La Cámara catalana reta al Constitucional al ratificar la moción del 9N que anuló

El presidente de la Generalitat desafía a Sánchez con una segunda cita en Barcelona

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barcelona / colpisa

Este jueves por la mañana, el jefe del Ejecutivo catalán envió un mensaje de distensión y de voluntad de rehacer puentes con el Gobierno español. Sin embargo, por la tarde el independentismo insistió en la vía unilateral y en los órdagos al Estado, como en la pasada legislatura. Tras un debate muy tenso, la Cámara autonómica aprobó, con los votos de JxCat, Esquerra y la CUP, pese a la advertencia de los letrados del Parlamento, una moción propuesta por los anticapitalistas que «reitera los objetivos políticos» de la declaración de soberanía aprobada el 9 de noviembre del 2015, que sirvió de pistoletazo de salida del proceso de ruptura y que fue anulado por el Tribunal Constitucional. La moción «ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por el Parlamento para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña». Ciudadanos, PSC y PP se negaron a votar la iniciativa rupturista.

Todavía no se ha celebrado la reunión en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, y Quim Torra ya propone otro desafío a Pedro Sánchez: un segundo encuentro para septiembre en el Palau de la Generalitat. «Estoy abierto al diálogo, espero que haya una segunda reunión», aseguró este jueves en la Cámara catalana. La presencia de un presidente del Gobierno español en el Palau de la Generalitat sería un guiño y un reconocimiento del autogobierno. Sería histórico, pero no inédito. Adolfo Suárez asistió en el Palau de la Generalitat a la toma de posesión de Josep Tarradellas en 1977; Felipe González visitó la sede del Ejecutivo catalán con motivo del funeral de Tarradellas en 1988; y José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Pasqual Maragall en el 2004. Eran otros tiempos.

Los de ahora están marcados por el toma y daca. A cuatro días de la cita del lunes en la Moncloa, este jueves continuó el intercambio de gestos y de mensajes de un lado y de otro. El presidente catalán quiso trasladar que un cierto deshielo es posible, aunque el secesionismo no ceja en la amenaza. «En la segunda reunión tendremos otra oportunidad para seguir avanzando. Pienso que empezamos a enfocar un cierto escenario de diálogo», afirmó.

Deshielo y amenaza

Un día después de visitar a los presos y de liderar las manifestaciones frente a la prisión, y después de que Esquerra y el PDECat apoyaran al PSOE en el relevo de RTVE, el independentismo volvió a dar una de cal y otra de arena. En sede parlamentaria, Torra valoró que el Gobierno haya permitido que el derecho de autodeterminación esté entre los asuntos a tratar en la reunión del lunes, a pesar de que el Ejecutivo central ha dejado estos días claro y meridiano que el derecho de autodeterminación «no existe» en la Carta Magna española. «Agradecemos poder hablar de tú a tú y de todo con el Gobierno», dijo. Eso sí, esa parte de la reunión no tendrá recorrido, porque el líder nacionalista, según ha dicho una y otra vez, planteará que quiere «culminar la independencia». Torra pondrá el referendo escocés sobre la mesa y quiere escuchar a Sánchez qué oferta tiene para los catalanes como alternativa a la secesión.

Los socialistas solo manejan la reforma constitucional, insuficiente a todas luces para las reclamaciones independentistas. Pero además de la cuestión de la soberanía de Cataluña, el presidente de la Generalitat quiere abordar «la presencia del franquismo» en la vida pública española y emplazará a Sánchez «a que se comprometa a levantar la suspensión» de las leyes sociales que fueron vetadas por el Constitucional, y planteará la situación de los presos, porque «no son moneda de cambio de nada».

Durante su visita a la prisión de Lledoners, donde están internados Junqueras, Sànchez, Romeva y Cuixart, Torra reclamó su libertad y el archivo de las causas judiciales. El lunes insistirá en esta línea y también en el papel que pueda jugar la Fiscalía. El Gobierno ya respondió este jueves que es «imposible» liberar a los presos independentistas, porque España es un Estado de derecho y «no se puede hacer nada al margen de la ley».

Sánchez prepara un recurso al Constitucional

El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada ayer en el Parlamento catalán en la que se reafirman «los objetivos políticos» de la resolución del 9 de noviembre de 2015, que expresa la voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña.

Según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo tiene la intención de impugnar esa moción y, para ello, ha pedido el preceptivo informe al Consejo de Estado.

Una vez que tengan dicho informe se presentará la impugnación, que será el primer recurso del Gobierno socialista, tres días antes de la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra.

Los diputados instan a Torra a impulsar un diálogo con los grupos parlamentarios

El Parlamento catalán aprobó este jueves una moción del PSC-Units que insta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a crear un «espacio de diálogo para facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de país» en el que estén convocados los presidentes de todos los grupos y subgrupos con representación en la Cámara catalana.

El PSC-Units ha sacado adelante la iniciativa tras haberla pactado con JxCat, ERC y los comunes. La diputada socialista Eva Granados ha deseado que sirva para rebajar el conflicto en Cataluña y para que el independentismo abandone «definitivamente la vía unilateral». El acuerdo, dijo, es una oportunidad para consensuar soluciones a los problemas que tiene planteados Cataluña, y no solo los relacionados con el proceso soberanista.

La moción se ha aprobado con 89 votos a favor (PSC-Units, JxCat, ERC y los comunes) y 43 en contra (C’s, PP y la CUP), y da salida a una de las demandas que el PSC había formulado a Torra, que es que, al margen de entablar un diálogo Generalitat-Estado, también busque generar consensos entre los propios partidos catalanes. El PSC entiende que este espacio de diálogo tiene que servir para abordar los temas que los partidos consideren convenientes, pero no solo relacionados con el proceso soberanista, sino también con cuestiones como el corredor mediterráneo o la financiación autonómica.

Fernando de Páramo (C’s) ha acusado al PSC de querer «blanquear» con esta moción a Torra y a ERC. Alejandro Fernández (PP) ha dicho estar convencido de que los independentistas quieren seguir saltándose la ley. Y Natalia Sánchez, de la CUP, ha argumentado que han votado en contra porque creen que este espacio de diálogo solo servirá para «hacerse fotos».

Traición y conspiración para alterar la Constitución, cargos de la Fiscalía escocesa contra la exconsejera Ponsatí

Un tribunal de Edimburgo fijó este jueves para el día 23 una nueva vista preliminar en el proceso de extradición de la exconsejera catalana Clara Ponsatí, a quien la Justicia española reclama por la organización del referendo ilegal del 2017 en Cataluña.

Ponsatí, a la que la Justicia española imputa los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, no se personó ante el tribunal, ya que está legalmente exenta de participar en estas sesiones preparatorias del juicio, que se iniciará el 30 de julio.

Durante una breve vista, la Fiscalía -que actúa en representación de España- comunicó al funcionario judicial de turno, Nigel Ross, los cargos que se le imputan a Ponsatí de acuerdo con la legislación escocesa, que no contempla el delito de rebelión.

Estos cargos son los de «traición» y «conspiración para alterar la Constitución por medios criminales». La imputación del delito de traición ha creado cierta polémica, ya que se basa en una ley promulgada en 1351 y revisada en 1848 que, entre sus ofensas, incluye la de iniciar una guerra contra la reina de Inglaterra.

Durante la vista, la Fiscalía reconoció que se trata de un cargo cuya redacción está hecha en un lenguaje anticuado. Tras la última vista, Aamer Anwar, el representante legal de Ponsatí, dijo que su equipo estudia pedir la comparecencia de exministros del Gobierno de Mariano Rajoy. En un comunicado emitido el miércoles en nombre de la exconsejera, Anwar recalcó que su cliente «mantiene su inocencia ante los cargos» y ha instruido a sus representantes para que la defiendan «firmemente de la extradición a España».

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