El PP promueve un frente común con las asociaciones judiciales en apoyo a Llarena

Acusa al Gobierno de «dejación de funciones» y se suma a las exigencias para que defienda al juez ante la Justicia belga


Redacción / La voz

Al Gobierno se le acumulan los problemas en el inicio del nuevo curso político. A la polémica exhumación de los restos de Franco y a las dificultades para avanzar en los Presupuestos del próximo año se le suma ahora la avalancha de críticas por su decisión de no dar apoyo legal al juez Pablo Llarena ante la demanda presentada contra él en Bélgica por el expresidente Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros catalanes. La práctica totalidad de las asociaciones de jueces y de fiscales -todas menos la progresista Jueces para la Democracia- suscribieron un comunicado conjunto en el que exigen al Gobierno que se persone ante los tribunales belgas en representación del juez Llarena «en defensa de la soberanía jurisdiccional de España». Los ataques le llegan también desde el flanco político. El PP y Ciudadanos acusan a Pedro Sánchez de desentenderse del magistrado que instruye la causa por el desafío secesionista y de dejar vendida a España para no enemistarse con sus socios los independentistas catalanes. El presidente popular, Pablo Casado, dio un paso al frente ayer y propuso a las asociaciones judiciales un frente común para hacer cambiar la postura del Gobierno. «He solicitado una reunión a las asociaciones de jueces y fiscales para plantear nuestra oposición a la indefensión que sufre el juez Llarena y a favor de la integridad, independencia e inmunidad internacional del poder judicial. El Gobierno debe explicar su dejación de funciones», escribió Casado en Twitter. 

Movilizaciones

El PP y Ciudadanos llevarán el asunto al Parlamento en cuanto acaben las vacaciones e incluso anuncian movilizaciones en las calles en defensa del magistrado que ha llevado a prisión a los responsables del desafío secesionista. Y lo harán porque, según Teodoro García Egea, secretario general de los populares, «Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez». En una línea parecida, Albert Rivera dijo que «Sánchez abandona a quienes defienden al Estado en Cataluña» y claudica «ante los supremacistas que dieron un golpe de Estado contra nuestra democracia».

Puigdemont y los cuatro exconsejeros catalanes que huyeron con él para eludir a la Justicia española, presentaron una demanda civil en Bélgica contra el juez Llarena por «vulnerar su derecho a un juez imparcial y justo» y a la «presunción de inocencia». Fundamentaban tales acusaciones en unas declaraciones realizadas por el magistrado del Tribunal Supremo el pasado 23 de febrero en Oviedo en las que Llarena, que aclaraba primero que como instructor de la causa no podía hablar de la misma, decía que los procesados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart o Joaquim Forn, en prisión preventiva, «no son presos políticos» y que los delitos de que están acusados deben ser investigados, pero no son meras sospechas.

Amparo judicial

El tribunal belga encargado de tramitar la demanda acordó citar para el próximo 4 de septiembre a las partes al objeto de decidir si da curso o no a la denuncia. El juez Llarena entiende que la demanda es una maniobra de los demandantes contra él en su calidad de instructor de la causa y que es un elemento más de una campaña orquestada por los acusados para intentar desprestigiarlo a él y la investigación que dirige contra el desafío secesionista. Por ello, reclamó el amparo del Consejo del Poder Judicial, cuya comisión permanente, acordó concedérselo con siete votos a favor y uno en contra, de la vocal Concepción Sáenz.

El órgano de gobierno de los jueces interpreta que los procesados, «con la interposición de la demanda contra él [Llarena] en Bélgica, han realizado un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional, pretendiendo desacreditar la instrucción llevada a cabo en el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional ante la opinión pública internacional a través de un cauce inidóneo para ello, con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales». En aplicación de su decisión de amparo, el Consejo del Poder Judicial se dirigió al Ministerio de Justicia para que se hiciera cargo de la defensa de Llarena, y con ello de la jurisdicción española, ante los tribunales belgas.

La respuesta del Gobierno fue que defenderá la jurisdicción de España ante los tribunales belgas, pero precisó que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Consejo del Poder Judicial. Una posición que no comparten las asociaciones judiciales, que en el comunicado conjunto hecho público ayer acusan al Ejecutivo de «dejación de funciones». Señala que es obligación del Gobierno defender la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada por los tribunales de un país extranjero «valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley». Argumentan que defender la jurisdicción española obliga a personarse ante la Justicia belga en defensa del juez Llarena. Y recuerdan que en el preceptivo informe de la Abogacía del Estado a la ministra de Justicia se indicaba que en este caso «concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto».

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