Sale al paso de las críticas asegurando que ultima la contratación de un bufete belga
27 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La contundente reacción de las asociaciones de jueces y fiscales ante la citación de la justicia belga a Pablo Llarena y las acusaciones del PP y Ciudadanos de haber dejado «tirado» al magistrado del Supremo han forzado una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. La Moncloa emitió ayer un comunicado detallando que ha puesto en marcha «todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional» dentro de la causa en la que está demandado el juez del Supremo por el expresidente catalán y los cuatro exconsejeros que huyeron con él. Entre esos mecanismos está la contratación de un despacho de abogados en Bélgica que se formalizará «en breve».
Sin embargo, en el comunicado no especifican si va a contratar abogados para defender a Llarena ante las acusaciones de Puigdemont de parcialidad o si, como parece y han mantenido hasta el momento, en este punto no considera oportuna su defensa porque entiende que es un asunto privado. El Ejecutivo solo tomará cartas en el asunto si en la tramitación de la demanda el tribunal belga se inmiscuye en la soberanía jurisdiccional española para investigar los presuntos delitos cometidos por los secesionistas.
Puigdemont y los cuatro exconsejeros presentaron el pasado 5 de junio una demanda civil contra el instructor del Supremo por entender, a raíz de unas declaraciones suyas el 22 de febrero en la Universidad de Oviedo, que había vulnerado su derecho a un juicio justo y no había respetado su presunción de inocencia. Llarena en aquel acto académico negó que los huidos en Bélgica fueran «presos políticos». Para los abogados del expresidente catalán, el juez «emitió una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales. Por tanto, prejuzgó».
El juez está citado el 4 de septiembre ante un tribunal de primera instancia de Bruselas, que deberá decidir si da curso a la demanda en la que se reclama el pago de un euro a cada uno de los denunciantes por «daños morales». Cabe por tanto la posibilidad de que toda la polémica desencadenada se quede en agua de borrajas si la justicia belga desestima la acusación. Si la demanda sigue su curso, el Gobierno de Sánchez se hará cargo de la defensa del magistrado del Supremo en caso de que durante el proceso se ponga en tela de juicio «la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica», apunta la nota difundida por el Gobierno. Un escenario que en absoluto se puede desdeñar a tenor de la literalidad de la demanda presentada por Puigdemont. En el escrito presentado ante los tribunales belgas, el expresidente catalán acusa a España de ser «un Estado delincuente» equiparable a «Kazajistán».
Apartar al juez
El expresidente de la Generalitat sostiene además que la justicia española es «incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial». El mejor exponente de esa concepción de la justicia, agrega la demanda, fueron las palabras de Llarena al negar su condición de presos políticos porque con ellas «ha sobrepasado sus funciones judiciales» y ha puesto de manifiesto «su parcialidad y ensañamiento». Con este planteamiento de fondo no sería de extrañar que la tramitación de la demanda se convierta en un proceso en el que Bélgica someta a escrutinio a la justicia española, y ahí es donde el Gobierno de Sánchez se compromete a intervenir. Lo que se esconde tras la presentación de la denuncia es la pretensión de apartar a Llarena de la causa del desafío secesionista y declarar nula su instrucción. La admisión de la acusación permitirá a Puigdemont invocar el artículo 219.8 de la ley de Poder Judicial que invalida a un juez a seguir en la causa si ha sido demandado por una de las partes.
PP y C’s darán apoyo legal a los identificados o agredidos por la retirada de lazos amarillos
Ciudadanos registrará en breve una denuncia ante la Fiscalía solicitando la apertura de una investigación sobre el ataque sufrido el pasado fin de semana por una mujer en Barcelona mientras limpiaba las calles de lazos amarillos con el objeto de determinar si puede tratarse de un delito de odio. Así lo avanzó ayer la líder de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas, que calificó la «brutal» agresión sufrida por la esposa de un militante naranja como un episodio «intolerable».
La jefa de la oposición en Cataluña defiende que este ataque no es un caso aislado y que desde su formación no están dispuestos a mirar hacia otro lado, por lo que a partir de ahora darán apoyo a todas aquellas personas que se sientan «señaladas, identificadas e insultadas de manera absolutamente injusta por simplemente defender de manera pública que quieren un espacio público de todos los catalanes». Arrimadas pretende utilizar esta agresión registrada el fin de semana en el Parque de la Ciudadela para que «todo el mundo entienda la gravedad de lo que se está viviendo en Cataluña», expuso.
Según fuentes del partido, la mujer atacada sigue «convaleciente» y en estado de shock, por lo que todavía no ha podido interponer la denuncia policial. En repulsa de este ataque y en señal de apoyo a la víctima, Ciudadanos ha convocado una concentración para este miércoles a las 19 horas en el mismo lugar en el que se registró la agresión.
Tensión en aumento
La tensión en las calles de Cataluña se ha disparado desde la llamada de Ciudadanos a desenlazar todos los espacios públicos repletos de esta simbología independentista. Personas que participan en estas acciones han denunciado que en las últimas horas han sido identificadas por los Mossos, la misma policía autonómica a la que acusan de permanecer inmóvil cuando los independentistas colocan lazos. Por este motivo, el PP anunció ayer la apertura de una oficina en Barcelona para asesorar y apoyar a todas aquellas personas que sean denunciadas, sancionadas o agredidas por retirar estos símbolos de la vía pública.
El líder del grupo popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que criticó la posición colaboracionista del Ayuntamiento, detalló que con esta iniciativa su partido busca «respaldar a aquellas personas que sean perseguidas por el único delito o infracción de sentirse catalanes y españoles y rechazar la presencia de unos lazos en la vía pública».