Casado se lanza contra Sánchez tras el rechazo de la Fiscalía a investigarle

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo BAreño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Tarek Mohamed | EFE

El PP exige que el presidente pida disculpas y ofrezca explicaciones sobre su plagio

22 sep 2018 . Actualizado a las 09:41 h.

Hacía tiempo que el PP no vivía una jornada de euforia política como la de ayer. Tras la abrupta salida de Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno mediante una inesperada moción de censura, el liderazgo de Pablo Casado comenzó con el freno de mano echado debido a las dudas en torno a la obtención de su máster y su fulgurante licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Pero, tras conocer ayer la oposición de la Fiscalía del Supremo a que se abra una causa penal contra él y el informe de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que no aprecia irregularidades en carrera, el PP respira aliviado y se lanza en tromba contra el presidente del Gobierno, Pero Sánchez.

Las buenas noticias llegan al PP en un momento clave y arrebatan al jefe del Ejecutivo su mejor arma para contrarrestar la petición de explicaciones sobre el presunto plagio de su tesis doctoral y del libro publicado después, que Sánchez calificó de «error involuntario». Si el Supremo asume el criterio de la Fiscalía, como parece probable, Sánchez ya no podrá contraatacar con las irregularidades en el máster de Casado. O, al menos, tendrá menos argumentos para ello.

«Espero que los que han colaborado en el linchamiento del presidente [Casado] bajen el nivel, se lo recomiendo a Sánchez y Rivera», señaló exultante el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que llegó a afirmar que «todas la dudas que se puedan sembrar quedan disipadas» y «no hay nadie en la política española que humana y profesionalmente supere al presidente Casado». Librado el escollo del máster, el PP exigió a Sánchez que «disipe dudas, tenga la misma diligencia, dé las mismas explicaciones, y no por burofax, sino ante los medios, los ciudadanos y el Parlamento».

Rivera quiere una investigación

Una vez que la Fiscalía no ve delito, Casado no tiene intención de hacer públicos los trabajos con los que aprobó el título de posgrado porque, según García Egea, «no se puede comparar una tesis, que es habilitante, con unos trabajos para aprobar un máster no habilitante». Los populares creen que ahora son ellos los que tienen al jefe del Ejecutivo contra las cuerdas por el hecho de que, si se niega a comparecer «cuanto antes», ya sea «voluntariamente», por «plasma» o «videoconferencia», como señaló ayer García Egea, tendrá que comparecer en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, y no en el Congreso, donde podría ser arropado por sus socios de Unidos Podemos y de los partidos independentistas, con los que suma mayoría.

Pero Ciudadanos no parece dispuesto a dejarse arrebatar la bandera del acoso a Sánchez por su plagio y ayer anunció su intención de solicitar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el doctorado del presidente del Gobierno en caso de que se niegue a comparecer. Algo a lo que los populares se apresuraron a anunciar que no se sumarán. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se preguntó si la razón de que Sánchez no quiera comparecer en el Congreso es el «miedo» a debatir con Rivera.

La decisión de la Fiscalía del Supremo, en caso de ser asumida por el alto tribunal, puede tener consecuencias sobre la investigación sobre tres alumnas del mismo máster que Casado, a las que una jueza madrileña mantiene imputadas. La misma jueza abrió ayer una investigación contra la exministra de Sanidad Carmen Montón, que dimitió tras demostrarse que plagió su trabajo de fin de máster en la URJC y que sus notas fueron cambiadas, por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.

Ciudadanos critica al líder popular por decirle a Juncker que «España es un desastre»

«España es un desastre». Esa es la respuesta que le dio el presidente del PP, Pablo Casado, al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, cuando este le preguntó por su situación tras se elegido líder de los populares españoles. En unas imágenes grabadas sin que ninguno de los dos interlocutores apreciaran que su diálogo estaban siendo registrado, Juncker pregunta a Casado, cogiéndole del brazo: «Y tú, ¿que tal?. Y el presidente del PP le contesta: «Yo bien, bueno... España es un desastre. El nuevo presidente socialista....». Y ahí, en esa incipiente alusión a Pedro Sánchez, concluye la parte grabada de la conversación. Ambos dirigentes coincidieron en los pasillos de la cumbre del PP europeo, a la que pertenece el político luxemburgués y también el español, celebrada en Salzburgo, Austria. A pesar de ser muy críticos con el socialista Pedro Sánchez, la actitud del líder de los populares no ha sentado bien a los dirigentes de Ciudadanos. Su secretario general, José Manuel Villegas, censuró las palabras del Casado y afirmó que seguramente se deben a que «tiene pocas cosas que aportar» al futuro del país. «Hay muchas cosas que mejorar en España pero no es una buena fórmula salir de España para criticar el país con otros dirigentes europeos», señaló Villegas, que consideró que el nuevo presidente popular representa, de cara al futuro de este partido, «al PP de toda la vida, el PP del bipartidismo que nos ha llevado a la situación actual». Villegas añadió además que si Casado no fuera aforado, la jueza del caso máster ya le habría llamado a declarar.

El ministerio público no ve indicios sino «meras sospechas y conjeturas»

G. B.

L a Fiscalía del Tribunal Supremo no se limita a rechazar la petición de que se investigue a Pablo Casado, sino que, en un duro escrito elaborado por el teniente fiscal Luis Navajas, señala que los indicios contra él que figuran en la exposición razonada remitida por la jueza de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel «no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento». Según la Fiscalía, no existen «indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado», ni ha quedado acreditado «de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del Casado con cualquiera de los demás investigados», en referencia al director del máster, Enrique Álvarez Conde, imputado por la jueza. Pide por ello al Supremo que archive la exposición razonada al no ver indicios ni de la comisión de un delito de cohecho impropio ni de prevaricación administrativa. Considera el fiscal Navajas que las conclusiones que extrae la jueza «no pasan de ser meras sospechas y conjeturas» obviando así «completamente los requisitos y exigencias que al respecto exige la doctrina del Tribunal Supremo».

En lo que afecta al presunto delito de cohecho, la Fiscalía recuerda que estaría ya prescrito y, por ello, no puede «profundizar más en esta cuestión». Sin embargo, la fiscala general del Estado, María José Segarra, fue más lejos en declaraciones a la prensa y aseguró que se ha pedido que no se admita la competencia del Tribunal Supremo porque, «compartiendo la exposición en la medida en que transmite que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho, ella misma expresaba que este estaría prescrito, por lo que no procede investigar esos hechos». Es decir, que entra en el fondo de la cuestión, al contrario que Navajas, y señala que pudo haber cohecho. La jueza Rodríguez-Medel argumentaba que aunque el cohecho pudiera estar prescrito, al ser un delito conexo al de prevaricación, que no está prescrito, el Supremo podía investigarlo. Ahora, tras conocer el informe de la Fiscalía, la jueza pregunta al ministerio público si debe archivar o no la causa que mantiene abierta en su juzgado contra tres compañeras de promoción del líder de los populares en la Universidad Rey Juan Carlos, de las cuales una ocupó un cargo menor en el Gobierno de Mariano Rajoy y otra en la Generalitat valenciana bajo la presidencia del popular Francisco Camps. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aprovechó la posición del ministerio público para señalar que demuestra que el Ejecutivo «no da instrucciones a la Fiscalía» y que se trata de «un poder autónomo», en alusión a la petición de los independentistas de que se retire la acusación de rebelión contra los líderes del procés.