PSOE y PP frenan la primera iniciativa de Podemos para investigar a Juan Carlos

Rechazan que la ministra Montero hable de las revelaciones de Corinna

La ministra de Hacienda no tendrá que comparecer en el Congreso
La ministra de Hacienda no tendrá que comparecer en el Congreso

madrid / colpisa

No habrá comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar si la Agencia Tributaria investigará el supuesto entramado financiero de Juan Carlos I. El PP y el PSOE unieron ayer sus votos en la Mesa del Congreso para rechazar la petición formulada en ese sentido por Unidos Podemos. La negativa no es ninguna sorpresa, pero da una pista de la suerte que correrá la comisión de investigación que también pretenden poner en marcha los principales socios parlamentarios del Gobierno a raíz de las revelaciones de la amiga íntima del antiguo monarca, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Los dos grandes partidos justificaron su decisión de desestimar la intervención de Montero en la opinión de los letrados de la Cámara. Estos recordaron algo que ya apuntó la propia ministra el viernes tras la reunión del Consejo de Ministros: que el artículo 95 de la ley general tributaria impide ofrecer información de actuaciones sobre contribuyentes concretos salvo excepciones muy contadas (en concreto, trece) que hacen referencia a la colaboración con la justicia, con otras administraciones o con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Juan Carlos I solo es imputable por actos cometidos a partir de su abdicación En ese artículo también se regula la posibilidad de ceder datos que tengan por objeto «la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación». Sin embargo, el informe de los servicios jurídicos de la Cámara baja hace mención a otros dos preceptos constitucionales. Uno es el recogido en el artículo 56.3 que establece que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». El otro, el del artículo 65, hace referencia a la capacidad del jefe del Estado de distribuir «libremente» la partida que recibe de los Presupuestos Generales del Estado. Ese último artículo se ha utilizado tradicionalmente para argumentar que la Casa Real no está sujeta al control parlamentario y en su día sirvió incluso para discutir que tuviera que someterse a la ley de transparencia.

Finalmente, presionada por la imputación de la infanta Cristina en el Caso Nóos, la Corona, aún con Juan Carlos I al frente, pidió ser incluida en esa norma como gesto regeneración, pero solo quedó obligada a dar cuenta de sus gastos «en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo», es decir, lo que desde distintos Ministerios se dedica a viajes, actos oficiales o conservación de palacios y jardines. El Rey, por ejemplo, no está obligado a hacer declaración de bienes.

Parapeto

El caso es que aunque Juan Carlos I no es ya jefe del Estado y por lo tanto ha perdido la inviolabilidad (es imputable por actos cometidos a partir de su abdicación en el 2014 o con anterioridad al inicio de su reinado), sí pertenece a la Familia Real. Y ese es el parapeto que ayer levantaron socialistas y populares. Ciudadanos optó por la abstención. El Gobierno, aun así, tendrá difícil ignorar la polémica suscitada por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo -actualmente en prisión, acusado de blanqueo y pertenencia a organización criminal- en las que la consultora alemana sostiene que el padre de Felipe VI la usó como testaferro, que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo Luis Alfonso de Orleans, que se acogió a la amnistía fiscal del 2012 o que cobró comisiones de Arabia Saudí por el AVE a la Meca.

Podemos está decidido a no dar su brazo a torcer y, de hecho, ayer presentó una proposición no de ley con la que pretende poner al PSOE frente al espejo. En ella no solo recuerda la múltiples declaraciones de Pedro Sánchez en la oposición, en la que exigió al Gobierno del PP que publicara los nombres de los beneficiados por la regularización extraordinaria de Cristóbal Montoro, también recoge iniciativas legislativas presentadas por los socialistas en el Congreso para hacerlo posible, la última en junio de 2017. Amparado en esos precedentes, insta al Ejecutivo a cumplir su palabra y demostrar «que los españoles son iguales ante la ley».

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