Las autonomías recibirán 7.000 millones más en anticipo, pero tendrán menos margen de déficit

El Gobierno asume que no podrá flexibilizar la senda fiscal


Madrid / Colpisa

Hace apenas diez días, las comunidades aprobaron una nueva senda de déficit más flexible que daba a las autonomías tres décimas, en lugar de solo una, como preveía el proyecto anterior del Gobierno de Rajoy. Pero, como viene siendo habitual en la política española reciente, diez días han dado para mucho. Ayer se volvieron a reunir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero no para informar sobre la distribución del déficit y la deuda -algo imposible por el momento, puesto que la senda de estabilidad fue rechazada la semana pasada en el Congreso-, sino para conocer las entregas a cuenta del Estado a las comunidades. Tras la reunión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que las comunidades tendrán 102.920 millones de euros de entregas a cuenta en el 2019, lo que supone 6.939 millones (7,23 %) más que este año. Eso sí, como por el lado del déficit «lo más probable» es que en septiembre se aplique la senda «más restrictiva» del Ejecutivo de Rajoy, tendrán que ajustar sus presupuestos por ese lado. De esta forma, las autonomías pueden comenzar a elaborar sus presupuestos de 2019 sin tener que esperar a que estén listos los Presupuestos Generales del Estado, pero teniendo en cuenta la senda de estabilidad anterior, que supone ajustar el objetivo de déficit al 0,1 % del PIB y no al 0,3 %, como proponía Montero.

Desde Hacienda prevén que el Consejo de Ministros apruebe dentro de un mes «los mismos» objetivos de déficit ya rechazados en las Cortes. Esto exigirá la convocatoria de otro CPFF para que se someta a la votación de las comunidades antes de llevarlos al Congreso, pero no se esperan sorpresas. «No hemos recibido ninguna propuesta de los grupos que votaron en contra o se abstuvieron, por lo que todo hace pensar que volverán a ser rechazados», lamentó Montero.

Otro aspecto muy importante al que se ha comprometido la ministra de Hacienda es a empezar en septiembre los trabajos políticos para la reforma del sistema de financiación autonómica. «Siendo realistas, es un trabajo que no se podrá llevar a cabo en cinco o seis meses, hay muchos intereses que poner en común», señaló Montero, quien aseguró que el Estado será «solidario» y habrá «más recursos, para que ninguna comunidad pierda».

Las declaraciones previas a la reunión mostraron las diferencias políticas entre el PSOE y el PP. Por el lado de los socialistas habló el consejero castellano-manchego, quien pidió «cordura, seriedad y sensatez a los diputados de PP y Podemos». A estos últimos les dijo que es «incompatible» solicitar un aumento del gasto y «al mismo tiempo abstenerse» en una votación que permitía «flexibilizar» los objetivos marcados por Bruselas.

La posición de los populares la expuso el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, quien advirtió que con Rajoy apostó por una «senda de consolidación paulatina de la economía» que ha permitido «salir de la crisis y crear empleo». En cambio, «ahora se está hablando de más deuda, más déficit y más impuestos, porque al final las deudas hay que pagarlas». 

Los ayuntamientos duplicarán los fondos contra la violencia machista

A. Torrices

Gobierno y comunidades autónomas cerraron ayer los acuerdos que han desatascado la puesta en marcha del pacto de Estado contra la violencia machista, que llevaba ocho meses rubricado y a la espera de financiación para desplegar sus efectos contra una lacra que ha costado la vida a 947 mujeres desde el 2003.

La Conferencia Sectorial de Igualdad pactó por unanimidad devolver a los ayuntamientos sus competencias en política social y duplicar sus fondos para luchar contra la violencia machista con el fin de convertirlos en una punta de lanza contra esta lacra; acordó los criterios para repartir de inmediato los 100 millones adicionales de que dispondrán las comunidades para potenciar esta batalla; y Ejecutivo y Gobiernos autonómicos, con representantes de todos los partidos, se comprometieron a empujar para que el Parlamento apruebe antes de que acabe el año todas las reformas legales indispensables para ejecutar un tercio de las medidas del pacto de Estado.

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