Sánchez responde a los Franco que seguirá con la exhumación pese a sus amenazas

La familia llevará al Gobierno a los tribunales por prevaricación y profanación

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madrid, bogotá / colpisa, efe

El presidente Pedro Sánchez aseguró ayer que el Gobierno seguirá adelante con los trámites para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos pese a las «amenazas» por parte de la Fundación Francisco Franco de llevar al Ejecutivo a los tribunales.

Sánchez ha expresado esa determinación en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bogotá junto al presidente de Colombia, Iván Duque. Al ser preguntado por el hecho de que la Fundación Francisco Franco advierta de que con esa exhumación, el Gobierno puede incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de «profanación de sepultura», Sánchez lo ha interpretado como una «suerte de amenaza» dirigida a la presidencia del Gobierno, que ha dicho que representa a millones de españoles.

«La determinación es firme, y mañana [por hoy], en el Consejo de Ministros, se comenzará el expediente de exhumación del dictador porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que le rinda tributo», ha añadido.

Los siete nietos de Francisco Franco estudian llevar los restos de su abuelo a la tumba que tiene la familia en la cripta de la catedral de la Almudena en Madrid. En ese templo en el centro de la capital están enterrados Carmen Franco Polo, hija del dictador, y su marido, el marqués de Villaverde. El plazo de 15 días para decidir el lugar del traslado de los restos desde el Valle de los Caídos empieza a correr una vez que el Consejo de Ministros apruebe hoy el acuerdo de apertura del proceso de exhumación. La familia rechaza la idea de trasladar el cadáver al panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, por razones de seguridad. Allí yace Carmen Polo, esposa del dictador. Este escollo no se presentaría en la catedral de la Almudena porque enfrente de la iglesia se encuentra el Palacio Real, que cuenta con una abundante presencia permanente de las fuerzas de seguridad y de la Guardia Real. 

Prevaricación y profanación

El traslado de los restos a la Almudena requiere el acuerdo previo con el Obispado de Madrid, propietario del templo. Aunque la familia del dictador, como dijo su segundo nieto, Francis Franco, asume que será inevitable la exhumación, no por ello desiste de su plan de llevar al Gobierno a los tribunales.

El pasado 23 de agosto, un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto-ley que permite desenterrar los restos, los familiares enviaron un escrito al presidente del Gobierno en el que se ratificaron en sus intenciones demandarlo por «un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en un lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979».

La estrategia jurídica de los Franco, sin embargo, tiene escasas posibilidades de éxito porque un decreto-ley del Gobierno con la firma del jefe del Estado solo es recurrible ante el Tribunal Constitucional, instancia a la que no tienen acceso los ciudadanos para pedir la derogación de normas gubernamentales. La única vía que permitiría paralizar la exhumación sería la oposición de la Iglesia porque la tumba está en la basílica del Valle de los Caídos que regentan los monjes benedictinos. Es, por tanto, un lugar de culto, inviolable sin el permiso religioso. Pero el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ya ha trasladado al presidente que no se opondrá.

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