El Ejecutivo justifica la expulsión de los inmigrantes por la violencia que emplearon en la valla
ESPAÑA
Entidades y partidos critican la devolución de 116 personas
25 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Mensaje de firmeza desde Moncloa contra la inmigración ilegal 24 horas después de la devolución exprés a Marruecos de 116 de los 118 extracomunitarios que el miércoles entraron en Ceuta, en uno de los asaltos a la valla más violentos de los últimos años y en el que resultaron heridos siete guardias civiles. El Gobierno no va a «consentir de ninguna manera la inseguridad de las fronteras» y, mucho menos, episodios de «violencia y riesgo» para las fuerzas de seguridad como los vividos esta semana.
La vicepresidenta del Ejecutivo no ahorró en epítetos para definir lo ocurrido en la ciudad autónoma, cuando los agentes fueron agredidos con piedras, ácido de batería, cal viva y heces. «Inaceptable». «Entraron de manera irregular y agresiva». «Es una situación que no vamos a consentir», insistió Calvo. La número dos del Gobierno de Pedro Sánchez defendió la legalidad de las expulsiones en virtud del acuerdo de devolución firmado en 1992 con Rabat. Los 116 deportados fueron «atendidos jurídicamente uno a uno, con todas las garantías propias de un Estado de derecho, y tuvieron un procedimiento de identificación particularizado», apuntó.
Calvo negó que el Ejecutivo tenga una política errática en materia de extranjería por ofrecer la entrada a los inmigrantes del Aquarius mientras deporta en menos de 24 horas a los extracomunitarios de Ceuta. La vicepresidenta quiso dejar claro que se trata de dos situaciones «completamente distintas». Por un lado, se buscó dar una respuesta «segura y humanitaria» a los extracomunitarios que se encontraban en el mar y, por otro, proteger las fronteras frente a un ataque «violento». «No hemos variado ni un solo ápice», apostilló.
Sin aclaraciones sobre el futuro
Calvo no quiso -o no pudo- aclarar si el Gobierno volverá a repatriar a inmigrantes si hay más asaltos a los vallados de Ceuta y Melilla. De hecho, altos responsables del Ejecutivo reconocieron ayer que desconocen si Rabat volverá a aceptar la aplicación del convenio de 1992 en el próximo salto.
Las entidades sociales fueron muy críticas con la decisión adoptada por el Gobierno de Sánchez. Más de 40 de ellas -entre las se encuentran Caminando fronteras, Centro Pastoral San Carlos Borromeo, Prodein y la Red Acoge- firmaron un manifiesto en el que denuncian «la huida hacia adelante» que representan estas devoluciones.
Podemos presentó una solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique la devolución a Marruecos en «apenas 24 horas» de los 116 migrantes, que «podría constituir una violación de la normativa internacional», según expresó este partido.
