La coordinación entre Mossos e Interior, bajo mínimos en la lucha contra el terrorismo islámico

El sumario de los atentados del 17A pone de relieve la desconfianza entre los cuerpos de seguridad

.Un agente de policía vigila la ceremonia en honor a las víctimas del atentado terrorista del 17 de agosto del año pasado
Un agente de policía vigila la ceremonia en honor a las víctimas del atentado terrorista del 17 de agosto del año pasado

Madrid / Colpisa

Entre el 70 y el 90 % de las investigaciones antiyihadistas en marcha en la actualidad tienen algún vínculo con Cataluña. Según los datos oficiales de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, hay tres veces más operativos abiertos y personas bajo sospecha que hace cuatro años y Cataluña está en el epicentro, muy por encima de otros puntos del levante mediterráneo, Madrid, Ceuta o Melilla. Pero desde los atentados de las Ramblas y Cambrils no ha habido una sola operación conjunta contra el terrorismo islámico de las fuerzas del Ministerio del Interior y los Mossos d’Esquadra. La cooperación policial, totalmente influenciada por el devenir político, se ha limitado desde el 17A a algún golpe a las mafias georgianas y armenias y, siempre, por «imperativo» del juez que coordinaba las pesquisas.

Los responsables del Ministerio del Interior -tanto actuales como los del Gobierno de Mariano Rajoy- insisten en que el proceso independentista no ha tenido repercusión en la coordinación policial y, menos, en la lucha contra el yihadismo. Desde la otra parte, se niega esa versión oficial que se repite desde Madrid. El propio Joaquim Forn, exconsejero de Interior el 17A, ha denunciado recientemente en una entrevista desde la cárcel que el Estado «es celoso a compartir datos» sobre el yihadismo.

Un año después de los ataques de Barcelona todo son reproches mutuos y la colaboración es «inexistente», «una quimera», según afirman numerosas fuentes de ambas partes, desmintiendo el discurso oficial de Interior.

Los mandos de los Mossos han seguido denunciando esta misma semana que el 10 de julio del 2017, Interior -en el único gesto de deshielo en plena escalada independentista- le prometió su plena integración en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y el acceso a las bases de datos de europeas e internacionales, extremo que desmienten desde el Gobierno central, que afirman que solo se les ofreció una representación estable en ese órgano, similar a la de la Ertzaintza. Sea como fuere, los Mossos solo acuden como «invitados» a algunas reuniones de este centro y es potestad del Ministerio del Interior decidir qué datos se facilitan al cuerpo autonómico.

En la cúpula actual de los Mossos, y tampoco durante el tiempo en que la policía catalana estuvo bajo el control del Gobierno por la aplicación del artículo 155 de la Constitución cambiaron mucho las cosas, se repite como un mantra que el Ejecutivo central «ocultó» al cuerpo autonómico que tanto CNI, como Policía y Guardia Civil habían contactado con el imán de Ripoll, sabedores de su potencial yihadista.

Cada uno por su lado

«¡Cómo podemos confiar en un Gobierno que no nos facilita armas largas para enfrentarnos a los yihadistas en la calle!», denuncia este viernes un alto mando de los Mossos del Complex Central de Egara, cuartel general del cuerpo autonómico. Desde hace ya más de un año, el Ejecutivo viene retrasando la entrega de armas de guerra -no así de la munición para este armamento- por cuestiones burocráticas ligadas al Ministerio de Defensa.

Y así se pone de manifiesto en el sumario que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional y en el que no hay un solo informe conjunto. La desconfianza y la lista de agravios también es larga por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El hecho de que los Mossos rechazaran insistentemente el ofrecimiento de los Sedex de la Guardia Civil, los artificieros, tras la explosión de la casa de Alcanar en Tarragona, muy cerca de la demarcación del instituto armado en la Comunidad Valenciana, provocó un malestar que todavía no se ha olvidado.

Con la Policía Nacional, las cosas no están mejor. En la Comisaría General de Información, a pesar de las peticiones de acceder a los datos que los Mossos encontraron en Alcanar y en los móviles de los terroristas, afirman tajantes que solo han podido acceder a ellos a través de la prensa cuando el juez de la Audiencia Nacional levantó el secreto del sumario hace tan solo unas semanas. «El único interés de los Mossos con el 17A ha sido aparecer como una policía integral del nuevo Estado, capaz de encargarse de los atentados por sí sola como en cualquier otro país de Europa. Ese es, además, el discurso oficial que se promueve desde la Generalitat», apunta un responsable de los servicios de inteligencia del Estado, que reconoce que hace años que no tiene «ni siquiera contactos» con los policías catalanes.

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