UU., Italia, Suiza y Francia. La Abogacía del Estado ha interpuesto el recurso en nombre del Ministerio de Exteriores ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el decreto del Gobierno catalán para abrir esas delegaciones. El Ejecutivo considera que la Generalitat ha incumplido la ley al no comunicarle antes esa intención.

Presidentes autonómicos advierten al Gobierno contra las concesiones económicas a Cataluña

El acuerdo bilateral alcanzado este martes por la Generalitat con Hacienda para que abone en cuatro años 1.459 millones de euros que el Gobierno catalán reclamaba desde hace unos diez años ha provocado protestas en otras comunidades, incluidas las gobernadas por presidentes socialistas. Tal es el caso de Extremadura y de Castilla-La Mancha, y, en otra medida, de Andalucía y Canarias.

El presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, defendió ayer que el Gobierno «no puede darle dinero a ninguna comunidad» si lo hace «fuera» del modelo de financiación o de la Ley de Presupuestos. «Con lo cual los conejos estos en la chistera que algunos se sacan para vender la burra yo quiero conocerlos bien», afirmó Fernández Vara. Aunque también admitió que «otra cosa distinta» es que, como consecuencia del traspaso que en su día se hizo de los Mossos, «haya que revisar el traspaso» o «determinadas cuestiones», dijo en alusión al reconocimiento de deuda de 700 millones a la policía autonómica catalana, de los que 150 serán incluidos en los Presupuestos del 2019.

Su compañero de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page reaccionó diciendo que mientras haya reuniones bilaterales con las autonomías no habrá un «proyecto unificador de España». Desde Andalucía, el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, barrió para casa, al insistir en que ellos acudirán a la Comisión de Financiación Autonómica con el objetivo de «no renunciar» a lograr 4.000 millones de euros adicionales. Y verdaderamente indignada se mostró la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila. Advirtió a Sánchez que los canarios no van a pagar la deuda de Cataluña, mostró su preocupación por que se sienten a negociar con los catalanes, que es la autonomía que tiene la deuda más alta, mientras que al archipiélago «no llegan los convenios» y la tiene más baja. Es «muy preocupante», señaló, la renegociación de la deuda, porque «se sabe a dónde quiere llegar el presidente de Cataluña».

Barcelona Capital Europea, la plataforma electoral de Valls a la alcaldía

Manuel Valls aspira a todo. Su salto a la arena electoral barcelonesa ha supuesto un terremoto político que ha obligado a todos los actores a mover ficha. El ex primer ministro francés se ha rodeado de un entorno maragallista, entre otros de Xavier Roig, mano derecha del alcalde de la Barcelona olímpica, y ya empieza a dar detalles de su apuesta. La plataforma independiente que lidera se llamará Barcelona Capital Europea. Esta marca electoral, en la que está por ver de qué forma participará Ciudadanos, celebrará su puesta de largo en noviembre dando a conocer el programa y las personas que acompañarán al dirigente galo en la candidatura.

«Me propongo ofrecer soluciones para la gente que está harta de la parálisis política», afirmó ayer. «Quiero posicionar la ciudad en un camino de progreso, crecimiento, seguridad y civismo», apuntó. «Estamos en marcha», avisó. Y cargó con ironía contra Ada Colau: «La respeto. No es fácil gobernar cuando no estás preparado». A los que le acusan de ser el candidato de los poderes fácticos de Barcelona, de los ricos, según lo calificó Ernest Maragall, les respondió que siempre ha vivido de los sueldos de sus cargos y que su madre y su hermana cobran pensiones de 500 a 600 euros. Volvió a hacer gala de pedigrí catalán, catalanista y de izquierdas. Concluyó con varias confesiones de tipo personal: vivirá en París, en la calle París, no lleva escolta y no tiene ningún máster. Solo estudió hasta el bachillerato. «Mi máster es la vida», concluyó.

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