El presidente de la Generalitat no descartó la posibilidad de excarcelar a los presos si la sentencia es condenatoria
06 sep 2018 . Actualizado a las 07:51 h.¿Abrirá el presidente Quim Torra las cárceles para liberar a los presos independentistas? «Lo que el pueblo catalán decida», deslizó ayer el líder de la Generalitat. El nuevo adalid del soberanismo se negó a excluir esa posibilidad. Está dispuesto a seguir el camino del desacato si las sentencias no son favorables a la causa independentista. Torra lo dejó bien claro después de reunirse en Bruselas con el expresidente Carles Puigdemont y los miembros de su partido, Junts per Catalunya (JxCat). ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en este nuevo pulso al Estado español? «Estoy dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont», afirmó con tono provocador, echando por tierra cualquier atisbo previo de conciliación y diálogo político con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de azuzar el miedo con la reactivación del artículo 155 en Cataluña.
Sánchez exige dialogar dentro del Estado de derecho, respetando la Constitución y las decisiones judiciales. Torra se niega si no se garantiza la impunidad para los presos y anticipa la insubordinación del Gobierno catalán si así lo decreta el Parlamento autonómico: «Mi única obediencia y lealtad se la debo al Parlament de Cataluña (...) Interpretando el sentir de los catalanes en ese momento, propondré a la Cámara las decisiones que se deban tomar», sostuvo arrogándose el derecho de actuar según su percepción de la voluntad popular.
El presidente de la Generalitat confía en ganar músculo para revitalizar el desafío secesionista con la movilización ciudadana del próximo martes, día de la Diada. La cita se convertirá en un termómetro del independentismo y el mejor reclamo para exigir, como hicieron esta misma semana Torra y Puigdemont, la convocatoria en Cataluña de un referendo vinculante de autodeterminación, reconocido internacionalmente. Ambos esperan que la presión social y el chantaje político fuercen un cambio de postura en los interlocutores del Gobierno, quienes mantienen como línea roja el respeto a la independencia de las instituciones del Estado.
Respecto a la propuesta de Ana Pastor para que acuda al Congreso, respondió que «supongo que recibiremos una invitación formal con las condiciones del debate, en función de lo que se proponga tomaremos nuestra decisión».
Interior prevé prolongar el despliegue policial en Cataluña hasta final de octubre
El millar de agentes reforzarán la respuesta de los Mossos en casos de incidentes
mercedes lodeiro
Ante la previsión de un otoño caliente en Cataluña, con motivo de la Diada más controvertida que se haya celebrado hasta ahora, las movilizaciones anunciadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) para mantener el desafío al Estado, los aniversarios de la celebración del referendo ilegal del 1-O y de la aprobación de las leyes de desconexión anticonstitucionales, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un plan de refuerzo de las fuerzas de seguridad en la comunidad que incluye un millar de antidisturbios, tanto de los Grupos de Reserva de la Guardia Civil (GRS) como de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
De estos últimos, los desplazados son dos grupos de Galicia, dos de Valencia y de Madrid, Zaragoza, Málaga, Valencia, Pamplona y Sevilla uno de cada ciudad. En total, unos 600 agentes pertenecientes a diez grupos de la UIP, incluidos los dos que tienen base en Barcelona. La previsión es que permanezcan hasta el 15 de octubre, pero «seguro que se alargará» la estancia, asegura un representante sindical catalán.
Asimismo, otro centenar de agentes de los servicios de información se encuentran desde hace un mes en comisión de servicio en Cataluña. Y han advertido a Interior que decenas de grupos de CDR proyectan numerosas acciones entre el 11 de septiembre y el 1 de octubre. Desde la Unión Federal de la Policía, valoran que el elevado número de desplazados responde a la «poca confianza en los Mossos d’Esquadra».
En cuanto a los agentes de la Guardia Civil, además del retén de 80 antidisturbios que desde el 1-O del año pasado refuerzan a los compañeros catalanes desde unidades de Zaragoza, Sevilla y Valencia con estancias de 36 días, el Gobierno de Pedro Sánchez envió el pasado día 1 a otros 80 al cuartel de San Andrés de la Barca (Barcelona), en principio para quedarse todo el mes, aunque tampoco descartan que les amplíen el servicio. De ellos, ninguno ha sido movilizado desde los GRS de Pontevedra.
Además, a 300 agentes de la Guardia Civil pendientes de traslado se les ha suspendido esa medida, en el marco de un dispositivo de refuerzo similar al diseñado en otras Diadas, según Interior, y que en cualquier caso no alcanza a los 6.000 policías y guardias civiles movilizados el año pasado con motivo del referendo ilegal, en un escenario de máxima tensión.
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil aseguran que en el marco de esta operación serán más los desplazados estos días a Cataluña, pero siempre «dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos, lo que pase el 1-O o si hay cortes de carreteras por ejemplo».
La capacidad de los Mossos
Los planes diseñados por la Secretaría de Estado de Seguridad, que no descarta efectivamente aumentar este despliegue si los incidentes crecen en intensidad, son mantener en la comunidad hasta principios de noviembre a estos agentes, que reforzarán a los cerca de 6.200 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado destinados de forma permanente en Cataluña.
El operativo de Interior será expuesto hoy en la Junta de Seguridad de Cataluña por Fernando Grande-Marlaska a Quim Torra. El ministro le ofrecerá el apoyo de este operativo a los Mossos, pero también está claro que las fuerzas de seguridad se han reforzado por si han de sustituir a los policías autonómicos si estos se niegan a cumplir órdenes judiciales o a actuar contra posibles saboteadores. Pero también para poder garantizar la protección de puntos clave de la comunidad autónoma si fuera necesario, pues los CDR ya anunciaron cortes de autovías y accesos a aeropuertos, puertos, estaciones de tren y fronteras.
De momento, ayer la consejera de Justicia catalana, Ester Capella, valoró que es «una mala idea» e «innecesario» el despliegue de antidisturbios, porque «nadie puede dudar de las competencias y capacidades de los Mossos para garantizar la seguridad de todos».
