El bloqueo catalán a la financiación y las compensaciones que ofrezca el presidente afectan de lleno a los intereses gallegos
09 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Galicia espera su turno para plantear demandas y necesidades al nuevo Gobierno central. Será el martes 17 a partir de las 13 horas. Sin embargo, los términos de la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo empiezan a dirimirse mucho antes, desde hoy especialmente. Tercera en la ronda autonómica por los protocolos estatutarios, la comunidad gallega tiene garantizada una posición complicada, porque los dos escenarios que se pueden plantear tras el encuentro bilateral con Cataluña dejarán más nubes que claros en el noroeste: si Quim Torra solo muestra su perfil activista por la independencia, cualquier avance en la relación del Estado y las autonomías seguirá bloqueado. Si opta por la vía pragmática de exprimir la caja central y Sánchez accede, el resto del territorio puede echarse a temblar.
¿Están en juego los plazos del AVE Madrid-Galicia?
Acabar el AVE entre Madrid y Galicia en el enésimo plazo fijado todavía es factible, mientras los técnicos de ADIF no digan lo contrario y Fomento mantenga la voluntad política. Pedro Sánchez tiene la oportunidad histórica de subirse a un tren en pruebas a finales del próximo año e incluso le sobraría tiempo para sacar el primer billete si agota la legislatura hasta el 2020 y respeta los Presupuestos. Pero ahí está el problema. En las últimas cuentas, aprobadas por el PP, ya se apreció una clara inclinación de las inversiones hacia el eje ferroviario mediterráneo, desde Almería a la frontera francesa, que es una de las principales reivindicaciones de Cataluña cuando saca la cabeza de su espiral desafiante. Ese corredor ya tiene asignados 923 millones de euros, por los 757 que permitirán ejecutar la fase final y la entrada del AVE a Galicia. Ambas iniciativas son compatibles a pesar de la campaña de desprestigio catalana por la supuesta falta de rentabilidad de la infraestructura gallega. El tren, en cualquier caso, siempre ha sido una moneda de cambio: el último y frustrado intento de Rajoy de engrasar con millones el conflicto catalán -en marzo del 2017- suponía una inversión de cerca de 4.000 millones de euros hasta el 2025 en la ruinosa e ineficiente red de cercanías (Rodalies). En Galicia, Fomento tiene previsto gastar este año 60 millones de euros para compensar las líneas de tren deficitarias, y apenas existen partidas para mejorar la red convencional.
¿Hay riesgo de una nueva financiación a la carta?
Todas las comunidades sin excepción quieren recibir más dinero del Estado, aunque Cataluña se niega a hablar de financiación autonómica, porque quiere el control de todo el dinero sin pasar por Madrid. El conflicto político intensificado en el último año y medio no ha impedido avances en la exploración de un nuevo modelo de reparto que se ajuste mejor a las necesidades autonómicas, pero es imposible debatirlo y mucho menos ponerlo en práctica sin tener en cuenta a la quinta parte del PIB de la economía española. El País Vasco también se ha mantenido al margen, blindado por el cupo y con el interés puesto en otro tipo de transferencias, como la Seguridad Social. Si Cataluña opta por la vía más práctica, tratará de reeditar un pacto bilateral como el alcanzado en la etapa del Gobierno de Zapatero (2009), rompiendo el sentido equitativo y ajustado a las necesidades ciudadanas que le han intentado imprimir los técnicos del Estado y de 15 comunidades que han trabajado en el último año en una nueva carta financiera.
¿Podría plantearse otra vez la quita de la deuda?
No es descartable. Si los contactos Cataluña-Estado superan el fango del proceso independentista, sería un asunto prioritario para la Generalitat, que objetivamente tiene el agua por el cuello. La deuda contraída por los últimos Gobiernos con el Estado multiplica por once la de Galicia. El total es de cerca de 80.000 millones de euros, más de 10.000 euros por catalán, mientras que en Galicia está en 4.119 euros (el total es de algo más de 11.000 millones). Una situación a la que se llega tras casi una década con un modelo de financiación negociado bilateralmente. En su intento por abordar los problemas reales de los ciudadanos, el líder del PSC, Miquel Iceta, mostró en la última campaña electoral su interés por impulsar una quita para condonar una parte de la deuda. Galicia fue una de las comunidades que se echaron encima de esta propuesta, con la que coqueteó el exministro de Hacienda.
¿Tienen las comunidades algún frente común?
Galicia y Cataluña tienen sus propias características y, en consecuencia, intereses diferentes. El gasto sanitario es uno de los temas estrella, pero las diferencias son notables. Un 45 % de las facturas consolidadas en el departamento de Sanidade se destina a personal, una cifra ligeramente inferior a la media, de un 45,5 %. Las autonomías que dedican una mayor parte de sus fondos de salud al pago de nóminas son Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y el País Vasco, ya que todas superan el 50 % del presupuesto. Por el contrario, en Cataluña el personal se lleva solo un 35,6 %. Tampoco habría un interés excesivo por parte de Cataluña en desarrollar un programa político que tenga en cuenta los problemas demográficos que acechan sobre todo a la franja atlántica y a las dos Castillas, y que no padecen ni las comunidades mediterráneas, ni Madrid, ni Andalucía, ni las islas.
¿Es viable un punto de encuentro autonómico?
Tras las reuniones a dos entre Pedro Sánchez y los referentes de las comunidades llegará, supuestamente, una Conferencia de Presidentes, anunciada para antes de que acabe el año 2018. Se trata de un foro autonómico impulsado por Rodríguez Zapatero en el que en algunas ocasiones se han replanteado las relaciones con el Estado y en otras se ha dado trámite a asuntos genéricos de trascendencia menor. La última, convocada por Rajoy a principios del 2017, iba a ser el pistoletazo de salida a un nuevo modelo de financiación, pero el desplante de Cataluña y el País Vasco descafeinó un encuentro que tuvo continuidad a nivel técnico.
¿Qué opinan los gallegos de las concesiones?
En la última encuesta de Sondaxe, un 47,9 % de los gallegos se mostraron convencidos de que existen pactos ocultos entre el Gobierno de Pedro Sánchez, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Además, otro 33 % consideran que no va a existir trato de favor por parte de los socialistas para sostenerse en el poder. Sin embargo, un 46,8 % no solo entienden que esos acuerdos están ahí, sino que además están preocupados por el efecto que puedan tener en las inversiones gallegas.