Torra no pedirá el acta a Puigdemont ni a los diputados suspendidos por Llarena

Quim Torra afirmó el día que tomó posesión como presidente de la Generalitat que solo reconocería la soberanía de la Cámara catalana. Está por ver si lleva hasta el límite esa promesa ante la decisión del juez Pablo Llarena de privar a Carles Puigdemont y cinco procesados más de sus escaños. De hacerlo, tendría consecuencias y afectaría al incipiente diálogo iniciado con el Gobierno.

De momento, el jefe del Ejecutivo catalán, de visita en Escocia, cargó este miércoles contra la decisión del juez y anunció que no pedirá a ninguno de los diputados afectados por el auto del magistrado del Supremo que abandone su acta. Es «indecente que a políticos elegidos democráticamente se los pretenda suspender de sus derechos y libertades», afirmó desde Edimburgo, donde se reunió con la primera ministra escocesa y con la exconsejera huida Clara Ponsatí. «La separación de poderes en España es un mito», afirmó, y subrayó que «es el Parlamento el que deberá responder, y debe hacerlo de manera colectiva».

El independentismo ya ha anunciado que dará respuesta a la decisión del juez del Supremo, pero esta respuesta está aún en el aire. Si los diputados suspendidos mantienen su acta, no podrán votar ni cobrar. Y lo que es peor para el secesionismo, JxCat, Esquerra y la CUP perderían la mayoría absoluta y se quedarían en 64 diputados frente a los 65 de la oposición. Sustituirlos de manera temporal, como sugiere Llarena, sería la salida menos traumática. Pero supondría admitir una realidad que al independentismo le cuesta digerir, nada menos que que el Parlamento no es soberano, a pesar de que hayan aprobado una moción que así lo proclama.

Esta opción dejaría en una situación más complicada a Torra, que estos días siente la presión del independentismo más radical, que le acusa, tras verse con Pedro Sánchez, de dar marcha atrás hacia el autonomismo. La CUP amenazó este miércoles al presidente de la Generalitat con que si JxCat y Esquerra no desobedecen el auto de Llarena podría pedir su dimisión, extremo que también contemplan los CDR. El Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) afirmó, no obstante, que la sustitución temporal «no está prevista en ninguna parte del ordenamiento jurídico».

Si hay desacato, la Cámara catalana volvería al escenario de octubre del año pasado y los miembros independentistas correrían el riesgo de ser demandados por desobediencia. Pero, además, obstaculizarían la actividad del Parlamento, ya que cada votación en la que participaran los seis diputados suspendidos sería impugnada por la oposición constitucionalista. En definitiva, la crispación regresaría al hemiciclo catalán, que en lo que va de legislatura aún no ha cruzado la línea roja porque el presidente de la Cámara catalana lo ha evitado. Lo hizo, por ejemplo, para oponerse a someter a votación la reelección de Carles Puigdemont y acató el veto del Constitucional.  

A votación

El presidente del Parlamento autonómico no ha mostrado sus cartas y, con toda seguridad, antes de tomar una decisión solicitará un dictamen a los letrados de la Cámara. Será la primera prueba de fuego para Joan Ridao, ex secretario general de Esquerra, nombrado letrado mayor del Parlamento autonómico.

A la espera de una decisión definitiva, JxCat y la CUP proponen no aplicar automáticamente la suspensión dictada por el juez Pablo Llarena, sino que sea la Cámara catalana, en tanto que órgano soberano, a su entender, la que someta a la votación del pleno esta decisión y que sean los 135 parlamentarios los que tengan la última palabra.

JxCat hizo además un llamamiento a Esquerra, la CUP, Catalunya en Comú Podem y a los socialistas para formar un frente común ante la voluntad, a su juicio, del juez de alterar los resultados del 21D y que sea el pleno el que decida sobre la suspensión. «No podemos aceptar que sean suspendidos, porque sería reconocer de facto que han cometido esos delitos», apuntaron desde Junts per Catalunya.  

La Mesa de la Cámara se reúne mañana y deberá tomar una decisión. Desde la oposición, advirtieron a los grupos secesionistas que las resoluciones judiciales no se someten a votación, sino que se acatan.

Piden traslado 30 docentes del centro denunciado por humillar a hijos de guardias civiles

Una treintena de profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en torno a un tercio del claustro, han solicitado el traslado a otro centro educativo para el curso que viene. La petición llega después de que nueve docentes fueran investigados tras una denuncia de la Fiscalía por haber «humillado» a hijos de guardias civiles los días posteriores a la jornada del referendo ilegal del 1-O. De la treintena de profesores que han pedido dar clases en otro instituto, están ocho de los nueve que fueron denunciados. La causa judicial fue archivada contra cinco de ellos y otros cuatro siguen bajo investigación judicial.

La Fiscalía denunció por presuntos delitos de odio, por emplazar a los alumnos que son hijos de guardias civiles a identificarse en clase. Uno de los profesores investigados pidió en una clase de tercero de la ESO que levantaran la mano los hijos de guardias civiles en vísperas de una huelga estudiantil para protestar contra las cargas del 1-O. Sant Andreu de la Barca acoge la comandancia de la Guardia civil de Barcelona y en el instituto El Palau, muy cerca del cuartel, hay decenas de familias de agentes de ese cuerpo de seguridad. El centro, abierto desde 1985 y con unos 1.200 alumnos, está catalogado de alta complejidad.

Según la Fiscalía, los docentes aprovecharon las clases para realizar debates sobre la actuación policial del 1-O, afirmando que los guardias civiles eran «unos animales y unos bestias que solo saben dar palos». Otro de los docentes imputados calificó a los guardias civiles de «perros rabiosos» ante una hija de un agente. El profesorado del centro aseguró recientemente haberse «sentido víctima de una campaña» que le atribuye una «función adoctrinadora».

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