Borrell: «Preferiría que los presos no estuvieran en prisión incondicional»

El PP llama traidor al Gobierno y Sánchez llama a los populares desleales con el Estado


Madrid / Colpisa

Josep Borrell puso voz en público a los comentarios que hacen en privado ministros y dirigentes socialistas sobre su desacuerdo con el encarcelamiento de los nueve líderes soberanistas presos. «Preferiría que los presos no estuvieran en prisión incondicional y estuvieran libres condicionalmente», apuntó el ministro de Asuntos Exteriores, quien precisó que esa es su opinión «personal» y no la postura oficial del Gobierno.

Para muchos dirigentes socialistas, la prisión de los líderes independentistas es un error político porque alimenta el victimismo. De hecho, la reivindicación de su puesta en libertad es el único punto en que están de acuerdo todos los grupos soberanistas. Pero hasta ahora ningún miembro del Gobierno había hecho pública esa opinión, hasta que ayer Borrell lo hizo dos veces, en una entrevista con la cadena británica BBC y en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

«Personalmente, hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución que no fuesen la prisión incondicional, pero hay que respetar su independencia», explicó el jefe de la diplomacia española. «Políticamente -prosiguió- habría sido preferible [adoptar] otras medidas de precaución para evitar la fuga». Reconoció que él no es quien para decir qué se debía haber hecho y qué no, pero que «sería mejor otra cosa». El ingreso en prisión fue ordenado en primera instancia en octubre y en noviembre del año pasado por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, decisión que después fue ratificada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena.

No es la primera vez que Borrell se muestra en desacuerdo con la prisión preventiva de los líderes secesionistas. Ya lo hizo en la campaña electoral para las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, pero entonces no era miembro del Gobierno, con toda la carga de responsabilidad que esto implica. Tanto el presidente del Gobierno como los ministros cuando han sido preguntados sobre la prisión de dirigentes soberanistas se han aferrado a la independencia de los jueces para abstenerse de opinar sobre el asunto. Borrell también defendió ayer el argumento de la autonomía judicial, pero una vez expuesta su opinión.

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Sus palabras a buen seguro alimentarán el tira y afloja que se traen el Gobierno y las fuerzas soberanistas, cuyos sectores más radicales exigen a Pedro Sánchez que «ordene» a la Fiscalía que pida la excarcelación de los presos, mientras los más moderados plantean que «oriente» al ministerio público cuando presente su escrito de acusación en el juicio. La fiscala general, María Jesús Segarra, dejó claro el lunes en la apertura del año judicial que no va a variar la posición mantenida por sus antecesores, el fallecido José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, favorable a la permanencia en prisión de los líderes secesionistas. El Gobierno, además, ha reiterado que respetará la autonomía de la Fiscalía y no va a sugerir nada.

Las palabras de Borrell fueron pilladas al vuelo por las fuerzas soberanistas. La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, reclamó al Gobierno que «tome nota» de que «hasta Borrell» es partidario de la excarcelación. Para los independentistas, el ministro de Asuntos Exteriores es una de sus bestias negras porque une a su condición de catalán un contundente discurso antinacionalista. Esquerra y Junts también emplazaron a Borrell a que pase de las palabras a los hechos y «actúe en consecuencia» con una orden a la Fiscalía.

Entretanto en el Senado, el presidente del Gobierno mantuvo un tenso duelo con el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, en el que se escenificó que la unidad de acción de socialistas y populares en el conflicto de Cataluña es cosa del pasado. El senador del PP reprochó a Pedro Sánchez que «cometa el error y la traición» de dialogar con los «golpistas» secesionistas porque solo consigue «legitimarlos y envalentonarlos». A lo que el jefe del Ejecutivo respondió que el diálogo también lo practicó Rajoy y nadie le acusó de «traición». El PP, se lamentó, es desleal con el Estado, ha vuelto «al pasado con Casado», y de nuevo utiliza el «agravio territorial» y Cataluña como «ariete» contra el Gobierno.

El Consejo de Europa respalda a la Justicia española en la causa del desafío secesionista

El Consejo de Europa dio ayer un espaldarazo público a la actuación de la Justicia española. Y lo hizo a través de su máximo responsable, su secretario general, Thorbjørn Jagland, tras entrevistarse en Estrasburgo (Francia) con el ministro de Exteriores, Josep Borrell. «No tengo ninguna duda de que los tribunales españoles están tratando este asunto [el de Cataluña] de acuerdo con la ley española y al Convenio Europeo de Derechos Humanos», afirmó Thorbjørn Jagland, quien dejó claro que el Consejo, en el caso catalán, como en todos, está para proteger los derechos individuales de los ciudadanos de sus 47 Estados miembros, pero que solo actuará «después de que su asunto haya sido tratado por los tribunales españoles».

Los independentistas catalanes han intentado en diversas ocasiones en los últimos meses que el Consejo de Europa criticara a España o que la institución, cuando menos, hiciese un guiño al proceso secesionista. Sin embargo, por ahora el órgano internacional ha respaldado las decisiones de la Administración española. La Comisión de Venecia (órgano de la institución especializado en cuestiones constitucionales) ya deslegitimó el referendo independentista del pasado año antes de que se celebrara. Este organismo respondió a Carles Puigdemont el 27 de septiembre del 2017, solo días antes de la consulta declarada ilegal, que debía hacerse de acuerdo con las autoridades españolas y de conformidad con la Constitución.

Las declaraciones de Jagland vienen después de varios varapalos internacionales, como la negativa de la Justicia alemana a extraditar a Puigdemont o la admisión a trámite de manera preliminar en Bélgica de la demanda del expresidente y algunos de sus exconsejeros huidos contra el juez del Supremo Pablo Llarena. Una demanda, esta última, que ha obligado al Ejecutivo español a contratar un despacho de abogados para defender la soberanía de los tribunales nacionales.

El Constitucional estudiará el recurso de Carme Forcadell contra Llarena

El pleno del Tribunal Constitucional acordó ayer, por unanimidad, admitir a trámite el recurso que presentó la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell contra el juez instructor de la causa por el desafío secesionista, Pablo Llarena, después de que el magistrado del Supremo acordara rechazar de plano la recusación que presentó la ahora presa por considerarlo imparcial para investigarla.

El Constitucional argumenta que admite estudiar la queja de Forcadell porque este recurso es una oportunidad para el tribunal de manifestarse, ya que hasta ahora apenas se han formulado demandas de este tipo y, por lo tanto, no hay una jurisprudencia clara en esta material. El escrito de la expresidenta, argumenta el pleno, «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal». «Este recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna», señala el tribunal.

Pablo Llarena inadmitió en junio la recusación de Carme Forcadell (acusada de rebelión) al considerarla extemporánea y un fraude procesal. Llarena consideraba que Forcadell buscaba con esta maniobra la inhabilitación de los integrantes de la Sala de lo Penal del Supremo para el posterior juicio del caso, ya que, de tramitarse la recusación, dichos jueces hubieran tenido que revisar previamente casi toda la labor del instructor, lo que hubiera comprometido la imparcialidad de la mayoría del tribunal para el enjuiciamiento del caso.

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