En la investigación la Guardia Civil habría detectado que realizó al menos seis viajes al extranjero para tratar «cuestiones vinculadas con la futura financiación de una Cataluña independiente»
08 ago 2018 . Actualizado a las 21:22 h.El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el 1-O, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que investigue al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
Según ha informado el TSJC, la sala civil y penal ha recibido la exposición razonada del titular del juzgado de instrucción número 13 para que asuma la causa respecto a tres investigados en su procedimiento, Aragonès, Jové y Salvadó, ya que entiende que la competencia sería del alto tribunal catalán, dada su condición de aforados.
La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret será ahora la encargada de decidir si el alto tribunal catalán admite a trámite la solicitud planteada por el juez de Barcelona, que investiga a varios exaltos cargos del Govern por el 1-O.
El exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó fueron detenidos por orden del juez en el marco de la operación de la Guardia Civil durante el registro de la sede de Economía el 20-S del pasado año para intentar impedir la celebración del referéndum del 1-O.
Al ser elegidos diputados de ERC en las elecciones catalanas del pasado 21-D, tanto Jové como Salvadó, que tuvieron un papel clave en la preparación del 1-O desde la consejería dirigida entonces por Oriol Junqueras, pasaron a tener la condición de aforados, por lo que la competencia para su investigación recae en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Paralelamente, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona recibió en julio pasado un informe de la Guardia Civil en el que le pedía que siguiera el rastro del coste de seis viajes que efectuaron entre 2016 y 2017 ex altos cargos del Govern, entre ellos el actual vicepresidente Pere Aragonès, ante las sospechas de que su propósito era buscar formas de financiación exterior de una Cataluña independiente.
A partir de la documentación intervenida en varios registros, la Guardia Civil detectó seis viajes al extranjero efectuados por exaltos cargos del Govern -tres de ellos por Aragonès- para reunirse con personalidades políticas de terceros países, directivos de entidades bancarias que operaban a escala internacional, responsables de fondos de inversión especializados en la adquisición de deuda soberana y sociedades de calificación de deuda pública.
«Se ha podido determinar que todas estas reuniones tuvieron como principal objetivo tratar cuestiones vinculadas con la futura financiación exterior de una Cataluña independiente», advertía al juez la Guardia Civil, que considera que esos pagos podrían implicar un delito de malversación de caudales públicos.
El informe hacía referencia a seis viajes a Irlanda, Flandes, Londres, Noruega y Eslovenia -en dos ocasiones-, en los que participaron, entre otros, el exsecretario de Economía Pere Aragonès -actual vicepresidente y conseller de Economía-, el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó -imputado en la causa-, el exconseller de Exteriores Raül Romeva -encarcelado por rebelión- y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo -también imputado.
Según la Guardia Civil, a pesar de que en estos seis viajes participaron altos cargos adscritos a diferentes consejerías, los temas que se trataron «siempre se circunscribieron a competencias propias de la conselleria de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda», dirigida entonces por Oriol Junqueras.
Apoyo de Torra y críticas de ERC al juez
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado este miércoles su apoyo al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.
«Ganaremos porque estamos en el lado correcto de la historia. Y porque no aceptaremos ninguna sentencia en esta causa general contra los derechos civiles y el derecho a la autodeterminación de Catalunya», ha publicado en Twitter.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado este miércoles las novedades judiciales y las ha atribuido a un movimiento para frenar al soberanismo.
«Lo que vemos con la petición es que nos quieren decapitar, descabezar, que quieren que paremos nuestra lucha democrática», ha asegurado Vilalta en declaraciones a los medios en Barcelona, y ha defendido que la convocatoria de un referéndum no es ilegal.
La republicana ha afirmado que desde ERC seguirán «persistiendo en la defensa de los derechos de la ciudadanía» y de la autodeterminación, y ha pedido que no se judicialice un conflicto que es político, en referencia al proceso independentista.