El Gobierno contrata un bufete belga por la demanda contra el juez Llarena

El instructor de la causa abierta por el procés deberá comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda presentada contra él por Puigdemont


El Gobierno ha anunciado este domingo que ha puesto en marcha «todos los mecanismos necesarios» para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.

El Ejecutivo ha indicado en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial «hasta este momento» en relación a la demanda contra el juez para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones «de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española» que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Llarena, instructor de la causa abierta por el procés, debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.

El PP promueve un frente común con las asociaciones judiciales en apoyo a Llarena

Acusa al Gobierno de «dejación de funciones» y se suma a las exigencias para que defienda al juez ante la Justicia belga

Al Gobierno se le acumulan los problemas en el inicio del nuevo curso político. A la polémica exhumación de los restos de Franco y a las dificultades para avanzar en los Presupuestos del próximo año se le suma ahora la avalancha de críticas por su decisión de no dar apoyo legal al juez Pablo Llarena ante la demanda presentada contra él en Bélgica por el expresidente Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros catalanes. La práctica totalidad de las asociaciones de jueces y de fiscales -todas menos la progresista Jueces para la Democracia- suscribieron un comunicado conjunto en el que exigen al Gobierno que se persone ante los tribunales belgas en representación del juez Llarena «en defensa de la soberanía jurisdiccional de España». Los ataques le llegan también desde el flanco político. El PP y Ciudadanos acusan a Pedro Sánchez de desentenderse del magistrado que instruye la causa por el desafío secesionista y de dejar vendida a España para no enemistarse con sus socios los independentistas catalanes. El presidente popular, Pablo Casado, dio un paso al frente ayer y propuso a las asociaciones judiciales un frente común para hacer cambiar la postura del Gobierno. «He solicitado una reunión a las asociaciones de jueces y fiscales para plantear nuestra oposición a la indefensión que sufre el juez Llarena y a favor de la integridad, independencia e inmunidad internacional del poder judicial. El Gobierno debe explicar su dejación de funciones», escribió Casado en Twitter. 

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