La Generalitat vuelve a las reuniones del Gobierno con todas las autonomías

Hace dos años que no acudía a las convocatorias de las comisiones multilaterales


madrid / colpisa

El frágil diálogo abierto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat dio su primer fruto, aunque sea de reducido tamaño. El Ejecutivo catalán enviará un representante a una reunión con Hacienda y el resto de las comunidades sobre financiación autonómica. Será la primera cita multilateral a la que acude en dos años, un ámbito que Carles Puigdemont y Quim Torra habían abandonado, para exigir una relación bilateral con el Estado.

Ni en Madrid ni en Barcelona quisieron echar las campanas al vuelo, pero en el Ministerio de Hacienda calificaron como un «primer paso» la presencia del Gobierno catalán en una cita de esas características. En la Generalitat fueron menos entusiastas y, aunque admitieron que este gesto sería impensable con Mariano Rajoy, recordaron que su representante no será un consejero ni un viceconsejero ni siquiera director general. Será un subdirector general del área presupuestaria que irá a comprobar el estado del debate sobre el futuro modelo de financiación autonómica.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo ayer el anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso y lo atribuyó a la estrategia de acercamiento de Sánchez. «Este Gobierno -dijo- no se va a cansar de trabajar y dialogar para distender este conflicto». Fuentes del departamento también subrayaron que es un avance en «la normalización de las relaciones institucionales» con la Generalitat.

La reunión en cuestión es la del grupo de trabajo «con carácter político» que se acordó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que debe plasmar en un documento las demandas de financiación planteadas por las comunidades. Pero más allá del objetivo del encuentro, el Gobierno valoró la respuesta de la Generalitat a su mano tendida, aunque mantenga el discurso soberanista inflamado y beligerante.

Deuda con la Generalitat

La reunión del grupo de trabajo sobre financiación autonómica tendrá su complemento con la comisión bilateral mixta Estado-Generalitat de Asuntos Económicos y Fiscales el día 25. A esta sesión acudirá el Gobierno catalán representado al máximo nivel por su vicepresidente, Pere Aragonés, que tendrá su contraparte en la ministra de Hacienda. El número dos del Gobierno catalán y también consejero de Economía pondrá sobre la mesa la deuda del Estado con la Generalitat y que según sus cálculos, asciende a 7.607 millones de euros, y cuyo capítulo más abultado es la suma adeudada por la aplicación de la ley de dependencia, 2.871 millones, de acuerdo con las cifras que maneja el Ejecutivo catalán.

Junqueras en el 2016

La Generalitat dejó de participar hace dos años en los encuentros multilaterales convocados por Hacienda, ya fuera el Consejo de Política Fiscal o las comisiones de trabajo. En el 2016, el entonces vicepresidente Oriol Junqueras acudió por última vez al Consejo Fiscal, donde coincidió con Montero en su calidad de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Con la radicalización del proceso soberanista en el 2017, Cataluña dejó de estar presente en todos los foros autonómicos multilaterales, incluida la Conferencia de Presidentes.

Con el Gobierno de Sánchez, se reanudaron las comisiones bilaterales después de siete años en el congelador. En la que rompió el hielo el pasado 2 de agosto, la delegación catalana estuvo encabezada por su consejero de Exteriores, Ernest Maragall, toda una declaración de intenciones.

Mientras se conocía el retorno de la Generalitat al orden autonómico, el presidente Quim Torra persistía en el discurso encendido y advirtió una vez más que «no aceptará» el referendo sobre el autogobierno que propone Sánchez como salida al conflicto .

A la revuelta independentista se le heló la sonrisa

c. r.

Con mensajes como «ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender nuestras instituciones», «el Estado está asaltando nuestras instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos», transmitidos a través de las redes sociales, los presidentes de la ANC y Òmnium, hoy en prisión, llamaron el 20 de septiembre del año pasado a la ciudadanía a movilizarse frente a la Consejería de Economía. Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil registraba el departamento dirigido entonces por Oriol Junqueras en busca de pruebas sobre la organización del referendo ilegal con vistas a impedir su celebración. Era una operación ordenada por el Juzgado número 13 de Barcelona, el primero que abrió una causa contra el 1-O.

La llamada de las entidades secesionistas derivó en un inmenso escrache de 40.000 a 60.000 personas que obligó a los agentes y a la comitiva judicial a permanecer horas en el inmueble. Los últimos agentes marcharon de la consejería, a escasos metros de la plaza de Cataluña en Barcelona, 24 horas después y la secretaria judicial huyó por la azotea del edificio. Escribió que el «edificio se halla sitiado, de tal manera que no podemos entrar, ni salir, ni circular por la calle». A las puertas de la consejería, desde primera hora, líderes secesionistas gritaban: «No hay que dejarles salir». El día acabó con 41 registros policiales en dependencias del Gobierno catalán y 14 detenciones (entre ellas, las de los secretarios generales de Economía y Hacienda, Josep María Jové y Lluís Salvadó).

Negación de auxilio

Por primera vez, se quebró la colaboración policial entre los cuerpos del Estado y los Mossos. La Guardia Civil afirmó que los agentes catalanes les negaron auxilio, mientras que la policía autonómica se escudó en que cargar contra los manifestantes para abrir paso hubiera provocado una algarada mayor. Fue el día en que el proceso soberanista entró en una huida hacia adelante.

Días antes, el 6 y 7 de septiembre, Junts pel Sí, Esquerra y la CUP habían aprobado las leyes de ruptura y la tensión política era máxima. La Guardia Civil registró un publicación soberanista en busca de material para el referendo ilegal e irrumpió en la empresa Unipost. La gente se echó a la calle bajo el lema «no pasarán» y las «calles siempre serán nuestras». Los eslóganes se repitieron al día siguiente frente a Economía. «Moncloa ha declarado el estado de excepción», fueron las palabras de Puigdemont.

Protesta con consecuencias

Lo que ocurrió el 20-S tuvo serias consecuencias. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron acusados de sedición y enviados a prisión por las manifestaciones «tumultuarias». Se les acusó de alentar a las masas contra la Guardia Civil, megáfono en mano y subidos en los Nissan Patrol de los agentes, que quedaron hechos añicos. Los Jordis, que llevan 338 días en la cárcel, intentaron dispersar la manifestación, pero lo hicieron tarde.

También tuvo consecuencias para el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente responsable de aquel operativo, Teresa Laplana, acusados de sedición por la supuesta pasividad del cuerpo policial.

El proceso soberanista dejó ese día de ser la «revuelta de las sonrisas», que con orgullo defendían sus líderes, y se convirtió en algo antipático. Fue un aperitivo de los violentos choques del 1-O.

Hoy, un año después, el independentismo volverá al mismo punto donde se consumó el asedio, ahora para reclamar la libertad de los Jordis y de los demás dirigentes secesionistas presos. «Estuvimos y volveremos a estar. ¡No nos detendremos!», dice la convocatoria realizada por la ANC y Òmnium. Al frente de la manifestación estarán el presidente de la Generalitat y sus consejeros.

El juez imputa al manifestante que perdió un ojo el 1-O en Barcelona

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, el juez que centraliza las denuncias en la Ciudad Condal por las cargas del 1-O, ha imputado a otros trece agentes de la Policía Nacional. Este magistrado ya ha llamado a declarar a otros diez funcionarios del CNP.

En esta ocasión, imputa a los trece policías que intervinieron en los incidentes en los alrededores de la escuela de Ramon Llull de Barcelona. Entonces, algunos de los funcionarios, rodeados por una multitud mientras se replegaban, hicieron uso de pelotas de gomas para dispersar a los congregados. Una impactó en el rostro de un ciudadano, Roger Español, que perdió la visión de ese ojo. Español también ha sido citado a declarar como imputado.

En las imágenes grabadas sobre esos incidentes se distingue claramente como Roger Español, antes de ser alcanzado por la pelota de goma, lanza una valla metálica contra los funcionarios que se repliegan del colegio electoral.

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