Puigdemont y otros 5 diputados pierden el escaño al ser inhabilitados por rebelión

El juez autoriza a sustituirlos temporalmente para que no varíe la mayoría parlamentaria

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madrid / colpisa

Un día después de que Pedro Sánchez y Quim Torra se reunieran en el palacio de la Moncloa, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó nada menos que ocho autos en la causa abierta a los líderes separatistas procesados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y/o desobediencia. Pese a que todas las resoluciones están fechadas el lunes, Llarena dio 24 horas de tregua para que el presidente del Ejecutivo tratara de recomponer los puentes de diálogo que saltaron por los aires tras la deriva secesionista del Gobierno de Carles Puigdemont, procesado en rebeldía y huido en Alemania. Pero los ocho autos de Llarena cayeron este martes de golpe y, como era previsible, volvieron a tener una repercusión capital en la vida política de la Generalitat y del Parlamento catalán.

En síntesis, el juez instructor de la causa del procés acordó la conclusión del sumario respecto a los procesados no fugados. Declaró en rebeldía a los siete huidos acusados, es decir, su ausencia no afectará a la celebración del juicio. Y comunicó al Parlamento catalán la suspensión en las funciones y cargos públicos del expresidente Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados en activo procesados por delitos de rebelión: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez. Todos, salvo Antoni Comín, que podrá recurrir en reforma su procesamiento aunque su futuro como parlamentario también parece escrito.

En esta resolución, la que más trascendencia tiene para el funcionamiento mismo y el equilibrio de fuerzas en la Cámara catalana, Llarena recordó que la medida de suspensión «es automática por imperio del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)» y dejó al Parlamento catalán la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos por otros integrantes de sus candidaturas. Dicho artículo, recordó el juez del Tribunal Supremo, contempla la suspensión de sus funciones o cargo público para los procesados por rebeldía que se encuentren en situación de prisión (en el caso de los huidos también se dictó en su día auto de busca, captura y encarcelamiento). Asimismo, configura una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria que persigue preservar el orden constitucional, «impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad».

No obstante, esta decisión es meramente provisional, ya que la suspensión quedaría sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados otras infracciones penales distintas de la rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional a la que están sujetos, lo que supondría la reactivación de sus derechos.  

«Mayoría parlamentaria»

En cualquier caso, Llarena añade que esa suspensión provisional del escaño «no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores».

El auto de conclusión de la investigación supone que, a partir de ahora, Llarena pierde la competencia respecto de los procesados, a quienes emplaza para que comparezcan ante el tribunal de enjuiciamiento en el plazo de 15 días. Este órgano estará presidido por Manuel Marchena y podrá revisar cualquiera de las resoluciones. Entre ellas, el juez deniega la petición de libertad del exconsejero de Interior Joaquim Forn por riesgo de reiteración delictiva y de fuga; rechaza incluir en esta causa a Neus Lloveras, diputada autonómica y alcaldesa de Vilanova, y Miquel Buch, alcalde de Premiá de Mar, investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

El Gobierno pide a Bélgica que defienda la inmunidad de jurisdicción de España y de Llarena  

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha dado instrucciones a la embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste, para que pida al Gobierno belga que acuda a la causa abierta en ese país contra el juez Pablo Llarena y defienda la inmunidad de jurisdicción de España y del propio magistrado.

Según fuentes de Exteriores, de esta forma, Borrell ha dado curso a la petición que le ha hecho el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, quien se ha dirigido por escrito, además de al titular de Exteriores, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para pedirles que realicen «las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado» y del juez instructor del procés, Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos contra el citado magistrado del alto tribunal.

En concreto, Lesmes había pedido al Ejecutivo que «conforme a la práctica procesal belga» requiera a ese país que comparezca ante sus propios tribunales en defensa de «la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado». El Gobierno dio curso a la petición de Lesmes con una «nota verbal», según Europa Press. De momento, no está prevista ninguna reunión sobre este asunto de Borrell con su homólogo belga, Didier Reynders. No obstante, el español está en Bruselas para participar en la cumbre de la OTAN.

El juez decano también le remitió al Gobierno el acuerdo por el que rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del correspondiente emplazamiento al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007.

reacciones: la cup exige la desobediencia, jxcat la insinúa y erc aún tiene que estudiar los pasos a seguir

El secesionismo amenaza con no acatar la suspensión

La operación diálogo (segunda fase) chocó este martes con la decisión del juez Pablo Llarena de suspender a seis de los diputados procesados por rebelión ya que la CUP y JxCat amenazaron con desobedecer al juez y regresar a la vía del enfrentamiento con la Justicia española. Desde el Gobierno catalán denunciaron que el auto del juez del Supremo pretende «alterar las mayorías» en el Parlamento catalán y supone «una nueva vulneración de los derechos de los diputados». «Hay un apartheid contra políticos escogidos democráticamente y que somos suspendidos de manera arbitraria», afirmó Carles Puigdemont, uno de los afectados por la medida decretada por Llarena.

El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, también denunció la voluntad del magistrado de «adulterar» el resultado del 21D y señaló que la Mesa del Parlamento decidirá los próximos días cómo responde al juez.   

Se esperan días movidos, ya que las posiciones en el independentismo son, como es habitual, divergentes. La más contundente fue la CUP. Los anticapitalistas llamaron a la desobediencia. «Los derechos de los diputados que han sido represaliados injustamente tienen que quedar intactos independientemente de la resolución de cualquier tribunal. La competencia para decidir esto es del Parlamento», dijeron. JxCat también dejó la decisión de acatar o no en manos de lo que decida el pleno. «Prevalece la soberanía del Parlamento y la suspensión la tiene que decidir el pleno votando, porque es soberano», según Junts. ERC cargó contra el juez por «modificar la voluntad democrática escogida en las urnas», pero en cambio no fue tan lejos como sus socios. Se conjuró para defender los derechos de los diputados suspendidos, si bien pidió tiempo para estudiar los pasos a seguir. Si la Mesa desobedece a Llarena, corre riesgos penales, aunque Torrent ha evitado hasta la fecha cruzar esa línea roja.

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