Una moción para dialogar «dentro de la legalidad» evidencia el cisma secesionista

La Diada sirvió para constatar el poder de movilización de masas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organizadora de la manifestación del 11S en Barcelona, pero también para confirmar la división cada vez más patente del independentismo y, a su vez, de la calle con los líderes secesionistas, quienes, atrapados en una encrucijada cada vez más compleja, carecen de hoja de ruta común. En el tiovivo al que está subido, el secesionismo ha aprendido que con manifestaciones multitudinarias y referendos ilegales no lograrán sus objetivos. Y que el futuro es incierto y lento. En esta situación, ni PDECat ni ERC quieren ser el primero en apearse del independentismo, y menos del unilateral. El coste electoral podría ser desgarrador.

En ese tira y afloja, el PDECat dio ayer marcha atrás y retiró la moción presentada en el Congreso y pactada con el PSOE que instaba al Gobierno a abrir un proceso de diálogo político con la Generalitat «en el marco de la legislación vigente» y «sin imposiciones ni impedimentos». ERC había anunciado que se abstendría porque no acepta dialogar en el «marco de la legislación vigente» y el PDECat evitó quedar en evidencia.

A los choques de los exconvergentes con ERC -uno de los últimos, por ver cómo ejecutaban la sentencia de la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo- se les ha sumado ahora el de la poderosa ANC.

Mientras, su presidenta, Elisenda Paluzie, se distanciaba del presidente Quim Torra -tras la primera Diada después del 1-O, de la declaración de independencia y de la judicialización del desafío independentista- y le exigía que no fíe a la gente el éxito del procés, pero también le recordaba que no estamos en el 2006, en alusión a la propuesta de Pedro Sánchez de hacer un referendo de «autogobierno, pero no de autodeterminación».

Paluzie sabe que parte de los manifestantes del 11S no son independentistas, pero acuden a esos actos movidos por su oposición a mantener en prisión preventiva a los líderes del desafío al Estado. Y que esa movilización callejera es necesaria, pero no suficiente. Ya nadie cree que se conseguirá la independencia a base de manifestaciones multitudinarias. Por eso le exigió a Torra que mantenga su palabra de obediencia al 1-O y no «dilapide» el trabajo buscando otra consulta. Otro tanto le recordó la CUP: que el referendo ya está hecho, insistieron.

La cada vez mayor distancia entre las entidades independentistas y los partidos llevó ayer a la portavoz de la Generalitat a intentar poner orden. Elsa Artadi aseguró que el Gobierno catalán coincide en que «todo no pueden ser manifestaciones», que el objetivo es el mismo, pero que «el Gobierno catalán trabaja actualmente en las vías de diálogo con un Ejecutivo que se sienta en la mesa, cosa que antes no pasaba», admitió. «Sin fecha límite ni plazos, que en otras ocasiones nos han jugado una mala pasada», se excusó.

Doble discurso

La tensión entre PDECat y ERC, que pasa por la animadversión personal entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras desde el otoño pasado, tiene su reflejo en la salsa con la que Torra alimenta su doble discurso de que irán «hasta el final», como pidió Paluzie, y de que no pon «fecha límite al diálogo» con el Gobierno Sánchez, más parecido a lo que defiende Junqueras.

Está por ver si hablar es negociar y ceder en posiciones o es simplemente el juego político que interesa en el momento. Es decir, acercar el discurso al de los republicanos, que piden ir despacio. Lo que está claro es que ni PDECat ni ERC quieren pasar por traidores ante todos aquellos a quienes Puigdemont les prometió la república en 18 meses, y tampoco de momento se han mostrado dispuestos a volver a saltar la línea de la legalidad.

La estrategia de Esquerra, más pausada, repugna a la ANC. Paluzie instó a olvidarse de un pacto con el Estado para celebrar un referendo «que nunca llegará». Así las cosas, la hoja de ruta parece que no está escrita. PDECat juega a succionar a ERC al tiempo que tiene que combatir las ansias de la ANC de tomar una vía directa a la independencia sin importar las consecuencias.

Cinco nuevas imputaciones elevan a diez los policías investigados por las cargas del 1-O

Continúa el goteo de imputaciones de los antidisturbios por su actuación el 1-O un año después de los incidentes. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que centraliza las denuncias por las cargas en la Ciudad Condal, ha citado como investigados a otros cinco miembros de la Unidades de Intervención de la Policía (UIP). Estos cinco funcionarios, entre los que hay dos mandos, intervinieron en el desalojo de los colegios barceloneses de Agora de Nou Barris, Escoles Pies de Sant Antoni e Infant Jesús de Gràcia. El juez, además, ha requerido a la Dirección General de la Policía que identifique a un sexto policía que propinó una patada «de forma absolutamente innecesaria» a uno de los congregados.

Con estas imputaciones se eleva a diez el número de policías investigados por este juzgado por los sucesos del día del referendo ilegal. El juzgado mantiene abiertas investigaciones por las cargas en ocho centros de Barcelona. Además de los tres mencionados, el magistrado ha abierto diligencias por las cargas en los colegios Mediterrània, Els Horts, Ramon Llull, Santa Caterina de Siena y Pau Claris. En este último centro fue en el que se produjeron los incidentes más graves, cuando los funcionarios tiraron escaleras abajo a varios de los congregados, según los vídeos que se distribuyeron en las redes sociales y que han servido de prueba de cargo contra los policías.

Este juzgado barcelonés, no obstante, ha archivado más de medio centenar de denuncias referidas a los incidentes en otros centros escolares el 1-O por la imposibilidad de identificar a los agentes, por falta de material gráfico para respaldar las denuncias o porque no se ha apreciado indicios de delito.

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