El Gobierno adjudica la defensa de Llarena al mayor bufete independiente de Bélgica

Pagará 544.982 euros a los abogados belgas para que representen a España y al juez

.El líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, anunció ayer la creación de una oficina para asesorar y apoyar a los ciudadanos con lazos amarillos
El líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, anunció ayer la creación de una oficina para asesorar y apoyar a los ciudadanos con lazos amarillos
R. Fernández
Madrid, Murcia / colpisa

El Ministerio de Justicia decidió ayer encomendar al bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, fundado en 1965 y con sede en Bruselas, la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante el tribunal de instancia de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros cuatro exconsejeros fugados contra el instructor de la causa por el desafío secesionista. Una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación y el bufete firmaron el preceptivo contrato. El valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros.

Una vez formalizado el contrato, el bufete Liederke asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, «defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo», según el comunicado del Ministerio de Justicia. Liedekerke es la firma de abogados independiente más grande de Bélgica. Es una oficina de servicio completo que cubre más de veinte áreas de práctica, tanto para asesoramiento, transacciones y resolución de disputas. Ha estado prestando servicios a clientes belgas y extranjeros desde 1965, desde nuevas empresas y pymes hasta multinacionales e instituciones financieras, pero también agencias gubernamentales y organizaciones intergubernamentales.

La versión de la traductora

Mientras, prosigue la polémica por la traducción. El único dato que aporta la murciana Delia Saavedra sobre su intervención, como traductora profesional, en la demanda permite apuntar a que la manipulación de las palabras del juez se efectuó a posteriori, en el ámbito de la defensa del expresidente catalán. Durante dos días, la traductora guardó silencio, a pesar de que desde el entorno de los abogados de Puigdemont se la intentó señalar, en origen, como la posible responsable de la alteración de unas declaraciones del juez Saavedra que condicionaban de manera trascendental el sentido de la demanda.

Esta denuncia, concretamente, se basa en unas declaraciones que hizo el magistrado tras pronunciar una conferencia en Oviedo. El juez explicó a la prensa que «se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados». En el texto presentado en francés ante un juzgado belga, esas declaraciones habían sido alteradas y, en vez de presentarse la frase condicional «si es que esto ha sido así», se había cambiado por otra en la que se aseveraba que «como en efecto sucedió» -«et oui c’est ce qui s’est produit»-.

En declaraciones a La Verdad, Delia Saavedra se limitó a dejar constancia de que ella tradujo el texto del francés al castellano, algo que hizo con la mayor fidelidad posible. Teniendo en cuenta que en la copia en castellano -que ella suscribe-, las declaraciones del juez en Oviedo están textualmente reproducidas, ello apunta a que también estaba así en el texto en francés que se le hizo llegar. Con lo cual, la única explicación apunta a que a posteriori alguien -presuntamente del ámbito de la defensa de Puigdemont- alteró esas palabras del magistrado en la copia en francés que se registró en un juzgado belga. Si estos datos se confirman, todo indicaría que la alteración se habría hecho de forma intencionada, con la única finalidad de tratar de engañar al juez belga.

 

Arrimadas responde a los secesionistas que rompe la convivencia quien excluye, no quien retira lazos

Cristian Reino
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La líder de Ciudadanos en Cataluña anima a retirar la simbología independentista de las calles

Todo el mundo llama a la responsabilidad en Cataluña, pero casi nadie parece dispuesto a rebajar la escalada de tensión. El día después de la agresión que sufrió un cámara de Telemadrid en la concentración organizada por Ciudadanos para apoyar precisamente a la mujer que fue agredida el sábado pasado en Barcelona por retirar lazos amarillos, las críticas arreciaron desde todos los flancos contra el partido de Rivera. La formación naranja quiso capitalizar el descontento que hay en Cataluña con la guerra de lazos, llamando a la población a quitar simbología secesionista del espacio público, pero el cambio de rasante -escenificado por Albert Rivera e Inés Arrimadas en Alella, donde retiraron ellos mismos los plásticos- no le salió como esperaba y ayer se vio en el centro de la polémica. Lejos de pisar el freno, Ciudadanos insistió en que seguirá dando la batalla en la calle y seguirá explotando la tensión por los lazos amarillos. «Claro que hay que recuperar la convivencia, lo que no voy a aceptar es que se diga que quien quita un lazo es quien está rompiendo la convivencia, y no quien dice que más de media Cataluña no es Cataluña», afirmó Inés Arrimadas. «No pueden pedirme que me quede en casa», dijo. Ciudadanos acudió ayer al Defensor del Pueblo a pedir amparo por la situación de indefensión en que a su juicio se encuentran muchos catalanes ante la «intolerable» vulneración de su derechos.

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