La fiscala general avisa a los secesionistas que solo la guiará el principio de legalidad

Proclama su autonomía y defiende la firmeza del ministerio público en la causa


Madrid / ColpiaM. L. Barcelona / e. especial

La posición de la nueva fiscala general del Estado con respecto a la causa por el desafío secesionista catalán es un tema recurrente en el debate político. ¿Influirá el diálogo del Gobierno con la Generalitat en la posición del ministerio público con respecto al juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo? ¿Se consumará la posibilidad, alentada desde el entorno independentista, de que la Fiscalía corregirá el criterio sobre los delitos cometidos y suavizará sus peticiones de prisión? Son preguntas que flotan en el aire y que ayer, a escasos meses de la celebración de la vista oral contra la veintena de procesados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y/o desobediencia, la fiscala general, María José Segarra dedicó un apartado en su discurso en la apertura del año judicial, un solemne acto presidido por el rey Felipe VI en el Supremo.

Segarra, propuesta para el cargo por el Gobierno socialista en sustitución de Julián Sánchez Melgar, defendió la «firme actuación» de su departamento hasta la fecha y recordó la tarea de los jueces y de la Abogacía del Estado en esta causa. «Asistimos a un desbordamiento del orden constitucional y estatutario, impidiendo el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales que se encontró con la firme actuación de las instituciones del Estado en su inequívoco compromiso con el principio de legalidad», aseguró en su discurso.

Para la fiscala general, cuyo departamento deberá presentar en los próximas días su escrito provisional de acusación contra los líderes independentistas en el juicio, previsto entre noviembre y enero próximo, «las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad que estos días se reivindican especialmente (en referencia a la Diada de hoy) deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico. No hay nada más democrático que la ley, ya que la ley nos vincula a todos. España tiene un sistema judicial fuerte, sólido al servicio del Estado de derecho y un Ministerio Fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad», aseguró Segarra en su intento de marcar distancias con el poder ejecutivo, como ya hizo en su comparecencia en el Congreso en julio.

Con mayor contundencia, quizá porque no interviene de forma directa en la causa y está a escasos meses de concluir su mandato, Carlos Lesmes centró su discurso en las graves consecuencias del desafío secesionista. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo señaló que, desde un punto de vista social y político, «nuestro país está atravesando uno de los momentos más delicados de su historia reciente» y defendió, dirigiéndose al rey, «la impronta de la Constitución como fundamento de nuestra libertad y convivencia, sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo o cuando se intenta erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden la libertad de expresión o el derecho de defensa».

Queja contra jueces alemanes

El discurso de Lesmes estuvo trufado de menciones propias de quien concluye en diciembre su periplo. Mencionó la reforma de la Constitución o el excesivo protagonismo que se ha entregado a los jueces en el tema catalán en contraposición con la acción de los políticos. Una crítica muy extendida en el Supremo que Lesmes verbalizó ayer. También apoyó sin matices todas y cada una de las actuaciones que se han tomado hasta el juicio del desafío secesionista y recordó a los compañeros que han sufrido amenazas personales por ello.

«Los jueces asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa», leyó Lesmes, para quien «el Estado democrático de derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia ni entre democracia y poder judicial». Asimismo, la cabeza visible de la judicatura consideró que «cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del propio Estado, que es democrático y de derecho».

Lesmes también tuvo tiempo para referirse a la «grave incertidumbre» generada por la resolución del tribunal territorial alemán con respecto a la orden europea de detención y entrega de Puigdemont, lo que ha provocado daños en «ciertos instrumentos de cooperación judicial basados en la confianza mutua». Para Lesmes, estos jueces han interpretado «de forma unilateral» conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que deberían ser reflejo de una «comunidad de valores» y que han generado una «grave incertidumbre» en la causa por el desafío secesionista.

Torra desoye las advertencias e insiste en que trabajará para «hacer efectiva la república»

Los políticos presos y «exiliados» centraron ayer el discurso oficial del presidente de la Generalitat con motivo de la Diada, la primera que se celebra un año después de la declaración de independencia, de que el Gobierno aplicara el 155 y el Tribunal Supremo enviara a prisión a los líderes del proceso. «Dedicamos esta Diada a la libertad porque la libertad no fractura nunca. Lo que fractura es su ausencia», afirmó para negar que existe una división social provocada por el proceso secesionista, y que sí había reconocido el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, en su discurso de investidura cuando habló de «coser la fractura social». También obviando a la mitad de catalanes, y con lazo amarillo en la solapa como si de un acto partidista se tratase, Torra prometió «hacer efectiva la república», al igual que se comprometió el día de su investidura. Y recordó una vez más «el mandato que, según él, le dieron los catalanes al participar en el referendo ilegal del pasado 1 de octubre. «Un pueblo que se siente y se quiere libre. Que ha decidido ser soberano de su destino», dijo.

«Desenmascarar la verdad»

Instó a los catalanes a «resistir» frente a las «injusticias, las amenazas, el miedo, la violencia, las cárceles y el exilio» para poder alcanzar la plena libertad. E insistió en que la opción es «conformarse o resistir y avanzar».

Torra pidió a los ciudadanos «hacer valer siempre la verdad y desenmascarar la mentira cuando haga falta», manteniendo siempre el buen tono y la sonrisa, y pese a la humillaciones e insultos que reciban.

Además, el presidente de la Generalitat hizo un encendido homenaje a los que a su juicio dieron la vida por las libertades de Cataluña frente a las tropas borbónicas. A su entender, Cataluña, 300 años después, vuelve a estar en la encrucijada de decidir si se conforma o resiste y avanza, por lo que arengó a los catalanes a la movilización.

Sin dedicar ni una sola frase a la gestión gubernamental, afirmó que «la historia nos explica que cada vez que hemos caído, nos hemos vuelto a levantar y a poner en marcha, y ahora lo hacemos en un combate democrático y pacífico por los derechos civiles, sociales y nacionales». Fue el mensaje de aliento a los independentistas para que sus ánimos no decaigan, y los animó a la movilización.

Marlaska no se toma en serio la hipótesis de que Torra excarcele a los presos

El ministro del Interior cree que Quim Torra va de farol cuando asegura que pondrá en libertad a los políticos presos si el Tribunal Supremo los condena y el Parlamento catalán aprueba una moción para excarcelarlos. Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en Radio Euskadi, afirmó ayer que la hipótesis de una excarcelación extrajudicial de los nueve políticos independentistas no es una «posibilidad seria». En su opinión, el presidente catalán simplemente dijo lo que un «determinado auditorio» quería escuchar. Marlaska, además, defendió su decisión de enviar más de un millar de policías y guardias civiles antidisturbios a Cataluña. Dijo que no es «algo excepcional o extraordinario» porque en «acontecimientos públicos» siempre hay «posibilidades de incidentes».

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