El Gobierno ignoró un informe sobre víctimas civiles de bombas inteligentes en Yemen
ESPAÑA
El trabajo de la ONU atribuye a Arabia Saudí diez ataques aéreos con 292 muertos, entres ellos mujeres y niños
20 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno soslayó un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 2017 que verificó el uso de bombas aéreas de precisión láser en Yemen que causaron 292 víctimas civiles. Las conclusiones del documento desmienten el alegato realizado por varios ministros del Ejecutivo de que este armamento de precisión «no causa daños colaterales», caso del titular de Exteriores, Josep Borrel, o de la portavoz, Isabel Celaá. Ambos lo hicieron para justificar finalmente la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de estas características por 9,2 millones de euros, un contrato que fue paralizado en agosto por el Ministerio de Defensa para su revisión. Esta circunstancia provocó el enfado del comprador y se replanteó la adquisición de cinco corbetas a la compañía pública española Navantia por 1.800 millones. Las presiones internas y externas hicieron que el presidente, Pedro Sánchez, interviniera para poner fin a esta crisis.
El informe de la ONU no deja lugar a las dudas de que estas bombas inteligentes han matado a civiles en Yemen. Asegura que la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí vulneró el derecho internacional «por lo menos en diez ataques aéreos» contra viviendas, mercados, fábricas y un hospital. Este documento se elaboró en virtud de la resolución 2266 tras el golpe de Estado en este país árabe en el 2014, que renovó las sanciones y el embargo colectivo de armas a los bandos contrincantes: los hutíes (aliados con Saleh hasta su muerte), que controlan las tierras del norte y están apoyados por Irán, y el Gobierno legítimo del presidente Hadi, respaldado por una alianza liderada por Arabia Saudí.
El grupo de expertos, coordinado por el coronel marroquí Ahmed Himmiche, investigó, entre otros, diez ataques aéreos de la coalición internacional que causaron la muerte solo en el 2016 de al menos 292 civiles, de los cuales 100 eran mujeres y niños. Los ataques también destruyeron tres edificios residenciales, tres complejos industriales civiles, un hospital y un mercado. En ocho de estas operaciones, los cazas saudíes usaron bombas guiadas por láser, o inteligentes, de origen estadounidense.
Los ataques más mortíferos en Yemen fueron dos bombardeos a un mercado el 15 de marzo del 2016 en la localidad de Haya, con 106 muertos y 41 heridos, y a una funeraria civil el 8 de octubre de ese año en la capital, Saná, con 132 muertos y 695 heridos, según documentan los investigadores a partir de datos de la ONU o de Médicos Sin Fronteras.
Ataque desproporcionado
En este último caso, dos bombas aéreas explotaron sobre el salón comunitario, o dentro de él, en una zona residencial del suroeste de Saná donde había congregados más de mil asistentes al funeral del padre del ministro del Interior del Gobierno rebelde. Se preveía que asistiera un número considerable de dirigentes políticos y militares leales a los hutíes y a Saleh. El grupo de expertos obtuvo las imágenes originales de las pruebas físicas encontradas tomadas después de las explosiones y al analizarlas comprobó que tanto la forma como las dimensiones de los fragmentos correspondían «a las aletas y alerones del sistema de guía GBU-12 Paveway II montado en una bomba aérea de alto explosivo Mark 82».
La conclusión es que la única parte del conflicto que usa este material es la coalición encabezada por Arabia Saudí, que «no atendió» la solicitud de información realizada por el grupo de expertos, incumpliendo la resolución de la ONU. El ataque, añaden, «causó un número muy elevado de bajas civiles que debería haberse previsto», no se respetó el derecho internacional humanitario relativo a la proporcionalidad y, si se tomaron medidas de precaución, «resultaron en gran medida insuficientes e ineficaces».
Este armamento es similar al que el Gobierno español ha vendido a Arabia Saudí. Se trata de 400 bombas de precisión láser pertenecientes al Ejército español que fueron adquiridas al fabricante estadounidense y que se guardaban en una nave de una base militar en Aragón tras firmar el contrato en el 2015, durante el Gobierno popular.
La ejecución del citado contrato causó una crisis con las autoridades saudíes por la paralización inicial del contrato por el Ministerio de Defensa. El motivo expuesto por el departamento dirigido por Margarita Robles fue la revisión del citado acuerdo ante el temor de que este material fuera usado contra población civil en Yemen, de lo que deja constancia este informe del Consejo de Seguridad de la ONU. Este documento ha sido ignorado por el Gobierno para superar la crisis con uno de sus principales compradores de material de defensa, pero contradice el argumento de los ministros Borrell o Celaá de que las bombas son de precisión «y no se van a equivocar matando yemeníes».