Sánchez presiona a Casado al proponer la supresión de los aforamientos

El presidente anuncia su intención de reformar la Constitución, para lo que necesariamente requiere del voto favorable del PP. El Gobierno prevé «precisar» también el alcance del aforamiento de los jueces


La Voz / Madrid

Más presión a Pablo Casado. Pedro Sánchez anunció este mediodía en el acto organizado por los cien días de su Gobierno que llevará al Congreso una reforma constitucional para suprimir los aforamientos.

Para poder llevar a cabo esta modificación en la Carta Magna requiere contar con el apoyo de al menos tres quintas partes del Congreso, pero también del Senado, lo que le obliga a buscar el voto favorable del grupo popular sí o sí (si no se consiguen los 3/5 en ambas cámaras, podría salir adelante con el respaldo de 2/3 del Congreso y mayoría absoluta en el Senado, pero está controlado por el PP). Y dado que en principio Podemos y Ciudadanos siempre se han mostrado favorables a esta medida, los populares podrían quedar en una posición complicada, al ser la única formación que se pronuncie en contra.

Esto ocurre en un momento en el que el presidente del PP, Pablo Casado, se encuentra a la espera de que el Supremo decida si asume la causa de su máster, una cuestión por la que no está imputado precisamente gracias a su condición de aforado, que determina que solo pueda ser juzgado por el Supremo o tribunales superiores de Justicia.

El Gobierno no solo se plantea que esta modificación afecte a ministros, diputados y senadores, sino que también tiene intención de «precisar» el alcance del aforamiento de jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas. Con esta reforma, dejarían de estar aforados por cuestiones privadas ajenas a sus responsabilidades políticas todos los cargos públicos. Es decir, la medida afectaría al propio Casado.

En España actualmente hay unos 250.000 aforados. La mayoría miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tan solo el 10% de estos aforamientos corresponden a políticos.

La reforma constitucional la lleva la vicepresidenta Carmen Calvo. Esta semana irá al Consejo de Ministros, que solicitará un informe al Consejo de Estado. Una vez recabado, está previsto que otro Consejo de Ministros le de el visto bueno y la remita al Congreso y al Senado. 

Reacciones

Podemos ha mostrado este lunes su apoyo a la reforma constitucional y extiende la quita al rey emérito Juan Carlos I. «No queremos privilegios, todo el mundo tiene que ser juzgado por igual y estamos en contra de los aforamientos. Pero además habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio de su reinado, si hubo casos relacionados con la corrupción», ha recalcado la portavoz Noelia Vera.

La formación valora la iniciativa de Sánchez, aunque le ha exigido que se abra con «exigencia» el debate sobre la reforma para que sea «más profunda» y toque también temas sociales.

El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha señalado que el PP votará contra la propuesta si deja fuera a Susana Díaz y ha afeado a Sánchez el haber «plagiado» una iniciativa que ya se ha debatido en otras comunidades autónomas.  

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado este lunes que el PSOE haya cambiado de criterio y quiera ahora, desde el Gobierno, eliminar el «privilegio» de los aforamientos políticos, y ha dicho que espera que el PP siga su ejemplo. El dirigente naranja no ha podido esconder su «satisfacción» por que su partido haya conseguido «torcer el brazo» en este asunto al bipartidismo, que hasta ahora se ha resistido a cambiar esos 40 años de «privilegios» de los políticos en la justicia. «La sociedad está harta de privilegios y de tratos de favor», ha manifestado.

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