La Justicia belga aplaza al día 25 la vista por la demanda a Llarena para darle tiempo a España a personarse en la causa

El abogado del magistrado solicitó que sean tres jueces y no uno quien decida


bruselas / corresponsal

Tres semanas. Es el plazo que concedió ayer la Justicia belga a la defensa del juez Pablo Llarena para conseguir que el Estado español se persone en la causa civil abierta el 5 de junio por los independentistas contra el magistrado burgalés. El expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bélgica lo acusaron de violar sus derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo e imparcial para conseguir su recusación.

La petición de prórroga del abogado de Llarena, Hakim Boularbah, vino acompañada de otra demanda: que sean tres jueces y no uno los que estudien el caso, por tratarse de una situación excepcional y rocambolesca. Boularbah cuestiona las competencias de la Justicia belga para poder juzgar a Llarena. Cree que no hay base legal ni razones para hacerlo. También lo cuestionará el abogado contratado por el Estado español para presentar alegaciones en la vista del próximo 25 de septiembre en el Palacio de Justicia de Bruselas. El coloso amaneció ayer rodeado de lazos amarillos en apoyo a los políticos presos. La defensa intentará conseguir la inhibición del juez belga y el fin de la revancha judicial de los independentistas, cuyas maniobras han puesto a Llarena en la diana y han contribuido a la campaña de desprestigio de la Justicia española en Europa.

El proceso «va para largo», admitió ayer el abogado de los ex consejeros, Gonzalo Boye, al término de la breve vista. Puigdemont ironizó en torno a la defensa de Llarena: «Me sorprende que la demanda, que fue ridiculizada y menospreciada cuando la interpusimos, haya movilizado a los mejores abogados y haya comprometido más de medio millón de euros del erario público para defender a un particular», deslizó tras su encuentro con el también expresidente Artur Mas en su refugio de Waterloo. Ambos rechazaron temporalmente la oferta de más autogobierno ofrecida por el presidente Pedro Sánchez y exigieron la convocatoria de un referendo de autodeterminación.

«Queremos negociar con el Estado español la convocatoria de un referendo para que Cataluña decida su futuro», explicó Puigdemont.

La prórroga concedida por la Justicia belga a la defensa del magistrado español también retrasará el análisis de la polémica traducción tendenciosa que hicieron al francés los abogados de la acusación para manipular las palabras del juez Llarena con el ánimo de convertirlas en una prueba irrefutable de su parcialidad en la causa contra los independentistas.

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