La sombra de un nuevo 155 dispara la tensión entre Gobierno y Generalitat

Sánchez invoca la Constitución y Torra responde que solo obedece al Parlamento catalán

La polémica de los lazos en el día a día: el dueño de un restaurante se enfrenta a los independentistas Manuel García, propietario del bar, acusa a los independentistas de «provocar» e «invadir su intimidad»
C. Reino
Madrid, Barcelona / Colpisa

Gobierno y Generalitat se toman la medida en vísperas del primer aniversario del proceso secesionista. El cruce de mensajes, bajo la sombra del 155, ha dejado al descubierto que ni Pedro Sánchez está dispuesto a consentir un desacato ni Quim Torra abandonará sin más sus planes de ruptura con España. «Nosotros -reiteró ayer el jefe del Ejecutivo- simplemente advertimos». «Mi obediencia es al Parlament», replicó el líder catalán. Empieza así a esbozarse el marco en el que cada una de las partes se moverá en los próximos meses. Ahora queda por ver si encontrarán una vía de encuentro o si la crisis se ha enquistado.

Las advertencias del jefe del Ejecutivo, que el jueves recordó a Torra lo que conlleva volver al desafío al Estado, no fueron bien recibidas en la Generalitat. Desde Perpiñán, en Francia, el presidente catalán censuró que Sánchez lance «amenazas» veladas sobre volver a aplicar el artículo 155. «Parecía que entrábamos en una nueva etapa de diálogo y de negociación», reprochó. Torra considera que el debate sobre la intervención de la autonomía debería formar parte del pasado. «Me ha sorprendido, creía haber entendido que a un problema político como el que tiene Cataluña, en el ejercicio de su autodeterminación, le íbamos a aplicar una solución política negociada», escribió en Twitter.

En la Moncloa, sin embargo, renunciaron a entrar en una «escalada dialéctica» y precisaron que ese escenario, el de tomar el control de las instituciones catalanas, no está en este momento encima de la mesa. Ni se ha «hablado» ni se ha sometido a «consideración», garantizó la portavoz, Isabel Celaá. «Sin embargo -admitió tras el Consejo de Ministros-, el presidente dijo lo que dijo». Y lo que dijo es que el camino de la quiebra de la legalidad se recorrió el año pasado con conocidas consecuencias. En el Gobierno confían en que ahora haya «suficiente inteligencia en otro lado como para aprovechar la oportunidad del pasillo abierto en política». En otras palabras, que Torra abandone la vía unilateral, abra un diálogo dentro de Cataluña y acepte el marco de la Constitución.

Nuevo Estatuto

El Ejecutivo volvió a ofrecer ayer negociar el Estatuto de Cataluña, que quedó modificado tras la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2010. Y reiteró que lo que no cabe es la exigencia de un referendo que la Carta Magna no contempla. Los «límites», insistió la portavoz, están claros.

Sánchez y su equipo se han querido anticipar al discurso que pronunciará el martes el presidente de la Generalitat en Barcelona. Torra inaugurará el curso político con una conferencia en la que tiene previsto detallar las líneas maestras de su mandato. Se especula con que podría lanzar un nuevo ultimátum al Gobierno para que se siente a abordar un plebiscito. El presidente catalán no quiso dar pistas ayer sobre cuáles son sus planes, aunque lleva días asegurando que el objetivo es «hacer efectiva la república», pero sí deslizó alguna idea. La más importante es que solo obedecerá al pueblo de Cataluña. Una forma de decir, sin explicitarlo, que la vía unilateral se mantiene en la recámara y que puede ser recuperada en cuanto se tuerzan las conversaciones entre la Moncloa y la Generalitat.

El clima podría enrarecerse aún más antes de que en octubre Sánchez y Torra se vean en Barcelona. El presidente catalán -y no la Moncloa- avanzó que ese será el mes de la reunión comprometida. «Confío en que Sánchez nos exprese cuál es su proyecto, teniendo en cuenta que venimos de un referendo y de una declaración política de independencia. Ese es el punto de partida que ponemos sobre la mesa», remató.

El líder del PP, mientras tanto, advirtió de que si se vuelve a la ilegalidad, los populares instarán a que se ponga en marcha el 155. Además, Pablo Casado afeó que Sánchez agite este recurso sin haber hablado con el partido que tiene la mayoría absoluta necesaria en el Senado.

Colau no irá a los actos de la Diada, que ve independentistas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que este año no participará en la manifestación que la ANC y Òmnium han convocado para la Diada del próximo 11 de septiembre, la protesta con la que el secesionismo ha arrancado estos últimos años el curso político, haciendo exhibiciones de fuerza para marcar el debate político en Cataluña.

Colau, que es miembro de En Comú Podem, considera que la cita de este año no le llama a asistir porque la ve de signo «claramente independentista» y favorable a la «vía unilateral» hacia la independencia, rasgos que en cualquier caso ya estaban presentes en las ediciones anteriores. El año pasado, en vísperas de los hechos de octubre, la alcaldesa de la capital catalana tampoco acudió a la cita, pero sí estuvo en cambio en la del 2016.

La relevancia del 11-S de este año para la regidora barcelonesa es que llega meses antes de las elecciones municipales, donde se juega la reelección, previsiblemente contra el ex primer ministro francés Manuel Valls, que sigue deshojando la margarita de la propuesta de Ciudadanos para encabezar su lista, y los candidatos secesionistas. Y todo apunta que el debate territorial marcará la campaña, pues el secesionismo lleva meses insistiendo en que su gran objetivo a corto plazo es recuperar la alcaldía de la capital catalana. La manifestación de la Diada de este año recorrerá la avenida Diagonal, de Barcelona, bajo el lema «Hagamos la república catalana».

Ada Colau trata de mantener una posición intermedia entre los secesionistas y los constitucionalistas. Rechaza la vía unilateral, pero sí defiende el derecho a decidir y critica al Estado español por el encarcelamiento de los líderes soberanistas, a los que ha visitado en las prisiones en las que se encuentran a la espera de juicio.

La alcaldesa reclamó evitar una «ocupación masiva» del espacio público con lazos amarillos, aunque calificó como «actuación de agresión» la de retirar estos símbolos de las calles.

La defensa de Puigdemont insiste en que el error en la demanda a Llarena fue de la traductora

Los abogados que representan al expresidente catalán Carles Puigdemont en la demanda que presentó en Bélgica contra el juez Llarena, instructor en el Tribunal Supremo de la causa del desafío independentista, insistieron ayer en culpar a la traductora murciana Delia Saavedra de haber falseado expresiones del magistrado para decir lo contrario de lo que él había expresado.

Los letrados del expresidente huido afirmaron que la tergiversación no puede ser atribuida en ningún caso a una supuesta manipulación posterior a la traducción al castellano del citado documento procesal.

El mencionado error consiste en que la expresión «oui c’est ce qui s’est produit», que significa «sí, eso es lo que sucedió», no es lo afirmado por Llarena, quien lo pronunció en condicional (si así ha sido), por lo que cambia el significado y no cuadra con la versión de la intérprete de que ella se limitó a traducir en su totalidad el documento en francés que le remitieron los abogados belgas, puesto que en su declaración jurada sí se respetan las palabras reales pronunciadas por Pablo Llarena dejando en condicional la supuesta comisión de delitos por Puigdemont y sus exconsejeros.

Para los bogados de Puigdemont, la explicación de lo ocurrido estriba en que la intérprete no tradujo dicho párrafo del francés y acudió directamente a la manifestación en castellano que también figuraba en el documento, cosa que no advirtió en un pie de página, por ejemplo. Esta es la razón por la que el error se arrastró hasta la presentación de la versión definitiva. Por todo ello, esta parte rechaza que se pueda hablar de manipulación alguna y ya ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Justicia belga el citado error.

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