El Constitucional anula la última moción que insistía en la independencia catalana

El tribunal omite, de modo inusual, el aviso de consecuencias en caso de incumplimiento

El consejero de Economía, Pere Aragonès, y Quim Torra, en la reunión de ayer del Gobierno catalán
El consejero de Economía, Pere Aragonès, y Quim Torra, en la reunión de ayer del Gobierno catalán

madrid / colpisa

El nuevo escenario de diálogo abierto por Pedro Sánchez y Quim Torra tras su reunión del 9 de julio en el palacio de la Moncloa tampoco ha pasado desapercibido en el Tribunal Constitucional. Si primero fue el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, quien dio 24 horas de margen a los presidentes tras dictar sus últimos autos el pasado martes pese a que habían sido redactados el mismo lunes día 9, ayer le tocó el turno al tribunal de garantías con un guiño cuanto menos llamativo en favor del diálogo político.

Por unanimidad de sus doce magistrados, el Pleno del Constitucional suspendió la moción aprobada por el Parlamento catalán el pasado día 5, que reafirmaba «los objetivos políticos» de la resolución del 9 de noviembre del 2015 para avanzar hacia la independencia de Cataluña. La decisión fue tomada tras admitir a trámite el primer recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, avalado por el Consejo de Estado, contra una actuación del Parlamento catalán, en este caso la moción aprobada con los votos de los partidos secesionistas, mayoría en la Cámara: JxCat, ERC y la CUP.

Sin embargo, y aquí viene la novedad, pese a que los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno son admitidos de forma automática y conllevan por ley la suspensión temporal de los efectos jurídicos apelados, en su providencia de ayer el tribunal no advierte de «eventuales responsabilidades, incluida la penal», en caso de incumplimiento. Un matiz importante con respecto a las resoluciones dictadas durante el momento más álgido del proceso independentista con el Gobierno del prófugo Carles Puigdemont.

«Iremos tomando nota»

La providencia da traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento catalán para que en el plazo de 20 días pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que considere convenientes a la impugnación de cinco puntos de la citada moción del 5 de julio. Esta señalaba, entre otras cuestiones, que el «Parlamento de Cataluña, ante las actuaciones del Estado por medio del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía, de judicialización y persecución de los actos consecuentes con su mandato democrático, ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña». La decisión del Constitucional fue calificada por Quim Torra como «muy mala noticia». Sin embargo, se trata de un rechazo teatralizado por parte del presidente de la Generalitat, ya que el tribunal de garantías no puede hacer otra cosa cuando el Gobierno central presenta un recurso ante este órgano. Torra señaló, además, que estarán atentos en las próximas semanas a si el Estado «ofrece la posibilidad de estar ante un nuevo escenario o el mismo que cuando gobernaba el PP». «Iremos tomando nota de todo lo que va pasando», avisó.

Imputada la interventora general por ocultar los gastos del referendo ilegal

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citado a declarar como investigada para el día 24 a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, después de que certificase que el Gobierno catalán no había gastado ni un euro en el 1-O y al entender que ha tratado de «impedir» que se conozca el coste de la consulta ilegal. El magistrado toma la decisión tras el informe de la Guardia Civil sobre la investigación acerca de las facturas de la empresa Unipost para cobrar los envíos electorales del 1-O por 979.661,96 euros, cantidad a repartir entre cinco consejerías.

Un juez archiva decenas de denuncias por lesiones el 1-O

El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O ha archivado de momento una cincuentena de denuncias, de las 200 presentadas, contra la intervención de la Policía Nacional para impedir la votación en seis escuelas de la capital catalana. De ellas, ha archivado 31 en las que entiende que la actuación de las fuerzas de seguridad fue proporcional.

En el caso de 20 denuncias presentadas por heridos del 1-O, el juez las ha sobreseído ante la imposibilidad de identificar a los agentes que intervinieron, ya que o no existe material gráfico de las cargas o es insuficiente para averiguar quiénes fueron los policías que actuaron.

La Moncloa, rehén de las facturas de bolivarianos y golpistas

a. a. / r. g.

Con un «usted y el señor Rivera son una pareja de hecho que ha funcionado bastante engrasada durante el debate» se despachó ayer en el pleno del Congreso Pedro Sánchez dirigiéndose al popular Rafael Hernando. Además, resume la coincidencia tanto en los argumentos como en la dureza para defenderlos que utilizaron desde la tribuna el portavoz del PP y el presidente de Ciudadanos.

Las intervenciones de los dirigentes conservador y liberal giraron en torno al supuesto precio que los socialistas tienen que pagar a cambio de los apoyos que le permitieron sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Hernando afirmó que Sánchez ha convertido España «en rehén de un Gobierno en la sombra formado por populistas, independentistas y herederos de ETA» o que no tiene un programa de gobierno, «sino un plan de subsistencia con los comunistas bolivarianos».

Una de las deudas que denunciaron tanto el diputado popular como Rivera es la que se había contraído con los independentistas. Así, el líder de Ciudadanos exigió al presidente que explique cuáles son sus planes para Cataluña «más allá de ceder ante los golpistas». Esta «rendición» ante el soberanismo quedó demostrada, según Hernando, desde el momento en que el nuevo Ejecutivo levantó el control financiero a la Generalitat. A la hora de defenderse, el jefe del Ejecutivo negó cualquier tipo de hipoteca con los independentistas y acusó a «las derechas» de «vivir del conflicto» territorial en Cataluña.

También la amalgama de partidos que auparon a Pedro Sánchez a la Moncloa le dejó claro que no tiene un cheque en blanco. Sus apoyos requieren contrapartidas, y no se van a conformar con cambios «cosméticos». Tanto Podemos como Esquerra, PDECat y PNV reclamaron que pase de las palabras a los hechos.

Una actitud que hace prever una legislatura tortuosa para los socialistas, porque algunas de las demandas de los socios son de difícil asimilación y otras de imposible ejecución. «Sea valiente», animó la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra. «Con meros retoques cosméticos» no podrá contar con el apoyo de los 67 diputados del grupo de Pablo Iglesias. El coordinador general de IU, Alberto Garzón, señaló que el Gobierno tiene la posibilidad de construir una «alianza republicana».

El portavoz de Esquerra, Joan Tardá, advirtió del riesgo de volver a situaciones pasadas si insiste en «la negación del referendo», porque si no acepta pactar una consulta sobre el derecho de autodeterminación el Gobierno de Cataluña y las fuerzas independentistas no tendrán más remedio que «volver a desobedecer», como hizo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Tardà advirtió: «Si ustedes hacen un giro a la izquierda, estaremos con ustedes, pero si lo que pretenden es maquillaje y tomarnos el pelo, no nos encontrarán».

El representante del PDECat, Carles Campuzano, recordó a Sánchez que su estabilidad «depende, en gran medida, de los soberanistas catalanes». Y le reclamó que no se quede «en las buenas palabras» y entre «a fondo» en el conflicto catalán.

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