La premura de su llegada al poder y la debilidad parlamentaria de los socialistas han hecho que el Gobierno se vea obligado a rectificar y corregir sobre la marcha sus iniciativas políticas
02 sep 2018 . Actualizado a las 18:39 h.La llegada al Gobierno le pilló a Pedro Sánchez con el pie cambiado y sin las fuerzas necesarias para tamaña empresa. Presentó la moción de censura forzado por las circunstancias y sin grandes esperanzas. Contra todo pronóstico, triunfó y entonces llegaron los problemas. Porque no tenía un programa pensado para gobernar. Porque su debilidad parlamentaria era, y sigue siendo, extrema. Porque su empeño en no atarse en compromisos políticos que lo hipotequen de cara a las próximas citas electorales merma considerablemente su margen de maniobra en las Cortes. Sánchez gobierna con un ojo puesto en las elecciones. Por mucho que hable de agotar la legislatura, sabe que eso es prácticamente imposible, y solo busca el momento que le resulte más oportuno para convocarlas. Y como él, están los demás. Todos los partidos se han colocado ya en modo electoral, así que la tensión y el enfrentamiento político crecerán exponencialmente en el futuro. Sin pausa, sin tregua. En medio de esta tempestad, Sánchez pilota la nave del Gobierno dando bandazos, a merced de las ráfagas de viento que le empujan por todos los puntos cardinales.
En estas condiciones, la acción de gobierno está escrita en renglones más que torcidos, quebrados, con bastantes tachones y más de un borrón. En realidad, los vaivenes de Sánchez empezaron ya antes de ser presidente. Aquella moción de censura que presentó para convocar elecciones cuanto antes mutó en agotar la legislatura en cuanto fue aprobada. Y, ya de paso, asumió unos Presupuestos que tan solo unos días antes había descalificado como una desgracia para España. Por sentido de la responsabilidad, se justificó entonces. Y cuando no ha sido por este motivo, ha sido por la carencia de una mayoría parlamentaria, o por cualquier otro. Pero el caso es que en algo menos de tres meses de gobierno, Sánchez ha convertido la rectificación en todo un arte. Ha rectificado su política económica y presupuestaria, la política migratoria, sobre Cataluña, en muchas de las que eran sus propuestas programáticas y hasta en el futuro del Valle de los Caídos. Un continuo vaivén que deja la sensación de un Gobierno errático, a veces oportunista, a menudo bisoño, siempre zarandeado a causa de su debilidad parlamentaria.
Regeneración
Administradora única por decreto en RTVE. La corrupción en el PP fue el impulso decisivo que le abrió las puertas de la Moncloa. Por contraste, Sánchez hizo de la regeneración uno de sus mantras. Pero entre las intenciones y la realidad hay un trecho largo y al primer intento, primer batacazo. La renovación de RTVE, en su momento de mayor deterioro de su historia, fue un desastre en toda regla: la negociación para nombrar un consejo interino ponía la corporación en manos de Podemos, rememorando los viejos tiempos de reparto de cortijos. Primero, fue la amenaza de levantamiento por parte de los propios trabajadores del medio y, después, tuvo que pasar por el bochorno de sufrir una sorprendente derrota en el Congreso por un supuesto error en el voto de dos diputados para que Sánchez diera su primer volantazo y acabara imponiendo por decreto una administradora única, cargo para el que recuperó a una vieja gloria de 76 años, Rosa María Mateo, a la espera de que se sustancie el concurso público para la elección del nuevo consejo de administración del ente público.
Nombramientos
Relevos a dedo en las empresas públicas. Los nombramientos y relevos en la cúpula de las empresas públicas tampoco contribuyeron a la regeneración anunciada. No es que Sánchez haya hecho algo distinto de sus antecesores, porque es uno de los más nefastos hábitos de la política española convertir la SEPI en una tarta que se trocea para entregarla por partes a amiguetes y para devolver favores. Son los cargos mejor pagados de la Administración, que llegan a triplicar lo que gana el jefe del Gobierno. Sí, Sánchez ha hecho lo mismo que Aznar con su compañero de pupitre Juan Villalonga, por ejemplo, y lo mismo que el resto de presidentes. Y ahí está el problema: ha renovado la cúpula empresarial pública con los mismos criterios y las mismas formas que sus predecesores, incumpliendo así su promesa de regeneración. Un cambio de Gobierno en España conlleva sistemáticamente el relevo de unos 6.000 altos cargos. Y la mayoría se hacen por proximidad ideológica, no por un criterio claro de mérito y capacidad. Es una crítica recurrente de la OCDE a España, que sigue a la cola de los países desarrollados en profesionalización, autonomía e independencia política de la cúpula de la Administración. Y aunque no sea responsabilidad del actual Gobierno, sí ha incidido en los mismos vicios que los anteriores.
Política migratoria
De los brazos abiertos a las expulsiones en frontera. La llegada al Gobierno de Sánchez coincidió con la crisis del Aquarius, un barco con más de 600 inmigrantes condenado a vagar por el Mediterráneo porque ningún país le daba acogida. El nuevo presidente quiso aprovechar la ocasión para marcar diferencias con la gestión de Mariano Rajoy y sacar pecho en Europa. Abrió el puerto de Valencia al buque y prometió asilo para los inmigrantes. La decisión agitó el avispero en un tema que genera gran confrontación en la UE. Fue un aldabonazo con el que Sánchez se hizo un nombre en Bruselas, pero también generó malestar por la unilateralidad de su iniciativa. El gesto humanitario tuvo consecuencias. Los flujos migratorios se habían desplazado en los últimos meses desde el Mediterráneo oriental hacia el occidental, y en las semanas posteriores las llegadas de inmigrantes a las costas españolas se multiplicaron y desbordaron los servicios de acogida. El Gobierno intentó cerrar la puerta y la respuesta fue un incremento en la violencia de los saltos a la valla de Ceuta. El Ejecutivo acabó aplicando por primera vez un convenio de 1992 con Marruecos para devolver a los 116 adultos que habían cruzado ilegalmente la valla fronteriza y unos días después detuvo a diez cabecillas de un salto violento. De los brazos abiertos a la expulsión inmediata en un par de meses. Un giro total en la política migratoria que acabó recibiendo los aplausos del vicepresidente italiano Matteo Salvini y hasta de los ultras alemanes: «España está mostrando lo que hay que hacer con los inmigrantes ilegales», escribió en redes sociales Alice Weidel, una dirigente de Alternativa por Alemania.
MEMORIA HISTÓRICA
Exhumación por decreto. Sánchez convirtió en una urgencia lo que ningún otro presidente se había atrevido a hacer en más de 40 años: hacer efectiva la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Una propuesta que había sido aprobada en mayo del 2017 por el Congreso, a iniciativa del PSOE y sin votos en contra. Para tratar de blindar la decisión, y al mismo tiempo hacerlo con urgencia, optó por el decreto-ley. Un procedimiento excepcional que deja sin armas a la familia del dictador y que evita el calvario del largo trámite parlamentario del proyecto de ley. Con su iniciativa, Pedro Sánchez ha conseguido polarizar el Parlamento y poner en evidencia la tibieza del PP y de Ciudadanos respecto del franquismo. El efecto colateral es la incapacidad para consensuar con la mayoría un proyecto sobre el futuro del Valle de los Caídos. Y la falta de acuerdo ha generado una nueva rectificación de Sánchez, que ha acabado por apostar por dejarlo en un cementerio civil, renunciando de esta manera a la propuesta socialista de convertirlo en un lugar para la memoria y la reconciliación. Es su última rectificación. Por el momento.
Los Presupuestos para el 2019, un equilibrio casi imposible
El Gobierno se dio un baño de realidad en el último pleno parlamentario, en el que pudo constatar su absoluta soledad. El Congreso rechazó la senda de déficit y el techo de gasto. Solo le apoyaron los suyos, el PSOE, y el PNV. Nada más llegar al Gobierno había renunciado a alguno de sus objetivos más reseñables, como la reforma laboral y la mil veces retrasada reforma de la financiación autonómica. Había negociado con Bruselas un ritmo de consolidación fiscal más suave, lo que permitiría elevar medio punto el déficit para el próximo año (del 1,3 al 1,8 %) y daría a las comunidades autónomas 2.500 millones de euros más. Pero ni por esas. El PP y Ciudadanos lo rechazan por despilfarrador. A sus socios de Unidos Podemos, en cambio, les sigue pareciendo insuficiente y lo que quieren en realidad es que se desentienda del corsé comunitario. Y los catalanes, ya se sabe, están a otras cosas. O no. Porque en cuanto el Gobierno ha abierto la puerta a subir el IRPF para los contribuyentes con ingresos superiores a 150.000 euros anuales, los del PDECat se han negado en redondo.
Al final, parece que el tópico aquel de la pela es la pela no está tan alejado de la realidad. El equilibrio parece imposible. De momento, el Gobierno trata de ganar tiempo y retrasará el proyecto al menos hasta noviembre, con dos meses de retraso sobre los plazos constitucionales, para darle tiempo a eliminar sobre la marcha la capacidad de veto que Mariano Rajoy otorgó al Senado en el 2012, con una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero incluso así, los Presupuestos ahora mismo parecen más una quimera que una posibilidad real, pese a las insinuaciones de que podrían estar aprobados en febrero. Si fracasa, Sánchez se verá obligado a trabajar un año más con las cifras que le dejó Rajoy.
