Tardà: «Si algún ingenuo cree que puede imponer la independencia está absolutamente equivocado»

El portavoz de ERC insiste en que el referendo debe contemplar «todas las opciones», incluida la independencia


El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha reclamado este miércoles que el Gobierno actúe ante la fiscal general del Estado para no seguir «patrocinando» que los políticos independentistas que están en la cárcel sean «escarmentados» con penas de prisión de entre 15 y 20 años.

Durante su réplica a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que ha comparecido en la Comisión de este ámbito en el Congreso, Tardà ha insistido en que es necesario un referendo que contemple «todas las opciones», incluida la independencia, al igual que los independentistas tienen que contar con los catalanes que no lo son.

De hecho, ha constatado que si hay «algún independentista ingenuo o estúpido que crea que puede imponer la independencia al 50 por ciento de los catalanes que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado», y ha instado a «cambiar los conceptos» para entenderse a través del diálogo.

Pero también ha advertido al Gobierno de que será muy difícil para el republicanismo «poner grasa en los engranajes» para un solución del conflicto catalán si no se corrige la judicialización del mismo.

Por eso, ha avisado de que el Gobierno tiene que ser capaz actuar y «dar un paso adelante» en este ámbito, que «tiene nombre, la fiscal general del Estado», ha puntualizado. De lo contrario, si no hay «buena voluntad» será imposible la resolución de la crisis catalana, ha considerado, porque no habrá un una solución «cívica y pacífica» si el Gobierno sigue «patrocinando» que representantes políticos de los catalanes estén en la cárcel o el exilio.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, también ha insistido en que si el Gobierno quiere avanzar en una solución tiene que hacerlo también en el «desastre que suponen los proceso judiciales».

A su juicio, la fiscal general del Estado podría perfectamente «compartir» los mismos planteamientos que algunos penalistas españoles de que lo sucedido en septiembre y octubre en Cataluña «no corresponde a los delitos de rebelión».

«Esa situación de injusticia, de abuso del derecho penal es el principal obstáculo político al buen funcionamiento de la relación entre el Estado y la Generalitat», ha advertido, sobre las «prisiones provisionales injustificadas y las acusaciones basadas en delitos falsos» que creen que sufren los políticos presos.

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