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El Tribunal Supremo convirtió este miércoles a España en el primer estado de la Unión Europea en ser condenado por incumplir la acogida de solicitantes de asilo dictada por las autoridades comunitarias en el 2015, cuando Bruselas optó por establecer unos cupos de migrantes para cada país en función de su peso económico y su población para aliviar la presión sobre Italia y Grecia, cuyos campos de refugiados se encontraban por aquel entonces al borde del colapso. A España se le asignó la tercera mayor cuota de acogida, tan solo por detrás de Alemania y Francia. El Gobierno de Mariano Rajoy debía gestionar un total de 19.449 solicitudes antes de septiembre del 2017. Pero según reveló un informe de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, a fecha de 4 de marzo del 2018 Madrid tan solo había ofertado 2.500 plazas, lo que supone apenas un 12,85 % de lo pactado con Bruselas.

Este incumplimiento llevó a la oenegé Associació de Suport a Stop Mare Nostrum a presentar un recurso contencioso-administrativo que ha sido estimado parcialmente. El alto tribunal considera que las decisiones comunitarias sobre el reparto de refugiados eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que no llevarlas a cabo implica «la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias».

Es decir, el Supremo obliga al Gobierno, ahora presidido por Pedro Sánchez, a tramitar las cerca de 17.000 plazas de asilo a las que se comprometió ante Bruselas y que no han sido adjudicados entre los migrantes que se encuentran en los campos de Grecia e Italia.

El alto tribunal también destaca que existía la opción de que los socios comunitarios solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30 %, pero España decidió no acogerse a tal posibilidad. De esta forma, se concluye que España «ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada».

Pese a la condena, en la sentencia se rebajan en parte las responsabilidades de España. De hecho, se reconoce que desde Madrid se han realizado peticiones a los Gobiernos de Atenas y Roma que «no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las decisiones [de la Comisión Europea] exigen para un logro de los objetivos».

El Supremo apunta con esta matización también a las autoridades comunitarias, duramente criticadas por los Gobiernos nacionales por no haber sabido atajar una crisis humanitaria que ha puesto en jaque los valores fundacionales de la UE. Precisamente, cuando las críticas arreciaban, el Ejecutivo de Rajoy aludió a las dificultades técnicas para traer a España a los demandantes de asilo.

España figura en el vagón de cola en cuanto a la acogida de solicitantes de asilo, aunque hay otros países cuyos incumplimientos han sido mucho más graves. Hungría, República Checa y Polonia rechazaron desde un primer momento recibir un solo refugiado, algo que podría acarrearles sanciones por parte de las autoridades de Bruselas. Otros socios como Malta, Irlanda o Finlandia, acogieron casi al cien por cien de las personas asignadas, si bien sus cuotas eran reducidas. En líneas generales, el reparto de refugiados se ha saldado con un rotundo fracaso.

instalaciones muy deficientes

Los migrantes esperan en los campamentos su oportunidad 

España dejó de acoger desde septiembre del 2015 al mismo mes del 2017 a cerca de 17.000 solicitantes de asilo que podrían haber abandonado los campos de refugiados de Grecia e Italia, en los que las condiciones pueden llegar a ser «infrahumanas».   

Ana Rosado, cooperante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, visitó el pasado mayo la isla griega de Lesbos, próxima a las costas de Turquía y uno de los lugares más habituales de llegada a Europa de las personas que huyen de guerras como las de Siria, Irak o Afganistán. En Lesbos se levanta el campamento de Moria, gestionado por el Ejército heleno y del que los migrantes no pueden salir antes de recibir una cita para tramitar una solicitud de asilo, según explica la cooperante.

Moria tiene una capacidad máxima para 3.500 personas, pero allí malviven hacinadas hasta 7.000. Hombres, mujeres y niños duermen en casas prefabricadas o tiendas de campaña y tienen a su disposición solo 100 aseos. Existen problemas de todo tipo. «En Moria hay tan solo dos enfermerías y ni siquiera disponen de agua corriente», denuncia el sindicato de personal sanitario y administrativo de los hospitales públicos griegos, que define el lugar como un «campo de minas higiénico». Rosado solo pudo ver el campamento desde fuera, al no estar permitida la entrada. «Es como un campo de concentración, con sus torres y todo», describe.   

La experiencia de Lesbos

En Lesbos se levantan otros campamentos a los que pueden acudir los migrantes una vez se comienza a tramitar su solicitud de asilo, aquella que a 17.000 de ellos les hubiera permitido viajar a España de haber cumplido el Gobierno de Madrid su compromiso con la Comisión Europea. Uno de ellos el de Pikpa, gestionado por la organización Lesvos Solidarity. Allí los cooperantes tratan de que los refugiados vivan en un ambiente de «seminormalidad», lo que incluye impartir clases de griego e inglés o que los niños vayan a la escuela. Pero el Ejecutivo de Atenas quiere ahora cerrar este campamento por la supuesta falta de higiene en su cocina, según consideró un inspector. En la isla helena los migrantes esperan a que les den una oportunidad para rehacer sus vidas en Europa. Ahora el Tribunal Supremo español les ha abierto una puerta a la esperanza.

La fiebre por los refugiados se saldó con menos de 300 acogidos en Galicia

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Aunque estos días se ha reactivado la llegada de personas que buscan asilo, las cifras están muy lejos de los 17.000 que prometió asilar el Gobierno en toda España

Los países de la Unión Europea apenas han acogido al 2 % de los refugiados que tuvieron que dejar Siria a causa de la guerra civil. La mayoría están en campamentos en zonas fronterizas para poder retornar a su país cuando termine la guerra, si es que alguna vez se dan las condiciones adecuadas para esa vuelta. España está muy lejos de lograr el compromiso de asilar a algo más de 17.000 refugiados. Y en Galicia, aunque las cifras exactas no se conocen, no llegan a los 300 los que han recalado aquí en varias oleadas diferentes desde el 2016, pese a la insistencia de la Xunta en que está preparada para acoger a más, y los alardes de algunos concellos gobernados por las mareas y otras formaciones políticas, dispuestos a refugiar a familias e individuos que huían de la guerra. La fiebre por acoger refugiados fue descendiendo a medida que la cuestión siria dejaba de estar tan presente en los informativos. Y solo ha quedado el trabajo discreto de funcionarios y voluntarios que atienden a gentes reasentadas desde Grecia, Turquía y Líbano, y que mayoritariamente son sirios, aunque también hay unos pocos refugiados de Venezuela, Irak, Honduras e Ucrania.

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El Supremo condena a España por no cumplir con su cuota de refugiados