La querella se ha presentado por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad ante las críticas de falta de transparencia de la oposición
06 jul 2018 . Actualizado a las 20:38 h.El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, cuya titular es la jueza Mercedes Terrer, ha abierto un procedimiento judicial que obligará al alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, y a su equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) a comparecer ante los tribunales como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa, aunque este extremo ha sido negado por el consistorio, que asegura que no se ha abierto una investigación.
Las querella ha sido presentada por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad Miguel Ángel Portero, cesado por el equipo de gobierno de ZEC, quien les acusa de nombrar a su sucesor --Joaquín García Lucea-- sin acatar las exigencias legales.
El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha asegurado que en el Gobierno municipal «hay tranquilidad y normalidad» tras conocer la querella de Portero contra todos los miembros del equipo de gobierno de ZEC.
Miguel Ángel Portero presentó el pasado 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza una querella en la que acusa al alcalde, Pedro Santisteve, y al resto del miembros del Gobierno de ZEC de supuesta prevaricación administrativa en el cambio de estatutos de Ecociudad.
Este cambio de los estatutos se deriva de la decisión de ZEC de cambiar la proporcionalidad en los consejos de administración de todas las sociedades municipales para asumir la mayoría en lugar de mantener la proporcionalidad de la representación del pleno.
Portero también se querella contra el Gobierno de ZEC por su cese como gerente de la sociedad Ecociudad, y porque el nombramiento de su sucesor, Joaquín Lucea, no cumpliría con la exigencias legales, según ha informado el diario 'Heraldo de Aragón'.
La querella se admitió a trámite el 19 de junio y al día siguiente el Gobierno municipal recibió el auto judicial en el que se le informaba de la denuncia de Portero y se le pedía información.
El ayuntamiento niega que haya investigación
«No se ha abierto una investigación al Gobierno municipal», ha precisado Cubero, quien ha reconocido que la Asesoría Jurídica municipal ha emitido un informe favorable para que los nueve miembros del gobierno reciban asistencia letrada municipal en calidad de «investigados», según recoge un decreto del alcalde. «Es lo lógico», ha opinado Cubero.
En rueda de prensa, el consejero municipal ha atribuido esta querella a un «malestar» de Miguel Ángel Portero por su cese como gerente de Ecociudad y ha subrayado que se le cesó por falta de confianza, para apostillar que el nombramiento de su sucesor se hizo en los mismos términos que el suyo en la legislatura anterior.
El consejero municipal ha rebatido que Portero sostenga en su querella que no se hizo de forma correcta la modificación de los estatutos de Ecociduad, cuando el equipo de gobierno decidió el 9 de febrero de este año cambiar la composición en las sociedades municipales, incluida Ecociudad, en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.
«El Registro Mercantil aceptó la modificación de los estatutos y han quedado registrado en este órgano administrativo que es el competente», ha esgrimido.
«Falta de transparencia»
Todos los grupos de la oposición han coincidido en criticar la «falta de transparencia» de ZEC y, además de pedir explicaciones, han exigido que se vuelva a la proporcionalidad en la composición de los consejos de administración de las sociedades municipales.
La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha estimado que «es urgente que den una explicación a los ciudadanos porque no es normal que los nueve miembros del equipo de gobierno estén investigados; es absolutamente anormal y debería comparecer hoy mismo el alcalde, Pedro Santisteve, y dar alguna explicación».
Puesto que el alcalde ha pedido asistencia letrada para todos los miembros del gobierno, Ranera ha dicho que «si tienen derecho a ser defendidos por la Asesoría Jurídica, la oposición tiene derecho a conocer la querella y volver a las sociedades, como dice el acuerdo de principio de legislatura».
En rueda de prensa, Ranera ha lamentado que ZEC «utilizó la Ley de capitalidad para cambiar los estatutos de las sociedades de las que nos echaron por un Gobierno autoritario, sectario y absolutamente falto de transparencia y democracia».
La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha destacado que es «inédito» que todo el Gobierno municipal «esté imputado por prevaricación», tras la querella presentada por el exgerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, contra los nueve miembros del equipo de gobierno por el cambio de estatutos en esta sociedad municipal y por la forma «incorrecta» en la que se le cesó en el cargo.
Crespo ha recordado que ZEC «habla de dimisiones, cuando hay algún indicio de prevaricación», para aseverar que «solo tenían como objetivo» con el cambio de representación en las sociedades municipales del pasado 9 de febrero «cargarse a una persona, cuestionar su profesionalidad y quitarla de su puesto».